Correo: confirmaron el archivo de una denuncia de los Macri contra Boquin y Zannini

La Cámara Federal confirmó el archivo de la denuncia de la familia Macri contra la fiscala Gabriela Boquin; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen; los 3 funcionarios clave que intervienen en el caso Correo. Lo resolvieron los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico. El juez Martín Doctrina Irurzun votó en disidencia y en línea con los intereses de los Macri.

El caso es relevante porque se trata de una denuncia de la familia Macri donde plantearon que todos los actores del caso Correo estaban complotados en su contra. El juez Sebastián Casanello ya archivó dos veces la denuncia por “inexistencia de delito”. La primera fue revertida por la misma Cámara Federal, con los votos de los camaristas Doctrina Irurzun y Mariano Llorens. Luego Casanello insistió con el archivo y ahora la nueva conformación de la Sala II de la Cámara Federal lo confirmó.

Esta contradenuncia de los Macri contra todos los que no cumplen sus directivas en el caso Correo comenzó el 28 de mayo de 2020. La presentaron Francisco Castex y Luciano Pauls como abogados de Socma Americana, accionista principal de Correo Argentino. La radicaron en Comodoro Py, terreno siempre fértil para sus operaciones. En esta, sin embargo, por ahora les falló, aunque lo más probable es que intenten llegar hasta la Cámara de Casación donde tienen altas chances de que intervengan jueces serviciales. Al menos ahora no irán a reunirse con Macri en Olivos y tendrán que viajar hasta Los Abrojos.

La excusa para iniciar una causa en Comodoro Py fue el sorteo por el cuál se designó a la actual interventora de Correo Argentino, Flor Inés Farber. Pero el objetivo real era apuntar contra Boquin, Zannini y Nissen. El argumento: que tenían un afán persecutorio contra la empresa y la familia Macri.

El fiscal del caso fue Carlos Rívolo, de estrecho vínculo con la persecución judicial y el macrismo. Pero en esta no quiso quedar en ridículo y opinó lo obvio: que no hubo ningún delito. El juez Casanello archivó el caso el 28 de agosto de 2020 pero los Macri apelaron.

En apelación los Macri dijeron que hay una persecución contra ellos por el caso Correo, orquestada por Boquin, Zannini, Nissen y metieron también a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. El escrito donde apelaron el archivo original de la demanda dice: “Se han utilizado los resortes del poder y de la justicia para dañar patrimonialmente y afectar la reputación de Correo Argentino SA y sus accionistas, impidiendo a Correo Argentino S.A. recuperar sus bienes y condenarla a un estado falencial, que le impone una desprotección e indefensión desusada, injusta y antijurídica. Lo que se busca sin escrúpulo alguno es que se decrete a cualquier costo la quiebra de Correo Argentino SA”. Todo es falso. La quiebra la establece la ley y los Macri llevan 20 años eludiendo ese destino.

A Boquin ya son incontables las presiones: apenas iniciado el caso le robaron papeles de su auto, luego hubo sospechosas fallas en su custodia, apareció su gato muerto en la puerta de su casa y le iniciaron un sumario administrativo a partir de una falsa de denuncia por maltrato laboral bajo la complicidad del procurador interino Eduardo Casal. El motivo es obvio: fue quien frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri que intentó el entonces presidente Macri.

A Zannini le critican su intervención como procurador del Tesoro, cabeza de los abogados del Estado. Incluso Macri en su libro escribió: “No hay explicación legal para que la Procuración del Tesoro siga con el caso”. Lo ridículo es que interviene por un decreto del propio Macri, el 201 del 2017. Y el motivo es también obvio: rechaza la estafa al Estado por parte de la familia Macri.

A Nissen porque como titular de la IGJ declaró “irregulares e ineficaces” los balances de Correo Argentino desde 2008 hasta 2017 y alertó que desde allí se encubrió a los Macri.

Cuando rechazaron el archivo, los camaristas Doctrina Irurzun y Llorens le indicaban al juez Casanello que investigara, que analizara las medidas de prueba que habían pedido los abogados de los Macri y que citara a los testigos que propusieron. Entre estos testimonios estaban el del ex ministro de Justicia Germán Garavano, el ex senador Miguel Ángel Pichetto y el diputado y ex apoderado de Correo Pablo Tonelli, que denunciaron públicamente la imaginaria persecución política de la “famiglia”.

Los Macri pedían también que se “disponga un registro de llamadas realizadas y recibidas entre los teléfonos particulares, de trabajo u otro tipo de Gabriela Boquín, Carlos Zannini, Ricardo Nissen, Alejandra Gils Carbó (quien estaría tras los actos de la Fiscal Boquín), desde un poco antes del 28 de junio de 2016 hasta la actualidad. Especialmente en los períodos próximos a los dictámenes y resoluciones persecutorios hacia Correo Argentino S.A.”. Lo mismo con sus mails. También que se registren sus computadoras.

Los abogados de los Macri describían la “persecución” en 4 puntos que Irurzun y Llorens habilitaron investigar:

1. Hablaban de “los falsos, intimidatorios y desajustados a derecho dictámenes de la Fiscal Gabriela Boquín”
2. Que sufrían “la persecución de Ricardo Nissen quien, en su carácter de inspector de la IGJ, resolvió – de manera totalmente arbitraria- declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos la memoria, el informe de la comisión fiscalizadora, el informe del auditor independiente y los Estados Contables finalizados al 31 de diciembre de 2018, correspondientes a la sociedad Correo Argentino S.A”.
3. Tildaban de “ilegal” a la "intervención de Correo Argentino S.A. desplazando a sus legítimas autoridades y perjudicando a sus accionistas, con el fin ya inequívoco de lograr su inmediata quiebra”.
4. Por último, consideraban “ilegítimo” el “sorteo por el que resultó designada la contadora, Flor Inés Farber” al frente de la intervención de la empresa.

El camarista Doctrina Irurzun, que rechazó el primer archivo de la causa, también rechazó ahora el segundo. Dijo que “la actividad de investigación no se profundizó del modo que, a mi modo de ver, resultaba (y resulta) necesario” y que existe la “obligación de dar curso a la producción de pruebas que se han invocado como útiles para corroborar (o también, eventualmente, descartar) hipótesis de delitos expresamente planteadas en el expediente y cuya pertinencia, a priori y sin más, no puede a mi juicio ser desechada”. O sea, Irurzun insistió en que se haga todo lo que pidieron los Macri.

Los cambios en la conformación de la Sala II de la Cámara Federal frenaron eso. El juez Farah opinó que “el archivo debe ser confirmado” y que “en la versión de una suerte de ‘complot’ entre agentes que trabajan en diferentes órbitas del Estado, parecería que se pretende englobar todo acto que aquellos desplegaron en ejercicio de sus funciones (en derredor de la materia, claro está) como sospechoso de delitos”. Su colega Boico compartió sus argumentos y agregó que “no corresponde a los tribunales inmiscuirse en las estrategias de las partes del proceso” y que “no es viable hacer lugar al tipo de investigación”.