“Inexistencia de delito”. Así quedó la denuncia penal que hizo la familia Macri contra la fiscala Gabriela Boquin, el procurador del Tesoro Carlos Zannini y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen, los 3 funcionarios clave del caso por la deuda del Correo Argentino.
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Lo dispuso el juez Sebastián Casanello, que ya había resuelto lo mismo el año pasado pero fue obligado a reabrir el caso por los camaristas Martin Doctrina Irurzun y Mariano Llorens. Con este expediente Mauricio Macri buscaba presionar a los actores díscolos en el expediente de la deuda de su familia con el Estado por el cuál Correo Argentino está al borde de la quiebra.
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A Boquin ya son incontables las presiones: apenas iniciado el caso le robaron papeles de su auto, luego hubo sospechosas fallas en su custodia, apareció su gato muerto en la puerta de su casa y le iniciaron un sumario administrativo a partir de una falsa de denuncia por maltrato laboral bajo la complicidad del procurador interino Eduardo Casal. El motivo es obvio: fue quien frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri que intentó el entonces presidente Macri.
A Zannini le critican su intervención como procurador del Tesoro, cabeza de los abogados del Estado. Incluso Macri en su libro escribió: “No hay explicación legal para que la Procuración del Tesoro siga con el caso”. Lo ridículo es que interviene por un decreto del propio Macri, el 201 del 2017. Y el motivo es también obvio: rechaza la estafa al Estado por parte de la familia Macri.
A Nissen porque como titular de la IGJ declaró “irregulares e ineficaces” los balances de Correo Argentino desde 2008 hasta 2017 y alertó que desde allí se encubrió a los Macri.
La denuncia tenía otra carambola: presionar a la jueza Marta Cirulli, que es quien tiene que todo listo para decretar la quiebra de Correo Argentino.
Esta contradenuncia de los Macri contra todos los que no cumplen sus directivas en el caso Correo comenzó el 28 de mayo de 2020. La presentaron Francisco Castex y Luciano Pauls como abogados de Socma Americana, accionista principal de Correo Argentino. La radicaron en Comodoro Py, donde se manejan aún hoy a su anchas. En esta, sin embargo, finalmente les falló.
La excusa para iniciar una causa en Comodoro Py fue el sorteo por el cuál se designó a la actual interventora de Correo Argentino, Flor Inés Farber. Pero el objetivo real era apuntar contra Boquin, Zannini y Nissen. El argumento: que tenían un afán persecutorio contra la empresa y la familia Macri.
El fiscal del caso fue Carlos Rívolo, de estrecho vínculo con la persecución judicial y el macrismo. Pero en esta no quiso quedar en ridículo y opinó lo obvio: que no hubo ningún delito. El juez Casanello archivó el caso el 28 de agosto de 2020 pero los Macri apelaron.
En apelación los Macri dijeron que hay una persecución contra ellos por el caso Correo, orquestada por Boquin, Zannini, Nissen y metieron también a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. El escrito donde apelaron el archivo original de la demanda dice: “Se han utilizado los resortes del poder y de la justicia para dañar patrimonialmente y afectar la reputación de Correo Argentino SA y sus accionistas, impidiendo a Correo Argentino S.A. recuperar sus bienes y condenarla a un estado falencial, que le impone una desprotección e indefensión desusada, injusta y antijurídica. Lo que se busca sin escrúpulo alguno es que se decrete a cualquier costo la quiebra de Correo Argentino SA”. Todo es falso. La quiebra la establece la ley y los Macri llevan 20 años eludiendo ese destino hoy inevitable.
La Sala II de la Cámara Federal, integrada por el eterno Doctrina Irurzun y Llorens, ordenó que se reiniciara la investigación.
En su resolución, los camaristas porteños le indicaban al juez Casanello que investigara, que analizara las medidas de prueba que habían pedido los abogados de los Macri y que citara a los testigos que propusieron. Entre estos testimonios estaban el del ex ministro de Justicia Germán Garavano, el ex senador Miguel Ángel Pichetto y el diputado y ex apoderado de Correo Pablo Tonelli, que denunciaron públicamente la imaginaria persecución política de la “famiglia”.
Los Macri pedían también que se “disponga un registro de llamadas realizadas y recibidas entre los teléfonos particulares, de trabajo u otro tipo de Gabriela Boquín, Carlos Zannini, Ricardo Nissen, Alejandra Gils Carbó (quien estaría tras los actos de la Fiscal Boquín), desde un poco antes del 28 de junio de 2016 hasta la actualidad. Especialmente en los períodos próximos a los dictámenes y resoluciones persecutorios hacia Correo Argentino S.A.”. Lo mismo con sus mails. También que se registren sus computadoras.
Los abogados de los Macri describían la “persecución” en 4 puntos que la Cámara porteña habilitó investigar:
- Hablaban de “los falsos, intimidatorios y desajustados a derecho dictámenes de la Fiscal Gabriela Boquín”, algo ya absolutamente descartado.
- Que sufrían “la persecución de Ricardo Nissen quien, en su carácter de inspector de la IGJ, resolvió – de manera totalmente arbitraria- declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos la memoria, el informe de la comisión fiscalizadora, el informe del auditor independiente y los Estados Contables finalizados al 31 de diciembre de 2018, correspondientes a la sociedad Correo Argentino S.A”, o sea, no querían presentar los balances
- Tildaban de “ilegal” a la "intervención de Correo Argentino S.A. desplazando a sus legítimas autoridades y perjudicando a sus accionistas, con el fin ya inequívoco de lograr su inmediata quiebra” sin decir que la primera intervención fue parcial y hubo que desplazar a los directivos que les respondían porque ponían trabas al acceso a información.
- Por último, consideraban “ilegítimo” el “sorteo por el que resultó designada la contadora, Flor Inés Farber” al frente de la intervención de la empresa cuando ese sorteo se hizo por el mismo sistema donde se sortean todas las causas.
Los abogados de los Macri incluso volvieron a criticar la actuación en el caso de la fiscala Boquin, algo que ya fue resuelto incluso por la Corte Suprema, que la ratificó en el cargo. Insistieron en que fue el Estado el que incumplió el contrato de concesión del servicio postal, criticaron la quita de esa concesión en 2003 y los dictámenes de Boquin donde dijo que la propuesta de pago que hicieron los Macri y aceptó el gobierno de Macri era abusiva, algo que ya está más que demostrado. O sea, todos elementos que discuten hace años en el fuero Comercial, que ya fueron rebatidos uno por uno y que no tienen nada que hacer en el fuero Penal.
El fiscal Rívolo repitió lo dicho: no hay delito. Casanello hizo lo propio y argumentó: “Ante esa ausencia de posibles conductas ilícitas por parte de funcionarios públicos, no corresponde a este fuero criminal federal emitir opinión ni ejercer jurisdicción en asuntos que exceden su competencia”. En criollo: aquí no hay delitos penales, si tienen alguna queja vayan al fuero Comercial. El problema es que allí los Macri ya no tienen más salida que la quiebra de la empresa.
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