Diputados y senadores nacionales del Frente De Todos reunieron a casi 200 empresarios de PyMEs que les expresaron su respaldo al proyecto de ley de Creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero fugado.
En el salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, legisladores de ambas Cámaras, encabezados por los presidentes de los bloques, Germán Martínez y José Mayans, encebezaron un encuentro con referentes de las PyME, quienes manifestaron su apoyo a la sanción del proyecto de ley. El encuentro fue organizado por legisladores de la Cámara de Diputados y Senadores.
La mesa de legisladores contó con una amplia participación de representantes de Diputados y Senadores. Los empresarios fueron representados por 28 cámaras del sector, como APYME, PyMEs Sur, Mesa de Unidad Pyme, Frente Productivo Nacional y Mujeres Argentinas por el Desarrollo, entre otras.
El expediente impulsado por el Frente de Todos tuvo en mayo la sanción en el Senado. En Diputados, el oficialismo logró la aprobación del dictámen de mayoría en el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto de la Cámara baja, realizados en junio.
Qué dice el proyecto para cancelar la deuda con el FMI con dinero fugado
El texto establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI. Además, dispone que sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para las recompensas a los colaboradores, a la vez que determina que el fondo será administrado por el Ministerio de Economía.
El proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso. Según establece el proyecto, el pago deberá efectuarse en dólares estadounidenses, con recursos que el sujeto posea en el exterior.
A través de la hipotética ley, se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar plazos de pago que podrán llegar hasta 12 meses y se dispone que las personas obligadas que no ingresen el pago deberán cumplir con todas las obligaciones tributarias omitidas y/o evadidas según las leyes impositivas. Los sujetos obligados que no realicen el pago podrán ser denunciados por los delitos establecidos en el Código Penal y/o en la Ley Penal Tributaria.
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Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%. La iniciativa introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.
El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.
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