Mientras la negociación con el Fondo Monetario Internacional está pasando por su momento más álgido, se espera que el final de la feria judicial traiga novedades en la causa que investiga al expresidente Mauricio Macri y a figuras de primera línea de su gobierno por irregularidades a la hora de suscribir el crédito por más de 50 mil millones de dólares con ese organismo y por negligencia en el uso que se le dio a esas divisas.
En los últimos días del 2021 se incorporó a la causa la evaluación que realizó el staff del FMI respecto de ese programa fallido. El documento contiene nuevos elementos que confirman la existencia de delito en la maniobra de endeudamiento y fuga que se llevó a cabo a partir de mayo de 2018, evalúan en el gobierno. La Procuración del Tesoro hará en los primeros días de febrero una presentación para señalar esas novedades.
Algunos medios publicaron esta semana que ese área de abogados que representan al Estado argentino, encabezada por Carlos Zannini, había pedido la declaración testimonial de miembros del staff del Fondo. Lo interpretaban como un obstáculo del ala kirchnerista del gobierno a las negociaciones en su punto más sensible, cuando el tiempo para acordar se acaba y las diferencias persisten.
Lo cierto es que el pedido para que se arbitren los medios necesarios para contar el con el testimonio de esos funcionarios del FMI, entre los que se encuentra el entonces jefe de la misión en Argentina, el italiano Roberto Cardarelli, no es reciente sino que se realizó en diciembre, cuando el status de la negociación era otro, más apacible. La jueza María Eugenia Capuchetti tuvo presente el pedido.
Por otra parte, Capuchetti, designada durante el gobierno de Macri por su cercanía al operador judicial Daniel Angelici, aún debe decidir respecto a la citación a indagatoria al expresidente y los exfuncionarios del área económica Nicolás Dujovne (ministro de Hacienda), Guido Sandleris, Federico Sturzennegger (presidentes del Banco Central) y Luis “Toto” Caputo (ministro de Finanzas y ex BCRA), pedidas en noviembre del año pasado.
La causa, que unifica varias denuncias relacionadas al endeudamiento con el FMI, investiga los delitos de violación de deberes de funcionario público, defraudación por administración infiel y malversación de caudales públicos. La pesquisa también intenta averiguar quiénes fueron los que adquirieron divisas en el período en el que ingresaron los dólares del préstamo, es decir los que se beneficiaron con la fuga.
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