El informe que la Sindicatura General de la Nación que derivó en la denuncia del gobierno de Alberto Fernández contra Mauricio Macri y exfuncionarios de su equipo económico por el endeudamiento contraído con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2018, arroja durísimas conclusiones. El documento al que accedió El Destape destaca que el acuerdo que derivó en el endeudamiento del país por más de 44 mil millones de dólares arroja "incumplimientos" en torno a los procedimientos necesarios para sus firma. Entre ellos, la
La denuncia que se dio a conocer el viernes fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5. En ella se acusa por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" no solo a Macri sino también al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
El informe de SIGEN que analizó las responsabilidad de esos funcionarios que actuaron en la materialización del acuerdo y la posible existencia de perjuicio para el patrimonio público fue remitido por el titular del órgano, Carlos Montero, al presidente Alberto Fernández y al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, organismo que ya formalizó una denuncia penal por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" por los procedimientos aplicados para el acuerdo
Entre las conclusiones, se constataron “incumplimientos en los procedimientos esenciales aplicables a la suscripción del Acuerdo Stand By firmado entre la República Argentina y el FMI en el mes de junio de 2018 y su ampliación”.
En este sentido, el informe expresa que los compromisos asumidos con el FMI fueron "sin determinarse antes su impacto en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento, al tiempo que se omitió deliberadamente cumplir con los mecanismos normativos exigidos para este tipo de operaciones”.
En relación a esto, se marca que el informe del BCRA hecho con posterioridad a la firma de la Carta de Intención se circunscribió a “analizar la razonabilidad del programa de política monetaria descripto en la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional”, sin expedirse sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, tal como lo exige el artículo 61 de la Ley 24.156: "En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos…”.
Las consecuencias derivadas de la ejecución del Acuerdo con el FMI fueron observadas por el Banco Central de la República Argentina en su Informe de "Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019”, referidas a la fuga de capitales del sector privado, la formación de activos externos y deficiente controles cambiarios.
De ese informe se desprende que prácticamente la totalidad de los desembolsos efectuados por el FMI (U$S 44.500 millones) fueron utilizados en el mismo período para la formación de activos externos, sin que se hayan tomado medidas tendientes a limitar o impedir esta situación hasta octubre de 2019. "Pudo observarse la existencia de incumplimientos de los objetivos fijados en la Carta de Intención de fecha 12 de junio de 2018 producidos en forma concomitante con su celebración, en lo referido al destino de los fondos desembolsados por el FMI"
Para la SIGEN "ha quedado demostrado que los funcionarios actuantes han suscripto el mentado Acuerdo sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la normativa vigente que fundamentaran la decisión, y sin contar con la autorización suficiente".
“La gravedad de los hechos y la enorme relevancia económica del préstamo analizado amerita la adopción de urgentes medidas con el objeto de determinar el perjuicio fiscal existente como consecuencia del uso inadecuado de los fondos”, indicó el informe de la SIGEN, en línea con la decisión de Fernández de iniciar una querella criminal contra Macri y varios funcionarios de su gobierno por el endeudamiento contraído.
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