Maria Lilia Gómez Alonso, la jueza que hace más de 15 años digita la causa Correo, consiguió un fallo judicial para quedarse en el cargo luego de cumplir los 75 años, el límite que marca la Constitución. Es una buena noticia para Mauricio Macri, ya que Gómez Alonso es la titiritera del letargo judicial que le permite al ex presidente y a su familia no pagar la multimillonaria deuda que tienen con el Estado y más de 700 acreedores hace más de 20 años. Esta maniobra busca ganar tiempo en un momento clave del expediente, ya que el voto de Gómez Alonso es esencial para definir qué pasa con la quiebra de Correo Argentino. Desde el Gobierno apelarán la decisión y los últimos antecedentes juegan a favor de que finalmente deba jubilarse.
Gómez Alonso, que integra la Sala B de la Cámara Comercial, puso como abogados suyos al estudio Cassagne, pieza fundamental del armado jurídico de los negocios durante el macrismo. Y logró el amparo de parte del juez Pablo Cayssials, el mismo que anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley audiovisual, que tuvo a su vez una de las demandas de los Macri contra el Estado por el Correo y que fue clave para lograr en su momento el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó.
“Hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la Dra. María Lilia Gómez Alonso” dice el escrito firmado por el juez Cayssials el pasado jueves 11 de noviembre. Gómez Alonso promovió una demanda contra el Estado Nacional y el ministerio de Justicia para que se declare la invalidez de la reforma constitucional de 1994, específicamente del artículo que establece que los jueces duran en sus cargos hasta los 75 años. Si quieren permanecer en su asiento deben pasar por un nuevo nombramiento de 5 años. En el caso de Gómez Alonso esto no sucedió y cumple los 75 años el próximo 17 de noviembre.
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Que la jueza cumpla los 75 años coincide con que tiene que votar respecto de la situación de quiebra de Correo Argentino. La casualidad temporal no despeja la obvia razón que tiene para quedarse: mantener su favoritismo con los Macri. Gómez Alonso comparte la Sala B con Matilde Ballerini, que siempre siguió sus directivas, pero hace poco llegó Guadalupe Vázquez para completar el trío de camaristas y nada indica que se sume a ese dúo funcional a la familia Macri. Tanto Gómez Alonso como Ballerini están próximas a la jubilación y eso, por lo pronto, dejaría a la Sala B fuera de los activos judiciales de los Macri. Esto al menos por un tiempo, ya que el día que se integre de nuevo no hay garantías de que no logren otra mayoría cómplice.
Jueza desde mayo de 1982, Gómez Alonso llegó a la Sala B de la Cámara Comercial en 1988. Es el cargo que tiene hasta hoy. Su argumento es que se le aplique el fallo que logró Carlos Fayt, que se quedó en la Corte Suprema hasta los 98 años. Pero los últimos antecedentes le juegan en contra. El caso de Leopoldo Schiffrin, donde la propia Corte revirtió lo dicho en el caso Fayt y dijo que el límite que puso la reforma de 1994 es de plena aplicabilidad; y el de la jueza de la Cámara de Casación Liliana Catucci, que intentó el mismo camino, fracasó y tuvo que jubilarse hace poco.
El juez Cayssials, a pesar de estos últimos antecedentes, se agarró del caso Fayt y le otorgó a Gómez Alonso una medida cautelar para quedarse en el cargo a partir del miércoles, cuando cumple los 75 años. “Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la magistrada, ordenando al Estado Nacional que se abstenga de requerir un nuevo acuerdo en los términos de la cláusula constitucional impugnada en autos o disponer su cese, o realizar cualquier otro acto que importe la aplicación del artículo 99, inciso 4º, de la Constitución Nacional”, dice el escrito. Un juez le dice al Estado que no cumpla la Constitución.
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¿Quién es la camarista Gómez Alonso?
Para empezar no es un nombre que pase desapercibido en la política judicial. Es más, llegó a a presidenta de la Asociación de Magistrados, uno de los poderosos arietes del conservadurismo judicial. Fue la primera mujer en lograrlo.
Este medio reveló que Gómez Alonso visitó la Casa Rosada en plena ebullición del caso Correo. Fue el 12 de septiembre de 2018 y se reunió con Pablo Clusellas, el Secretario Legal y Técnico, integrante de la Mesa Judicial de Cambiemos, histórico gerente SOCMA y uno de los funcionarios más cercanos a Macri. No hay ninguna justificación para esa reunión. Por entonces, Gómez Alonso presidía la Asociación de Magistrados, una de las asociaciones civiles que reúne funcionarios judiciales. Sin embargo, no hay ningún nexo entre esa función y la Secretaría Legal y Técnica que comandaba por entonces Clusellas. El vínculo institucional entre la Asociación y el Gobierno era y es a través del Ministerio de Justicia.
Por esos días los Macri insistían con desplazar a la fiscala Gabriela Boquin, que frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos; la familia del presidente había hecho una nueva propuesta que en los hechos implicaba que les perdonen la deuda; y el propio Macri preparaba los decretos para dar por cerrada la investigación interna sobre los funcionarios que ejecutaron esa maniobra para beneficiar a su familia. La letra de esos decretos estaba en manos de Clusellas, quien se juntó con la jueza Gómez Alonso.
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La hija de la jueza, Agustina, trabajaba con el ministro de Justicia Germán Garavano hasta que la premiaron con un cargo de jueza en un procedimiento plagado de irregularidades. El hoy fallecido esposo de la jueza era Héctor “Negro” Díaz Cordero, conocido operador judicial en materia comercial. Parecía un negocio familiar. Cuando falleció, la rutina García Lupo de leer los avisos fúnebres de La Nación reveló su arco de relaciones, incluidos buena parte del funcionariado macrista.
En tribunales hay un dicho: sos el abogado que elegís. En el caso de Gómez Alonso optó por el estudio Cassagne. No es un dato menor: los Cassagne fueron uno de los estudios de la city con mayor influencia durante el gobierno de Macri. En su edición de agosto de 2016 revista Apertura los describió así: “El ‘movedizo’ -al decir de un competidor- Ezequiel Cassagne gastó suela en los pasillos de la Casa Rosada, el Palacio de Hacienda y Cancillería, involucrado en la elaboración de la ley de Participación Público Privada (PPP). Sancionada en diciembre, se reglamentó en marzo. Hoy, Cassagne Abogados trabaja en 20 proyectos de inversiones privados, en fase de pre-factibilidad y factibilidad, dice. El estudio, también, asesora al Gobierno porteño y otros distritos en este tema”. O sea, le armaron el esquema al gobierno de Macri y luego tuvieron como clientes a las empresas que se beneficiaron de ese mismo esquema.
Máximo Fonrouge, uno de sus socios principales, presidió alternativamente el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la ONG Será Justicia -que usaban como sello de goma-, desde las cuales operativizaron buena parte de las presiones y jugarretas judiciales contra el kirchnerismo. Y el abogado que lleva el caso de Gómez Alonso es Pablo Sanabria, otro de los socios que además fue funcionario durante el gobierno de Macri en el PAMI y en la Unidad de Información Financiera (UIF).
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