El procurador interino Eduardo Casal, pieza clave de la persecución judicial, le inició un sumario a la fiscala Gabriela Boquin, que fue quien frenó la condonación de la multimillonaria deuda de Correo Argentino a la familia Macri. El momento que eligió revela que es un mensaje a varias bandas. Lo hizo el mismo día que Alberto Fernández anunció la Reforma Judicial, mientras el Congreso le reclama información sobre su gestión y cuando Mauricio Macri voló a Francia ya que comienza a preocuparse por las causas judiciales en las que está involucrado.
Las presiones sobre la fiscala Boquin no son nuevas. Apenas frenó la maniobra de Macri para condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia de la deuda que tienen con el Estado hubo un raid de declaraciones en su contra por parte de la primera plana macrista. Luego sufrió sospechosos ataques e intermitencias en su custodia policial, incluido el robo de documentación de su auto (del cuál no tocaron ninguna otra cosa de valor) y la aparición de su gato muerto, ambos hechos en la puerta de su casa.
En paralelo, durante el gobierno de Macri, el interino Casal cumplía las directivas de la Casa Rosada con diversas maniobras de hostigamiento. El sumario que le iniciaron ahora es el corolario de una serie de acosos durante los últimos meses.
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La fiscala Boquin se enteró de la apertura del sumario por intermedio del propio Casal, que la llamó el miércoles por la noche para comunicárselo, gesto y horario muy poco habituales. Casal le dijo que se quedara tranquila, que se iba a poder defender, una aclaración que revela mucho más de lo que tranquiliza. Y le mandó el texto del sumario en la madrugada.
Dato aparte, el mismo Casal se niega a entregar informes sobre su gestión al Congreso bajo la excusa de que tiene poco personal por la pandemia de COIVD-10. Pero eso no fue obstáculo para cargar contra Boquin. Prioridades.
El sumario lo inició el interino Casal en base a una denuncia por supuestos maltratos laborales, basado en principio en la declaración de una ex empleada de la fiscalía de Boquin cuyo esposo, el juez Sebastián Sánchez Cannavó, está concursando para acceder a la Sala B de la Cámara Comercial. Es un dato muy relevante: es la Sala que interviene en el caso Correo Argentino.
La maniobra de Casal inició con la unificación de los expedientes 157 y 1535, ambos de 2018, en los cuales 2 personas denunciaban maltrato laboral contra Boquin. Una es Verónica Fernández, que tiene una discapacidad por la cual tenía un régimen laboral diferenciado, que denunció malos tratos pero hay documentación a la que accedió El Destape donde reconoce la sensibilidad de Boquin respecto a su condición y lo documentos indican que no hubo motivos para su enojo.
La peona clave de esta jugada es Marina Nieves Calzia, que trabajó en la fiscalía comercial de Boquin entre mayo de 2015 y abril de 2017 e inició un reclamo interno en la Procuración por supuestos maltratos laborales. Boquin y Calzia se conocen desde hace años, ya que la ahora denunciante era secretaria de Ricardo Nissen en la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas donde la fiscal realizó numerosas actividades y llegó incluso a ser vicepresidenta de la institución. Cuando Calzia pasó a trabajar en la fiscalía de Boquín aún no se había recibido de abogada. Aprobó un buen número de materias y terminó la carrera en el ambiente que ahora denuncia como hostil.
En el expediente constan intercambios vía mail y Whatsapp certificadas por escribano que muestran la buena relación y trato entre Boquin y Calzia. Pero no los tuvieron en cuenta.
Las fechas, una vez más, son importantes, ya que los supuestos maltrato coinciden con la explosión pública del caso Correo Argentino a partir del 8 de febrero de 2017. A los 2 días, el portal La Política Online publicó una nota titulada “El Gobierno apunta a los vínculos de la fiscal del Correo con el kirchnerista Nissen” donde relataban que “Boquín tiene en su plantel a la esposa del Juez Comercial Sánchez Cannabo, que anteriormente trabajaba para Nissen”. Se trata de Calzia, que comenzó a preocuparse por que este tema no complicara la intención de su marido de convertirse en camarista. Se olvidaba que su propio marido juez había escrito un libro con prólogo de Boquin. Sánchez Cannavó intervino en la situación de su esposa pese a que no es funcionario del Ministerio Público. Fue en su propio interés, ya que está segundo en el orden de mérito para quedarse con el cargo de camarista justo en la Sala que interviene en la causa Correo Argentino. Todo se encadena.
El interino Casal no tiene con Boquin los mismos tratos que tuvo con el procesado fiscal Carlos Stornelli.
A las presiones por parte del interino Casal hay que agregarle otras que no se le pueden achacar a él pero fueron coincidentes en el tiempo. A Boquin le robaron documentación de su auto en la puerta de su casa. Fue el 15 de octubre de 2016, a pocos días de que recibiera por primera vez la causa por la deuda de los Macri.
El periodista Ariel Zak lo reconstruyó así en una nota en Tiempo Argentino: “La escena completa duró cuatro minutos. Al hombre encapuchado le sobró tiempo. En cuestión de segundos desactivó la alarma sonora del auto que pensaba robar, lo rodeó, le sacó el vidrio de la ventana a una de las puertas traseras y lo destrabó desde adentro para meterse sin problemas. El asaltante llevaba guantes de látex blancos. Pretendía no dejar huellas. No improvisaba. Con el auto a su merced, no robó ni el estéreo ni la rueda de auxilio. No le importaron tampoco los elementos de valor que había en la gaveta. Salió del auto con un maletín, con un rejunte de papeles adentro. La secuencia podría ser una más de las tantas policiales que transcurren a diario en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no. El auto blanco intrusado fue el de la fiscal genera Gabriela Boquín. Estaba estacionado en la puerta de su casa en el barrio porteño de Núñez”.
Las supuestas fallas en la custodia de Boquin se multiplicaron mientras los ministerio de Seguridad de la Nación, por entonces a cargo de Patricia Bullrich, y de la ciudad, conducido por Martin Ocampo, se tiraban la pelota entre ellos. Finalmente fue Bullrich quien se hizo responsable del operativo de custodia de la fiscala que investiga la causa que más preocupa a Macri. No fue una garantía. Que el gato de la fiscal apareciera muerto en frente de la casa sin que la posta policial lo notara lo demuestra. Las denuncias por ambos hechos quedaron en manos del fiscal de la zona, que no es otro que José María Campagnoli, de estrechos vínculos con el macrismo.
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