En las últimas horas el caso por la deuda del Correo Argentino tuvo cuatro novedades importantes y contrarias a los deseos de Mauricio Macri. El procurador interino Eduardo Casal cerró finalmente el sumario interno por una falsa denuncia de maltrato laboral con el que apretaron a la fiscala Gabriela Boquin durante más de un año. Por otro lado el Gobierno, a través del procurador del Tesoro Carlos Zannini, insistió con que se anule la suspensión de la quiebra de Correo Argentino. Tal como informó El Destape, la Cámara Federal confirmó el archivo de una denuncia penal de los Macri contra Boquín y Zannini. Y el Senado aprobó el pliego de María Guadalupe Vázquez para integrar la Sala B de la Cámara Comercial, que es la que interviene en el expediente Correo.
El apriete a Boquin
El sumario contra Boquin lo inició el interino Casal, pieza clave tanto de la persecución judicial como de la cobertura de fiscales del lawfare como el procesado Carlos Stornelli. Comenzó en julio del 2020.
La fiscala Boquin se enteró de la apertura del sumario por intermedio del propio Casal, que la llamó por la noche para comunicárselo, gesto y horario muy poco habituales. Casal le dijo que se quedara tranquila, que se iba a poder defender, una aclaración que revelaba mucho más de lo que tranquilizaba. Y le mandó el texto del sumario en la madrugada.
El sumario lo inició el interino Casal en base a una denuncia por supuestos maltratos laborales. Partió de la declaración de una ex empleada de la fiscalía de Boquin cuyo esposo, el juez Sebastián Sánchez Cannavó, estaba concursando para acceder a la Sala B de la Cámara Comercial. Es un dato muy relevante: es la Sala que interviene en el caso Correo Argentino. Ahora el lugar que le habían prometido a Sánchez Cannavó a cambio de esta operación contra Boquin lo ocupará María Guadalupe Vázquez, cuyo pliego fue aprobado ayer por el Senado y solo resta el decreto presidencial.
La peona clave de esta jugada fue la esposa de Sánchez Cannavó, Marina Nieves Calzia, que trabajó en la fiscalía de Boquin entre mayo de 2015 y abril de 2017 e inició un reclamo interno en la Procuración por supuestos maltratos laborales. Boquin y Calzia se conocen desde hace años. En el expediente constan intercambios vía mail y Whatsapp certificados por escribano que muestran la buena relación y trato entre Boquin y Calzia.
Las fechas, una vez más, son importantes, ya que los supuestos maltrato coinciden con la explosión pública del caso Correo Argentino a partir del 8 de febrero de 2017.
Luego de más de un año de ese sumario latente y con la opinión unánime del Consejo Evaluador de que debía desestimarse el interino Casal cerró el papeleo “pues – escribió- no se probó que los hechos que motivaron el inicio del sumario administrativo ordenado (...) respecto de la señora Fiscal General, doctora Gabriela Boquín, hubieran constituido infracciones disciplinarias”. Nunca se iba a probar: fue simplemente una manera más de presionar a Boquin.
Quiebra
El gobierno presentó ayer un recurso de queja para que se anule la suspensión de la quiebra de Correo Argentino. Lo hizo a través del procurador del Tesoro Zannini, cabeza de los abogados del Estado, ante la negativa de la jueza Marta Cirulli de revisar su decisión de suspender la quiebra que ella misma había decretado. Ahora la decisión queda en manos de la Sala B de la Cámara Federal, donde el presidente Alberto Fernández ya tiene todo en regla para nombrar la nueva integrante que se sumará a Maria Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini, titiriteras del letargo de este expediente durante más de 15 años.
La jueza Cirulli fue quien dispuso la quiebra de Correo tal como marca la ley. Pero a los pocos días, tras una apelación de la familia Macri, suspendió la quiebra pese a que la propia ley no se lo permite. La jueza Cirulli escribió que estaba “constreñida” a resolver eso y citó una resolución de la Cámara Comercial del 2004 donde efectivamente se suspendió la quiebra de Correo decidida por el primer juez de la causa, Eduardo Favier Dubois. Pero, tal como informó El Destape, hay una diferencia: en 2004 el juez Favier Dubois decretó la quiebra sin antes realizar el proceso de cramdown o salvataje. Ahora ese proceso que marca la ley se hizo, fracasó y la propia ley dice y la propia Cirulli escribió que no había otra salida que la quiebra.
“La Señora Jueza (…) no se encuentra constreñida ni condicionada en modo alguno por lo resuelto el 6-01-04 por la Sala de Feria, porque dicha decisión obedeció a una etapa del proceso concursal y a un contexto de la empresa fallida que ningún punto de contacto tiene con el actual”, plantearon desde la Procuración del Tesoro (PTN).
Agregaron que en ese momento “se daba una situación extraordinaria, anormal, no usual y atípica (no prevista por la ley) que era la recalificación del proceso como PEQUEÑO CONCURSO, y, en consecuencia, se tornaba inaplicable el art.48”. Se refiere al artículo de la Ley de Concursos y Quiebras que regula los pasos hasta la quiebra. “Solo por ello – detalla el escrito de la PTN – y reconociendo como principio la inapelabilidad del decreto de quiebra, se concedió un recurso que -por regla- es improcedente”.
La cabeza de los abogados del Estado argumenta que incluso en 2004 se podía pensar que los Macri tenían alguna chance de revertir la quiebra y pagar sus deudas pero que “diecisiete años después de aquella decisión (…) y luego de dos décadas de insólita duración de este proceso concursal, la situación es absolutamente diferente”.
“Desde el plano empresario, hoy día no caben dudas de que Correo Argentino SA no tiene ninguna posibilidad de retomar actividades. La situación que pudo existir en el año 2004 no guarda punto de contacto con la actual”, reitera la PTN.
El procurador del Tesoro insistió en que si no se anula la suspensión de la quiebra al menos se le de efecto devolutivo y no suspensivo a la apelación de los Macri. ¿Cuál es la diferencia? En el suspensivo, valga la redundancia, se suspende el avance de la quiebra. En el devolutivo se permite su avance. “Otorgar efecto devolutivo al recurso de apelación contra el decreto de quiebra, no genera -en modo alguno- daños irreversibles a Correo Argentino SA, porque la instancia liquidadora quedará postergada para cuando dicha declaración quede firme”, insisten desde la PTN.
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