El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño se metió en el caso Correo Argentino y presiona para que sea desplazada la jueza Marta Cirulli justo cuando debe decretar la quiebra de la empresa. También está en juego la continuidad de la fiscala Gabriela Boquin. Lo hizo a pedido de la familia Macri. La intromisión de un tribunal porteño en una causa que tramita a nivel nacional deja en evidencia su alineamiento con Mauricio Macri, ya que con la quiebra de Correo la que asume el pago de sus deudas es Socma. Y pone al expediente de la deuda de los Macri con el Estado al borde de un nuevo período de demoras cuando está pronto a cumplir 20 años.
La jugada contra la jueza Cirulli va en paralelo con un planteo idéntico contra la fiscala Boquin, a quien los Macri quieren afuera del expediente desde que les frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos. El TSJ aún no opinó del caso Boquin, priorizó avanzar contra la jueza Cirulli ya que es inminente que decrete la quiebra de Correo.
¿Por qué interviene ahora el TSJ porteño cuando el expediente Correo está desde el 19 de septiembre de 2001 en el fuero Comercial Nacional? Por pedido de los Macri, que dicen que es inconstitucional que les rechacen sus pedidos de apartar tanto a la jueza Cirulli como a la fiscala Boquin. Parece que quieren una Constitución a medida y fueron a buscar un tribunal amigo. Forum shopping, como denunció Boquin hace unos días. Por ahora les funcionó.
¿Aceptarán las camaristas María Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini, integrantes de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, una resolución del TSJ porteño como si fuera su instancia superior? Sería extraño. Su instancia superior en los 20 años que lleva este caso siempre fue la Corte Suprema. Pero la jugada puede implicar un nuevo letargo en este caso, en obvio beneficio de los Macri que seguirían sin pagar sus deudas.
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¿Por qué los Macri quieren apartar a la jueza Cirulli y a la fiscala Boquin? A la segunda es más evidente: fue quien frenó el intento del ex presidente Macri de condonar 70.000 millones de pesos de la deuda de su familia con el Estado y la que investiga el vaciamiento de Correo Argentino. A la jueza porque va camino a cumplir con lo que dice la ley y decretar la quiebra la empresa, cuyas deudas con el Estado y más de 700 acreedores deberán ser asumidas por Socma, empresa madre del holding de los Macri.
El fallo del TSJ porteño llega pocos días después de que los Macri tuvieran un revés en Comodoro Py, en una denuncia que hicieron contra Boquin, Cirulli, el procurador del Tesoro Carlos Zannini y el titular de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen. Los acusaron de persecución, algo que fue descartado dos veces por el juez Sebastián Casanello.
Si hay una persecución es justamente al revés. A la fiscala Boquin le hicieron todo tipo de operaciones, desde robarle los papeles del caso Correo del auto hasta iniciarle un sumario por una falsa denuncia de maltrato laboral. A la jueza Cirulli la denunciaron en Comodoro Py y ahora este fallo del TSJ abona para que sea apartada del caso. ¿Podrán resistir el embate? Macri se ocupó de mencionarlas a ambas en todas las entrevistas donde habló del caso Correo, una presión evidente y a la vista. Y tanto la jueza como la fiscala han recibido poca o nula solidaridad y apoyo de parte de sus pares y de la dirigencia política.
La resolución del TSJ es a pedido de los Macri. Cuando la jueza Cirulli avanzó con los pasos previos a la quiebra de la empresa tal como marca la ley la recusaron. Cirulli rechazó la recusación y sus superiores, las camaristas Gómez Alonso y Ballerini, opinaron lo mismo. Los Macri dijeron que esa decisión es inconstitucional, algo que fue rechazado por Gómez Alonso y Ballerini, integrantes de la Sala B de la Cámara Comercial. Fueron entonces directo al máximo tribunal porteño, donde sabían que encontrarían cabida. Y la encontraron.
El TSJ responde a Macri. Lo preside Inés Weinberg, a quien Macri propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en el Gobierno de Cambiemos. Lo completan Luis Lozano, Alicia Ruiz y Marcela De Langhe.
Los jueces Weinberg, Otamendi, De Langhe y Ruiz votaron a favor de los Macri. El juez Lozano votó en contra. La resolución del TSJ dice que se tiene que dejar sin efecto el rechazo al pedido de inconstitucionalidad que plantearon los Macri y que las juezas Gómez Alonso y Ballerini deben pronunciarse al respecto. Habrá que ver si las camaristas aceptan al TSJ como su superior.
Hace rato los Macri quieren llevar el expediente Correo a la Justicia porteña. Durante 20 años reconocieron que el caso tenía que resolverse en el ámbito nacional, de hecho recurrieron ante la Corte Suprema varias veces. Pero ahora, como el fuero Comercial Nacional dejó de obedecer sus órdenes, buscan de nuevo unos tribunales serviles.
El Destape informó que los miembros del TSJ crearon un área nueva bajo su órbita a medida del caso Correo. La llamaron Secretaría Judicial de Asuntos Originarios, cuya tarea es la de resolver cuestiones vinculadas a la competencia. ¿Cuándo la crearon? Justo cuando la familia Macri planteó una cuestión de competencia para que el caso Correo pase de la Justicia Nacional a la porteña. La cronología es clara. El 19 de febrero los Macri llegaron al TSJ con su pedido para pasar el caso a la ciudad; el 3 de marzo el TSJ crea la Secretaría Judicial de Asuntos Originarios; el 10 de marzo pasaron el caso Correo a esa Secretaría a medida.
Ahora, directamente el TSJ porteño presiona para desplazar a la jueza Cirulli y la fiscala Boquin. Si lo logran el caso Correo quedará sepultado.
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