La marcha del 1F, la ampliación de la Corte Suprema y el acuerdo con el FMI

El Gobierno ofreció llegar a déficit cero en 2026 y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pide que sea en 2025. Si el ministro de Economía, Martín Guzmán, firma un ajuste es muy probable que el peronismo vuelva al llano en 2023. La extraordinaria temporada veraniega extendió el impulso económico de 2021. El consumo masivo lleva seis meses de crecimiento según la consultora internacional Scentia y en diciembre fue un 6,5% superior al mismo mes de 2020. Guarismo que los argentinos no ven desde 2015. La inversión ya es un 23% superior que en el último año de Mauricio Macri y las exportaciones son las más altas desde 2012. El nivel de empleo es 0,7% superior a 2019. Todos esos logros del gobierno en medio de la pandemia del coronavirus están en peligro frente a la durísima posición del FMI frente a la deuda heredada de Macri.

Alberto Fernández está cada día más molesto con el staff del organismo y hasta hace unos días con la administración estadounidense. Ahora asegura que el viaje de Santiago Cafiero fue exitoso, pero no se confía. El rumor de que podría suspender un pago al FMI para presionar salió de un funcionario cercano. Más desconfían en el Instituto Patria: “Los que le dieron el crédito a Mauricio Macri para apoyarlo son más poderosos que entonces y operan contra Argentina. Christine Lagarde desde el Banco Central Europeo, Mauricio Claver Carone desde el BID y, fundamentalmente, David Lipton desde el Tesoro”, señalan.

Los bonos argentinos cayeron 10% en lo que va de enero y cotizan 40% por debajo del valor que tenían en su lanzamiento, en septiembre de 2020. Cuando se realizó el canje de deuda, el Riesgo País bajó a 1000 puntos; desde entonces viene subiendo y se acerca a 2000. Nadie cree que la deuda que dejó Macri sea pagable. Intentar hacerlo en los términos que imponga el FMI puede ser un suicidio político.

Es un momento crucial. El FMI pide firmar un ajuste y a cambio ir realizando desembolsos a medida que venzan los compromisos que tomó Cambiemos. Los funcionarios del organismo vendrán cada tres meses a supervisar el ajuste. Se instalarán en el Hilton, harán declaraciones ruidosas, mantendrán calientes los mercados. Si no se cumple lo firmado se cancelan los desembolsos y el país cae en default. Habiendo tantos interesados en el fracaso del Frente de Todos no sería extraño que elijan soltarle la mano al gobierno bien cerca de las próximas elecciones. Si el futuro es el default mejor elegir el momento: bien lejos de las elecciones. Hay una certeza: la deuda es impagable. Y una sospecha: el FMI va a jugar otra vez para la derecha local. Hay que decidir cómo se enfrente esa realidad.

La marcha está en marcha

La Corriente Federal de Trabajadores, CTA, Camioneros... cada día se suma un nuevo sindicato a la marcha del 1F. La posibilidad de que la CGT en su conjunto convoque no está cerrada. “La Cámpora no convoca, pero los compañeros van a ir”, afirman en la agrupación que preside Máximo Kirchner. También irá el Movimiento Evita, que aún no decidió si también convocará. Madres, Abuelas, intendentes. La marcha está en marcha. Habrá un solo orador como en los 24 de marzo y se piensa en un estudiante de Derecho. Leerá un documento firmado por todos los convocantes. Los cuatro miembros de la Corte Suprema enfrentarán una marcha multitudinaria, fotos con sus caras inundarán la ciudad y estarán varios días en las pantallas de televisión. Difícilmente haya una oportunidad mejor para el Gobierno de ir al Congreso a modificar la Corte, ampliarla y cambiar su funcionamiento. Quizá no alcance con la marcha, pero no intentarlo sería resignarse a gobernar con escaso poder. Incluso, a convalidar una época oscura del Poder Judicial.

Alberto es un presidente importante: el presidente que enfrentó la pandemia con más vacunas que muchas potencias, el que renegoció deudas gigantescas, el que logró crecer más que todos los países del G20 en el año que pasó. Debe dejar registro histórico de su posición frente a los sótanos de la democracia e intentar terminar con ellos.

Vidal hasta las manos

Franco Mizrahi publicó este viernes en El Destape que en los días inmediatamente posteriores a la reunión “Gestapo” del 15 de junio de 2017 en la que se armó la causa contra el Pata Medina el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, el ex ministro de Justicia, Gustavo Ferrari y su número dos, Adrian Grassi, que estuvieron en la reunión en el Banco Provincia, visitaron la AFI. Las reuniones fueron con los popes del organismo Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Diego Dalmau Pereyra. Este último estuvo también en la reunión en el Banco. Mizrahi publicó además que el 30 de junio de 2017 se presentó una denuncia anónima contra el Pata Medina, seguida por una segunda denuncia anónima el 31 de julio, que el periodista pudo chequear fue confeccionada con los partes de la AFI. El 22 de agosto Medina fue imputado. El 24 se reunieron en la Rosada Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas y Gustavo Arribas.

Ministros de la provincia que nada tienen que hacer en la AFI fueron al organismo luego de la reunión en la que se los ve y escucha planear el armado de una causa y luego surgió una denuncia anónima con datos del ente. Luego entra Vidal: la jefa.

El plan mafioso de Macri y Vidal

Fue un plan preconcebido: no empezó a gestarse cuando Cambiemos llegó al gobierno. A pocos días de asumir Mauricio Macri la estructura estaba montada. Antes del 31 de diciembre de 2015 se habían tomado las principales medidas:

1. Macri le sacó la oficina de escuchas a la ex Procuradora general Alejandra Gils Carbó. Necesitaba esa estructura y se la pasó a la Corte. El 17 de diciembre, a siete días de asumir, Macri se reunió con Ricardo Lorenzetti en la Rosada, según surge de los libros de entrada. Dos fuentes aseguraron a este medio que ese día, entre otras cosas, se pactó el traspaso.

2. La segunda decisión fue derogar por decreto las modificaciones a la ley de Inteligencia dictadas por Cristina Kirchner para disponer de fondos reservados para la AFI por 100 millones de dólares sin ningún control para pagar el espionaje.

3. Se designó por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia para asegurarse la mayoría. Luego se decidió que pase por el Senado.

4. Ampliaron las bases de la AFI. Llevaron a siete las oficinas en la provincia, el lugar que querían capturar para barrer con el kirchnerismo.   

5. Se creó la mesa judicial

Todo se hizo en los primeros 20 días de gobierno. Tuvo que planearse antes.

El 5 de abril de 2018 la secretaria del ex jefe de la AFI Gustavo Arribas envió un correo electrónico llamando a una reunión de la mesa judicial. El Destape accedió a ese texto.

“Les aviso que la próxima reunión de Coordinación de Justicia se realizará el jueves 12 a las 17 hs en Casa Rosada, con la participación del presidente. Les pido me confirmen su asistencia. Besos. Sole”.

Esa Mesa Judicial decidía la suerte y libertad de los dirigentes populares. Como el Batallón 601en la dictadura, la Mesa Judicial decidía el destino de los blancos elegidos.

No fue cuentapropismo: fue un grupo mafioso que llegó al Gobierno por voto popular -ayudado por el armado del caso Nisman y la operación contra Aníbal Fernández- y que desde ahí utilizó las herramientas del Estado para perseguir dirigentes políticos, gremiales, dueños de medios y periodistas con el fin de instalar un modelo económico de concentración,  entrega y “miseria planificada”.

“El gobierno de Cambiemos rompió el pacto democrático de 1983, que consistía en que nunca más las fuerzas políticas íbamos a promover un golpe contra el adversario. Nunca más usar al Estado para perseguir opositores”. Así lo definió Leopoldo Moureau con precisión.

Hoy esa mafia trata de cubrir sus pasos. En su retirada la dictadura sancionó la ley de auto amnistía. Ahora son fallos de auto amnistía en Comodoro Py, como el de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que revocaron el procesamiento de Gustavo Arribas y culparon del espionaje ilegal a “cuentapropistas”.

La marcha sola no alcanza

Hasta hace poco el presidente Alberto Fernández ponía en duda la existencia del lawfare. Hablaba de “casos aislados y de comunión de intereses circunstancial en algunos temas entre protagonistas nacionales”. Hoy cambió de opinión. El tema es qué va a hacer con las pruebas que hay sobre la mesa.

La marcha sola no alcanza. Es necesario analizar si el acto puede ser el empujón final que desempate el duelo entre la mafia y el movimiento popular. Cerca de Cristina afirman que el acto debería ir unido a “una convocatoria a personalidades de la vida pública nacional que investiguen y difundan lo que pasó en la justicia en los últimos años” y en ese contexto enviar “el Proyecto de ampliación de la Corte en las extraordinarias de febrero”.

Cerca de Alberto, en cambio, se afirma que “la marcha afianza a los nuestros, pero no acumula políticamente y no cambiará las posiciones de diputados y senadores”. Lo comparan con lo que sucedió con el Presupuesto. “Los gobernadores necesitaban el Presupuesto más que nosotros y no lo votaron”, ejemplifican. El tema está en debate y el tiempo apremia, si es que se decide utilizar la marcha como punto de apoyo.

El FMI, la Corte y el 2023

La Corte y el FMI juegan en contra del Gobierno y defienden intereses antagónicos a los que representa el Frente de Todos. Ambos demostraron ser capaces de llegar muy lejos para defenderlos. El fondo, con el préstamo delirante a Macri. La Corte, con fallos como el que ordenó que permanezcan en sus cargos los jueces macristas impuestos por decreto Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi,  el fallo que intentó resucitar una ley derogada sobre el Consejo de la Magistratura o el apoyo a Larreta con las clases presenciales. Los intereses que representan el fondo y la Corte quieren al FDT fuera del poder. El gobierno tendrá que decidir cómo los enfrenta.