Eran las 8 de la mañana cuando uno de los delegados de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llegó a su puesto de trabajo en el edificio central de la Secretaría de Derechos Humanos, ubicado en el predio de la ex Esma. Lo recibió un efectivo policial y le negó el ingreso: así se enteró de su despido, pese a que por ley ni su sueldo ni sus condiciones laborales pueden modificarse. No es el único, en total son 15 les afectades en la misma condición. “Esto es claramente contra la lucha que venimos llevando adelante y va en detrimento de la organización de les trabajadores”, denunció ante El Destape la delegada de ATE Paula Donadío.
Según explicó ante este medio Nana González Rehermann, representante de ATE en el Ministerio de Justicia, por la Ley de Asociaciones Sindicales les delegades y representantes gremiales están protegidos. “Tenés estabilidad para que no haya persecución por ser representante de los intereses de los trabajadores, no pueden despedirte ni cambiarte las condiciones laborales: modalidad de contrato, lugar o sueldo”, especificó.
Sin embargo, nada de eso ocurrió en este caso en la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Alberto Baños, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, de Mariano Cúneo Libarona: luego de ser recibidos por un efectivo policial, la información llegó a cuenta gotas y de manera dispar. Hubo quienes recibieron una carta documento, otros que supieron a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que usa el Estado y hubo quienes todavía no saben cómo seguirá su situación. Les informaron que “se extinguía el contrato que tenían con el ente de cooperación ACARA. Sin indemnización. Algunos con más de 20 años de antigüedad”, contó Donadío. ACARA es la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, que desde el 31 de diciembre pasado dejó de ser empleador del Ministerio de Justicia según la resolución 376, por lo que el Gobierno nacional decidió despedir a 2400 persona, tal como festejó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
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Hasta ahora, en la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo desmantelamiento comenzó a profundizarse sobre el final del 2024 -con el anuncio del cierre temporal del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti- la implementación de la decisión del Gobierno significó el despido de 256 personas entre despidos y retiros. Además, de otras 68 personas que ya habían sido desvinculadas durante el año pasado.
Luego de haber realizado un abrazo y un festival "una memoria que arde" en defensa de las políticas de derechos humanos históricas y pioneras en nuestro país, la modalidad en la que las decisiones de Gobierno fueron comunicadas dan cuenta de lo que ATE denunció en el comunicado que difundió: “Crueldad, extorsiones, persecución y violencia”. En la ocasión anterior, por ejemplo, les trabajadores supieron del fin de sus contrataciones el 31 de diciembre por WhatsApp y fueron recibidos en el primer día hábil del año, también con policías.
“Estos despidos son parte del desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia por las que este país luchó durante 40 años”, denunció Donadío.
Es que, justamente, el recorte de personal a la mitad -quedan poco más de 500 en todo el país- impacta de lleno en la puesta en marcha de las políticas de derechos humanos sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Para poner un ejemplo, en la última tanda de despidos hay personas que trabajaban en el Conti -lugar de referencia nacional e internacional para la cultura y a memoria-; también del Archivo Nacional de la Memoria, de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUSTE).
”En agosto despidieron abogados que se encargaban de las causas de delitos de lesa humanidad en Córdoba y La Rioja, ahora Mendoza también quedó sin representación”, dijo Donadío.
Paula es delegada y trabaja en el Archivo Nacional de la Memoria, un espacio que tiene en custodia fondos y colecciones de origen público y privado, en su mayoría vinculados con la última dictadura cívico-militar, que sirven como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad y son sostén de las políticas de reparación a las víctimas. Ella contó que a lo largo de este año de la gestión Javier Milei en el Ejecutivo se encargaron de intentar mantener a flote las distintas políticas, pero reconoció que el escenario es cada vez más devastador.
“En los espacios de memoria los recorridos guiados y hasta la apertura misma de los lugares se ve dificultada. Se perdieron psicólogos, antropólogos. Acá hay compañeros abogados que tomaron las causas de otras provincias, pero no es lo mismo. A nosotres nos llegaron pedidos de señalización de ex centros clandestinos y no sabemos cómo vamos a seguir cuando volvamos”, cerró.
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