Mientras todo el país estaba pendiente del precalentamiento de la Selección en la previa al partido con Croacia, la Corte Suprema activó el expediente Correo Argentino, vital para Mauricio Macri. La Corte tiene que resolver el destino de este caso que lleva más de 21 años sin respuesta, en donde se dirime la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado.
Lo que se define, en términos judiciales, es si los Macri logran apartar a la fiscala Gabriela Boquin, que frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos del ex presidente a su familia durante su gestión, y a la jueza Marta Cirulli, que dispuso la quiebra de la empresa. Pero lo concreto es que está en juego si el caso, como dijo alguna vez Macri, vuelve a “foja cero” luego de más de 21 años. Si consiguen apartar a ambas irán por la nulidad de la quiebra de Correo. Parece que la única seguridad jurídica es que los Macri no paguen su deuda.
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El expediente Correo ya circuló por los despachos de los 4 cortesanos vigentes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Todo indica que cada uno ya expresó su opinión, pero en lugar de resolver ayer lo remitieron a la Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo, que nada tiene que ver con el tema. Fue justo un rato antes de los goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. ¿Están por emitir su fallo o siguen con las demoras en este expediente iniciado el 19 de septiembre de 2001? Todo indica que las 2 opciones favorecen a #MacriMufa.
Será una decisión fundamental, ya que los Macri lograron frenar la quiebra de la empresa hasta que la Corte resuelva si, tal como quiere la familia del ex presidente, el caso pasa a depender de la Justicia porteña, absolutamente pintada de amarillo. Macri y su familia consiguieron suspender la quiebra de Correo Argentino hasta que la Corte se pronuncie sobre una maniobra que ellos mismos realizaron: si habilita a que la Justicia porteña se entrometa en el expediente para desplazar a la fiscala Boquin (que frenó la condonación de la deuda) y a la jueza Cirulli (que decretó la quiebra). Eso fue en mayo pasado.
¿Cómo se llegó a que se suspenda todo hasta que la Corte se pronuncie? Por un pedido de Socma Americana, la controlante de Correo Argentino, cuyos accionistas son los hermanos y sobrinos de Macri. El ex presidente no figura en los papeles. Esto es otra irregularidad, ya que la deudora es Correo Argentino y no su accionista controlante. Pero todo es así en este expediente.
El 20 de agosto del 2021 Socma Americana planteó que se suspenda la definición sobre si Correo Argentino va o no a la quiebra y si esa quiebra se extiende a ellos, tal como ya pidió el Estado. Esto último es vital, ya que Correo no tiene fondos y hace 20 años que no tiene actividad, por lo que la astronómica deuda con el Estado pasaría a su controlante, Socma, y eso es la familia Macri.
La decisión de suspender el proceso de quiebra de Correo Argentino la tomó por mayoría la Sala B de la Cámara Comercial con su nueva conformación. La histórica Matilde Ballerini y la sorteada para desempatar María Elza Uzal votaron a favor de los Macri; la nueva integrante por concurso, Guadalupe Vazquez, evidenció que suspender todo hasta que la Corte resuelva contradice la ley de Concursos y Quiebras.
¿Sobre qué tiene que pronunciarse la Corte? Sobre si el Tribunal Superior de Justicia (TJS) porteño puede meterse en el caso y definir sobre un deseo recurrente de los Macri: el desplazamiento de la fiscala Boquin, que frenó la condonación de la deuda con el Estado y denunció el vaciamiento del Correo. Lo mismo sobre la jueza Cirulli, a quien los Macri recusaron cuando vieron que iba a decretar la quiebra.
Los Macri quieren la intromisión de la Justicia porteña luego de que el expediente estuviera 20 años en el ámbito nacional. Incluso la Sala B de la Cámara Comercial, con los votos de Ballerini y Maria Lilia Gómez Alonso -la histórica aliada de los Macri- rechazó ese planteo pero luego les habilitó el camino a la Corte. El procurador interino Eduardo Casal, que responde a Macri, no quiso papelones y dictaminó que el TSJ porteño no puede meterse en una causa que tramita en la Justicia Nacional.
“Opino que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”, escribió Casal. Eso fue en junio de 2021. Desde entonces la Corte tiene en sus manos el caso. Ya lo analizaron los 4 cortesanos y ayer, en la previa a la semifinal, lo movieron.
Todo en esta causa es insólito. Nadie tiene recuerdos de un concurso de acreedores como el de Correo que dure más de 21 años. De ahí para abajo, pasó de todo. Por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial no permite la recusación de fiscales del fuero comercial, pero aún así recusaron a la fiscala Boquin. El TSJ porteño evidentemente no es una instancia superior de la Cámara Comercial a nivel nacional. El propio hecho de que el caso lo resuelva la Corte lo prueba. Pero aún así todo está frenado y en manos de la Corte.
¿Por qué los Macri quieren que el caso pase a la Justicia porteña? Porque el TSJ responde a Macri. Lo preside Inés Weinberg, a quien Macri propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en el gobierno de Cambiemos. Lo completan Luis Lozano, Alicia Ruiz y Marcela De Langhe, ésta última la que aporta su voto para la mayoría automática M. El fiscal general porteño es Juan Bautista Mahiques, el ariete del lawfare durante el gobierno de Macri y, ahora se sabe, uno de los viajantes a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín. El ex presidente no tiene ni que llamarlos, ya saben que hacer. De hecho ya avisaron que quieren meterse en el caso Correo.
Todo está en manos de la Corte, que no mira el Código Procesal Civil y Comercial sino el calendario electoral y las encuestas. Dos de los cuatro cortesanos, Rosatti y Rosenkrantz, aceptaron ser designados por decreto por Macri, por lo que mucho apego a la ley no tienen. De Lorenzetti, titiritero del lawfare en la era Cambiemos, se puede esperar su zigzagueo camaleónico. El voto del cordobés Maqueda, designado por el senador en ejercicio de la Presidencia Eduardo Duhalde, es una incógnita, puede confirmar la mayoría o generar un bloqueo. Ambas opciones favorecen a los Macri. Si el caso no sale siguen sin pagar; si sale, es muy probable que sea a su favor.
Relaciones de consumo
Esta cuestión está en la Corte desde el 4 de agosto de 2021, hace casi un año y medio. La Corte le dio enseguida intervención al procurador interino Casal, que demoró el caso un año más. Recién el 26 de agosto de este año el interino Casal contestó y fue sorpresa: opinó que el deseo de los Macri, de que el caso pase a la Justicia porteña, no es viable. Decir que opinó no es casual: la Corte puede decidir lo que quiera más allá de la postura de Casal.
El caso ya circuló por los despachos de Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y Maqueda, por lo que todo indica que cada uno ya expresó su opinión. Sin embargo, en lugar de resolver lo remitieron a la Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo, que nada tiene que ver con el tema.
¿Qué es la Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo? Según el organigrama de la Corte su misión es tramitar “las causas en materia de consumo radicadas en la Corte”. Evidentemente la deuda de los Macri con el Estado y la cuestión de si el caso pasa luego de 21 años de la Justicia Nacional a la Justicia porteña no es un tema de consumo.
Esa Secretaría se creó en diciembre de 2015, bajo la justificación de que el nuevo Código Civil y Comercial aprobado el año anterior jerarquizaba la cuestión de la protección de consumidores. Pero lo cierto es que nombraron a cargo a Elena Nolasco Highton, “Elenita” como se la conoce en Tribunales. Es la hija de Elena Highton de Nolasco, que por entonces aún integraba la Corte y colocó a su hija en esta novel Secretaría pese a que la ley prevé que no haya contacto cosanguíneo en un mismo tribunal o en una dependencia directa. La Secretaría de Elenita estaba bajo control de su madre y sus colegas.
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