Terminó la feria judicial, volvió la actividad a la causa Correo, pero dos resoluciones encaminan el caso hacia un nuevo pantano temporal. La jueza Marta Cirulli rechazó el pedido del Gobierno de retomar la quiebra de Correo Argentino. Los Macri lograron suspender la quiebra pese a que la ley no habilita esa instancia. Cirulli alegó que no puede rectificar su decisión de suspenderla, que deben hacerlo sus superiores de la Cámara Comercial. Al mismo tiempo esas superiores, las camaristas María Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini, elevaron a la Corte el pedido de los Macri para apartar a Cirulli.
Ni la Corte ni la Cámara Comercial tienen plazos. Ahora la primera tiene que resolver si aparta a la jueza Cirulli, que decretó y luego suspendió la quiebra de Correo, mientras que la segunda evaluar si es correcta o no esa suspensión. Estas idas y vueltas en las instancias superiores de los tribunales son el arte de los Macri y lo que hace que no hayan pagado un centavo de su deuda con el Estado y más de 700 acreedores próxima a cumplir 20 años.
El escrito del gobierno lo presentó la Procuración del Tesoro (PTN), cabeza de los abogados del Estado que, vale recordar, interviene en el caso gracias un decreto del propio Macri. En esta oportunidad no lo firmó Carlos Zannini sino el subprocurador del Tesoro Horacio Diez. Piden que se anule la suspensión de la quiebra de Correo Argentino, dispuesta por la jueza Cirulli el 5 de julio pasado por pedido de los Macri.
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En su escrito, la PTN resalta que el decreto de quiebra de Correo, luego de que fracasara el proceso de salvataje o cramdown tal como establece la ley, era inapelable. Citan incluso un artículo de Julio César Rivera que avala esta posición. El dato no es menor: Rivera es un histórico abogado de los Macri y de hecho tuvo intervención en el caso Correo ya que su estudio patrocinó a una de las sindicaturas del concurso de acreedores. Tan cercano es a Macri que lo nombró conjuez de la Corte Suprema durante su gobierno.
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Al suspender la quiebra de Correo la jueza Cirulli escribió que estaba “constreñida” a resolver eso y citó una resolución de la Cámara Comercial del 2004 donde efectivamente se suspendió la quiebra de Correo decidida por el primer juez de la causa, Eduardo Favier Dubois. Pero, tal como informó El Destape, hay una diferencia: en 2004 el juez Favier Dubois decretó la quiebra sin antes realizar el proceso de cramdown o salvataje. Ahora ese proceso que marca la ley se hizo, fracasó y la propia ley dice y la propia Cirulli escribió que no había otra salida que la quiebra. Desde la PTN le remarcaron las diferencias con el antecedente que citó la propia jueza.
En caso de que Cirulli no aceptara anular la suspensión de la quiebra desde el Gobierno plantearon que al menos le otorgue carácter devolutivo en lugar de suspensivo a la apelación de los Macri. ¿Cuál es la diferencia? En el suspensivo, valga la redundancia, se suspende el avance de la quiebra. En el devolutivo se permite su avance.
El argumento es sencillo: si la jueza Cirulli aceptara que sea con efecto devolutivo no genera “daño irreversibles a Correo Argentino SA”. En cambio, sostiene la PTN, el efecto suspensivo “sí genera un daño irreparable a la masa de acreedores (integrada por el Estado Nacional), porque habilita al fallido (Correo) a continuar con sus maniobras fraudulentas (sobradamente acreditadas en el expediente) y a mantenerse en su postura de burlar a la Justicia”.
“Ningún recurso puede obstaculizar el avance del proceso, salvo en lo referido a la liquidación de bienes”, resalta el escrito de la PTN. En el caso de Correo no hay ningún bien a liquidar, solo deudas que se tienen que trasladar a Socma, la accionista dueña de la empresa. O sea, a la familia Macri.
La PTN argumenta además que Jaime Cibilis Robirosa, quien presentó el escrito para suspender la quiebra, “no se encuentra investido de la personería legal suficiente para representar” a Correo ya que fue “preventivamente desplazado de su cargo (presidente de la firma) a consecuencia de la intervención decretada en fecha 2 de marzo de 2020”.
Como la quiebra de una empresa tiene efecto inmediato desde el Gobierno plantean que Cibilis Robirosa “no podía (como lo hizo) continuar con la representación legal” de Correo “habida cuenta que se trata de un acto que compete a quien ejerce el cargo del que el nombrado fue removido”.
La jueza Cirulli no aceptó ninguno de los planteos del Estado, dijo que una vez que resolvió el tema escapa de sus manos y que lo debe revisar la Sala B de la Cámara Comercial. Las camaristas que integran esa sala, Gómez Alonso y Ballerini, son las titiriteras del letargo de este expediente, que el próximo 19 de septiembre cumplirá 20 años.
Al mismo tiempo que Cirulli rechazaba cambiar su postura respecto a la suspensión de la quiebra de Correo las camaristas Gómez Alonso y Ballerini le dieron curso a un pedido de los Macri para que la Corte Suprema resuelve si aparta o no a la propia Cirulli. El caso puede entrar así en un nuevo limbo: la Corte no tiene tiempos, la Cámara Comercial tampoco.
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