La saga del caso Correo Argentino, protagonizada por los Macri y sus maniobras para no pagar su multimillonaria deuda con el Estado, no culminó con la quiebra de la empresa. Mauricio Macri y su familia no sólo no pagaron sus deudas durante estos 20 años sino que demandaron al Estado varias veces por temas vinculados a Correo y por más de 14.500 millones de pesos. Esos expedientes siguen activos y son la apuesta de los Macri tanto para pagar su deuda como para sacarle una nueva tajada a las arcas públicas.
Los Macri tienen 4 causas vigentes contra el Estado vinculadas al Correo:
- La más antigua data del año 2000, donde demandaron al Estado por daños y perjuicios y reclaman 2.288 millones de pesos. Es incluso más antigua que la del concurso de acreedores que culminó la semana pasada en la quiebra de Correo.
- Iniciaron otra en 2004 donde pidieron la nulidad de los decretos 1074 y 1075 del 2003. El primero rechazaba una serie de reclamos de los Macri contra el Estado; el segundo rescindió la concesión del servicio de correo “por culpa del Concesionario”. Llevaban las firmas de Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Ese expediente es clave y tuvo movimientos en la últimas horas.
- En 2006 pidieron la inconstitucionalidad del decreto 721 del 2004, que constituyó el Correo Oficial de la República Argentina que continuó con el servicio postal tras las quita de la concesión.
- En 2016 demandaron al Estado por 2.365 millones de pesos. Lo hicieron en simultáneo a la maniobra donde Macri buscó condonarle la deuda a su familia. Para la fiscala Gabriela Boquin se trató de una jugada “de mala fe procesal”. Se condonaban la deuda ellos mismos y decían que el Estado les debía.
En dos de las demandas de los Macri contra el Estado le pusieron un número. Una 2.288 millones de pesos, otra 2.365 millones. Eso da un total de 4.653 millones de pesos. Pero según ellos mismos la cifra es más abultada. Cuando hace unas semanas tuvieron que valuar Correo Argentino contaron esos juicios como ganados por un total de 14.585 millones de pesos. Por lo tanto esa es la cifra que pretenden arrancarle a las arcas públicas.
En sus distintas propuestas de pago de su deuda por el Correo a lo largo de estos años los Macri jugaron con estos juicios contra el Estado. De hecho los daban por ganados y decían que una vez que le cobraran al Estado pagarían su deuda más rápido. E incluso ofrecían no iniciar nuevas demandas si les aceptaban sus irrisorios ofrecimientos. Con la quiebra de Correo ahora apostarán a arrebatarle dinero al Estado en estos expedientes. Son expertos. De hecho Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro que es la cabeza de los abogados del Estado, advirtió en El Destape Radio que no hay que subestimar “la capacidad de los abogados de Macri y del Grupo Clarín para protegerlos”.
La Corte Suprema les dijo en 2009 que no podían compensar su deuda con el Estado con la supuesta deuda del Estado con ellos, tal como informó El Destape. Pero nunca se resignaron. Ahora no pueden compensar como parte de sus propuestas de pago pero es muy probable que intenten hacerlo por otra vía. Los casos están abiertos.
Y no sólo abiertos. En las últimas horas hubo movimientos en el expediente iniciado en 2004, que es el ariete de toda la maniobra. El nuevo juez del caso, Enrique Alonso Regueira, firmó un escrito donde dice que "en virtud del tiempo transcurrido desde que se entablara la demanda y que se han modificado los organismos indicados a fs. 226 (los demandados), indique la actora (los Macri) el ministerio u organismo a través del cual comunicará la acción al Estado Nacional". En criollo, que el expediente se moverá y quieren saber a qué ministerio se lo notifican. El tiempo transcurrido son más de 15 años.
Desde 2019 los Macri intentan unificar esos juicios millonarios contra el Estado. El 17 de julio de ese año presentaron un escrito en la causa iniciada en 2004 donde reclamaron que se unifique con la de 2016. El escrito no figura en el sistema de consulta de causas. El Destape lo descubrió de todas formas y encontró una posible explicación: los Macri pidieron que esta cuestión se resolviera sin notificar al Estado. La existencia de este pedido quedó expuesta cuando en la causa del 2016 pidieron suspender todo hasta que esa unificación se resuelva. Vivos pero no tanto. Aún no lograron unificarlos pero tampoco se descartó esa posibilidad.
En la demanda que iniciaron en 2016 hay un elemento central: fue una maniobra a dos bandas en la cuál por un lado el entonces presidente Macri le condonaba la deuda a su familia mientras su familia demandaba al Estado.
La cronología es clara. El 13 de junio Correo Argentino demandó al Estado Nacional por daños y perjuicios, sin poner aún un monto para ahorrarse la tasa de Justicia del 3%. Quince días más tarde, el 28 de junio, el Gobierno de Macri aceptó la propuesta de la familia Macri de pagar su deuda con una quita del 98,82%, una condonación de más de 70.000 millones de pesos. El 12 de agosto los Macri ampliaron su denuncia por daños y perjuicios y establecieron el monto: 1.794 millones por la apropiación de instalaciones de Correo Argentino más 570 millones por otros rubros. Total: 2.365 millones que la familia Macri quiere que el Estado le pague.
Sobre los 1.794 millones que reclaman donde incluyen inmuebles y supuestas inversiones pusieron que “esta suma deberá ser actualizada hasta la fecha de su efectivo pago, mediante la adición de los intereses correspondientes sobre el capital adeudado”. Dentro de los 570 millones restantes incluyeron un ítem insólito: aseguran que pagaron 110 millones de pesos de más por el canon (que en realidad dejaron de pagar, de ahí su deuda con el Estado) y “ajustados y repotenciados” les da un total de 200 millones de pesos. Real: los Macri dicen que pagaron de más.
Todos estos expedientes están en el fuero Contencioso Administrativo, donde se litiga contra el Estado. La causa iniciada en 2004 está en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1; la del 2016 en el Nº 12. En 2019, cuando los Macri quisieron que una absorbiera la otra, ambos juzgados carecían de juez titular. El Nº 1 era subrogado por Enrique Lavié Pico, uno de los magistrados más alineados con el macrismo. El Nº 12 por Macarena Marra Giménez, también alineada con el PRO. En 2020 fueron designados Enrique Alonso Regueira en el 1 y confirmada Marra Giménez en el 12.
Los pliegos de ambos fueron enviados al Senado por Macri pero finalmente los designó el actual gobierno. De Alonso Regueira se sabe de su cercanía con la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, el sector más conservador de la política judicial, y vínculos con Sergio Fernández, el hombre fuerte del fuero Contencioso Administrativo donde oficia de camarista. Alonso Regueira asumió en lugar de Lavié Pico, uno de los jueces que se alineó con los intereses del Gobierno de Macri y fue correspondido con el cierre de una denuncia en su contra promovida por Elisa Carrió.
El caso de Marra Giménez es más zigzagueante. Jugó un rol importante en el intento de Macri de convertir a la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal pero finalmente le falló en contra.
La causa iniciada en el 2000 está a en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 8, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. En este momento el expediente está en la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa, presidida por Jorge Alemany e integrada por los camaristas Pablo Gallegos Fedriani y Guillermo Treacy. Es la que intervino en el caso de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal de Comodoro Py. Rechazó la medida cautelar que pedían para no cumplir la ley.
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