El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, revocó la resolución que cerró el sumario contra los funcionarios que participaron en el intento de condonar la deuda de la familia Macri con el Estado por el Correo Argentino. La decisión llega después de un fallo judicial que anuló a su vez un decreto firmado por Gabriela Michetti, a quien Macri le delegó la firma en su momento para que clausurara definitivamente esa investigación.
¿Qué significa esto? Que, tal como dice la resolución firmada por Zannini como jefe de los abogados del Estado, se reabre el sumario contra (valga la redundancia) los abogados del Estado Juan Manuel Mocoroa y María Alejandra Gottard que, siendo funcionarios de Macri, avalaron la oferta de pago de la deuda del Correo que implicaba una quita de más de 70.000 millones de pesos.
Esto se limita a la investigación interna dentro de la Procuración del Tesoro, que es el organismo que asesora en materia jurídica al Poder Ejecutivo. Es decir que la decisión de Zannini va más allá de cómo siga la cuestión judicial respecto del decreto de Michetti/Macri que dispuso que no se investigaría más, hoy ya anulado.
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La resolución que firmó Zannini reconoce que el fallo del juez Pablo Cayssials que anuló el decreto de Michetti/Macri no está firme. Pero Zannini detalla que aún así tiene el “deber legal” de revocar la resolución de la Procuración del Tesoro (organismo que nuclea a los abogados del Estaod) porque está viciada de nulidad y que “corresponde dejar sin efecto de manera inmediata, por razones de ilegitimidad”, la resolución que cerró el sumario. ¿Por qué? Porque quedó en evidencia que la gestión Macri cerró este sumario interno sin investigar.
La decisión deja expuesto a Bernardo Saravia Frías, predecesor de Zannini, que maniobró para proteger a Macri y cerró el sumario el 3 de mayo de 2018. No fue extraño: antes de ser procurador del Tesoro Saravia Frías fue abogado de la familia Macri. Mejor dicho, nunca dejó de ser abogado de los Macri pero pasó a serlo con patente de funcionario público.
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Todo esto comenzó el 10 de febrero de 2017, a dos días de conocerse la maniobra de Macri para condonarle la multimillonaria deuda con el Estado a su familia. El fiscal Sergio Rodríguez, que comanda la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -una unidad anticorrupción que depende del Ministerio Público Fiscal- le pidió a la Procuración del Tesoro -cabeza de los abogados del Estado y parte del Poder Ejecutivo- , que iniciara un sumario para investigar el rol de los abogados que intervinieron es ese acuerdo entre los Macri de uno y otro lado del mostrador.
El procurador del Tesoro por entonces era Carlos Balbín, designado por Macri. Aún así le dio curso a la investigación, algo que fue su catapulta fuera del Gobierno cambiemita. Macri nombró en su lugar a Saravia Frías, que apenas llegó dio una orden: “Lo de Correo hay que arreglarlo”. Y lo hizo: el 3 de mayo de 2018 cerró el sumario que había iniciado Balbín. El fiscal anticorrupción Rodríguez apeló esa decisión y la cuestión quedó entonces en manos del entonces presidente Macri, que tenía que definir qué pasaba con ese sumario.
El 4 de octubre de 2018 Macri se excusó de intervenir y le delegó el caso a Michetti. En el decreto 882, donde se excusó, Macri escribió que en tanto sus familiares “mantengan sus participaciones societarias en las empresas controlantes de CORREO ARGENTINO S.A., considero encontrarme alcanzado por el deber de abstención que dicha norma legal (la ley de Ética Pública) impone, motivo por el cual, razones de decoro, delicadeza y transparencia en el ejercicio de la función pública resultan el fundamento pertinente para proceder a mi excusación en la intervención que pudiera corresponderme respecto de cualquier asunto relacionado con la mencionada empresa”.
Lo cierto es que fue la única vez que Macri se excusó. Y al hacerlo reconoció que en todas las anteriores violó la ley. Esto incluye la aceptación de la propuesta que implicaba una quita del 98.82% de la deuda, sus declaraciones de que el expediente volvía a foja cero (algo que él no decidía pero dijo igual) e incluso la confesión de su ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, que en un escrito reconoció que actuaba "siguiendo expresas instrucciones del señor Presidente de la Nación”.
En los considerandos Michetti puso que “en la investigación sumarial, se tuvo por cierto que los letrados actuantes en representación del ESTADO NACIONAL, en la audiencia del 28 de junio de 2016, lo hicieron conforme a expresas instrucciones del entonces Ministro de Comunicaciones, por lo que sus conductas no generaron responsabilidad administrativa que les sea reprochable”. O sea, dice que todo fue responsabilidad de Oscar Aguad.
Con esta decisión de Zannini se retoma el sumario interno que mandó a cerrar Macri, aunque la firma fuera de Michetti.
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