El juez Ariel Lijo, pieza clave pero sigilosa del lawfare, realizó una nueva maniobra para proteger a Mauricio Macri en la causa penal por el intento de condonarle a su familia la deuda con el Estado en el caso Correo Argentino. No es la primera vez: de hecho, el juez Lijo ni siquiera llamó a indagatoria a Macri en este expediente que lleva más de 4 años. Mientras tanto, Macri envió a toda la primera línea PRO a presionar a la jueza Marta Cirulli, que en los próximos días tiene que decretar la quiebra de Correo Argentino. En Comodoro Py lo protegen, en el fuero Comercial aprieta.
¿Cómo es la nueva maniobra del juez Lijo para demorar esta causa penal? Le dio intervención a un supuesto especialista sin justificar su elección para que analice una pericia contable que el propio juez ordenó, que hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte y que concluyó que la fiscala Gabriela Boquin tenía razón: que la propuesta que hicieron los Macri familia y aceptó el Macri presidente en 2016 era abusiva para los intereses del Estado.
Todo lo anterior a pesar de que la definición de su la propuesta que hicieron los Macri y aceptó el Gobierno de Macri fue adecuada es algo que define el fuero Comercial, no el Penal. Lijo tiene que investigar si violaron los deberes de funcionario público, no hacer cálculos de matemática financiera.
Lo que sucede en el fuero Comercial merece un párrafo aparte. La jueza Marta Cirulli tiene todo para decretar la quiebra de Correo Argentin y que sus deudas las deba absorver Socma. Macri lo sabe, y decidió pasar al apriete público. Envió a Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Hernan Lonardi, Oscar Aguad, Cristina Ritondo, Fernando De Andreis y Federico Angelici a presionar públicamente a la jueza Cirulli. Todos con el mismo guión: que los Macri ofrecieron pagar el 100% de su deuda y el Gobierno no acepta y que Macri merece el mismo trato que Cristóbal López, al cual la AFIP le aceptó un plan de pagos por una deuda impositiva. Lo que pasa es que ni Macri ofreció pagar el 100% ni se trata de una deuda impositiva. Y tampoco esl Gobierno está en sintonía con mandar a detener personas por sus ideas políticas, cosa que hizo Macri con López.
¿Por qué el juez Lijo tomó esta decisión? A pedido de Jaime Kleimermacher, histórico abogado de Correo, y Jaime Cibilis Robirosa, presidente de la empresa. Los Jaimes están imputados en esta causa y ya fueron indagados, al igual que el ex ministro de Clarín Oscar Aguad y su director de jurídicos Juan Manuel Mocoroa, los artífices de esta estafa desde el mostrador estatal. El único imputado que no fue citado a indagatoria, la primera instancia de defensa de un acusado, es Macri.
El juez Lijo le pidió a la UBA que le recomiende a alguien para “analizar el informe técnico presentado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado”, la Dajudeco. Ese informe fue pedido por el propio Lijo pese a que en el expediente radicado en el fuero Comercial, donde se define la deuda de los Macri, ya existían todos los elementos para demostrar que la propuesta que aceptó el Gobierno de Macri era perjudicial para el Estado.
La Dajudeco analizó 216 escenarios posibles vinculados a la propuesta de pago que hicieron los Macri. No es menor, ya que las tasas de interés son justamente lo que los Macri discuten tanto en el fuero Comercial como en el Penal. La Dajudeco concluyó: “del estudio se desprende que independientemente de la posible fecha de homologación que se considere y del tipo de tasa de interés aplicable, el porcentaje de quita estimado resulta superior al 92 por ciento en los 216 escenarios analizados”. En criollo: en 216 opciones los Macri siempre terminarían pagando menos del 8% de la deuda. Solo puede ser negocio para ellos.
No se puede acusar a la Dajudeco de kirchnerista: la controla desde su creación el juez Martín Doctrina Irurzun, designado por un sorteo del que nunca hubo pruebas. Su director en el día a día es Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario letrado del propio Lijo. Desde allí se maquinó la distribución de escuchas a CFK que Luis Majul se encontró corriendo por Palermo o que difundía Nicolás Wiñaski en capítulos como si fuera una serie de Netflix.
La UBA le recomendó al juez Lijo al contador y abogado Pablo Sergio Varela. Según consta en el expediente va a intervenir “en su carácter de experto en concursos y quiebras”. Lo cierto es que en el currículum que figura en la web de su estudio no figuran las palabras “concursos” ni “quiebras” sino que se especializa en tributación y derecho penal. De hecho da clases de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la UBA y de Imposición a las Rentas Empresariales en una especialización en la Universidad Austral. Nada que ver con “concursos y quiebras”. Su curriculum tiene unas 15 páginas de asistencias a congresos, jornadas y cursos: ninguna sobre “concursos y quiebras”. Una curiosa definición de experto.
¿Que debería revisar este curioso experto convocado por el juez Lijo? Los pedidos que hicieron los Jaimes de Macri, vinculados a las tasas que se utilizan para los cálculos. La discusión sobre estas cuestiones es una típica estrategia para demorar el expediente. Y el juez Lijo la permite.
En su última oferta, de pagar 1.011 millones de pesos en una cuota (5 veces menos de los que deben) los Macri aplican la tasa libor. Es una tasa de préstamos entre bancos que se ofrece en Londres y se utiliza en el mundo para operaciones en dólares. Se basan en el punto 10.2 del contrato de concesión del servicio del correo, que establecía que si había una mora en el pago del canon se le tenía que aplicar un interés punitivo equivalente a 3 veces la tasa Libor diaria al momento de la mora. Ponen como fecha septiembre de 2001, cuando entraron en concurso de acreedores. En el medio explotó la convertibilidad y la tasa Libor es para operaciones en dólares mientras que este caso es todo en pesos.
El juez Lijo no tuvo la prensa de su colega Claudio Bonadio pero fue una pieza clave del lawfare en la era Macri. La línea de mando en Comodoro Py era Ricardo Lorenzetti-Irurzun-Lijo. Esto quedó plasmado en el armado de la oficina de escuchas que Macri le sacó a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y entregó a la Corte. Fue el gérmen de la Dajudeco. Lorenzetti hizo que Irurzun quedara al mando de esta oficina y Lijo puso a su histórico secretario, Rodríguez Ponte, como director a cargo del día a día.
Lijo fue además el armador de la Asociación de Jueces Federales, cuya sigla AJUFE copió a su par brasilera. Lijo puso en práctica la Doctrina Irurzun de encarcelamiento de opositores por su “poder residual”. Lo aplicó a Amado Boudou, a quien incluso hizo fotografiar en pijama mientras lo detenían.
- ¿Por qué detuvo a Boudou si no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación? -le preguntó entonces este periodista.
- No tenía otra opción, me lo ordenó la Cámara – contestó Lijo en alusión a la Doctrina Irurzun.
Este prontuario basta para entender la protección de Lijo a Macri en el caso Correo. En febrero de 2017, cuando estalló el escándalo por el intento de Macri de condonarle la deuda a su familia, Lijo unificó varias denuncias penales contra el entonces Presidente. Tenía que intervenir con el fiscal Juan Pedro Zoni, pero Macri hizo que lo desplazaran. Desde entonces Lijo maneja los tiempos.
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