El pasado viernes 12 de abril por la tarde-noche 40 trabajadores y trabajadoras de la ex Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf, hoy Subsecretaría de Políticas Familiares) recibieron una notificación en su correo en donde les anunciaron su desvinculación del Ministerio de Capital Humano. Son de distintas partes del país y estaban contratadas bajo la modalidad de lo que se conoce como “planta transitoria”, de renovación anual automática. En los últimos días les liquidaron los sueldos adeudados, sin embargo, no les contabilizaron allí los últimos 12 días que asistieron a trabajar. El área depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en la actualidad envuelta en el escándalo por la retención de 5 mil toneladas de alimentos.
La ex Senaf está a cargo de Ana Belén Mármora, una militante antiaborto que aún persiste bajo la órbita de lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social, que estaba a cargo de Pablo de la Torre. Hasta diciembre, contaba con una planta de 2436 personas, de las cuales unas 400 ya fueron despedidas en tres tandas e incluyó el cierre de los 56 Centros de Referencia (CDR). La última tanda de despidos incluyó una nómina que, en su momento, se presumió de 25 personas (como se contó en esta nota), pero con el tiempo se ratificó en 40. Según confirmó ante El Destape, el delegado gremial de la Junta de ATE, Adolfo Dardik, todas esas personas estaban contratadas bajo el artículo 9 de la Ley marco 048, en lo que se conoce como “planta transitoria”. Una modalidad que establecida la renovación contractual anual automática.
Todo ello, para completar los más de 70 mil despidos del Estado que el Gobierno ultraderechista de Javier Milei prometió.
“Estaba desde 2021, pero trabajé en el Estado desde 2017”, contó en su momento ante El Destape "Sabrina", una de las despedidas que aquel viernes de abril recibió la notificación de desvinculación en su correo electrónico y que pidió el resguardo de la identidad. Ella es socióloga, recibida con honores de la Universidad de Buenos Aires y, pese a que asistió todos los días a su oficina, el Ministerio no le pagó esos 12 días trabajados.
“Después de estos dos meses nos hicieron la liquidación, que consta de los pagos pendientes: las vacaciones no gozadas y el proporcional de aguinaldo, pero no me habían depositado lo que trabajé de abril. Cuando me enteré, circulé la información con mis compañeros. Todavía no sabemos quién es que tomó esa decisión. Hice una notificación de servicios y me dicen que trabajé hasta el 31 y yo tengo la planilla firmada que muestra que trabajé hasta el 12”, contó ante este medio. También relató que estos meses fueron “horribles” y que encontrar trabajo es “muy difícil” en este momento: “Soy profesional y la mayoría de las búsquedas son para personas que recién están empezando. Yo me formé especialmente para trabajar en el sector público”.
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“Lo que pasó es que hicieron el corte al 31 de marzo. Cursamos un pedido dos pedidos fin de rectificaran las notificaciones e incluyeran los 12 días de abril, pero todavía no nos respondieron”, dijo ante este medio Dardik. Según contó, las y los despedidos tienen residencia laboral en distintas partes del país. La nota, a la que tuvo acceso a este medio, está dirigida a Mármora y señala que en los haberes liquidados a las y los 40 trabajadores despedidos se les “omitió” la fracción de 12 días, como el proporcional que debería impactar en el proporcional del aguinaldo.
“Siendo su responsabilidad el uso racional eficaz y eficiente de los recursos económicos del organismo y a fin de evitar una erogación mayor, en caso de medir una instancia judicial reclamando en la figura de ‘fraude laboral’ la liquidación que les corresponde por derecho, le reiteramos impulse el pago de los días omitidos”, cierra la misiva.
“Más allá del reclamo gremial que hemos hecho, entendemos que la situación política que atraviesa el Gobierno ha implosionando hacia el Ministerio de Capital Humano, en donde se desató un canibalismo político interno”, graficó, por las denuncias cruzadas entre funcionarios que se desató con el escándalo por la retención de 5 mil toneladas de alimentos durante seis meses. “Todo este escándalo profundiza la parálisis de gestión que venía arrastrando el Ministerio”, precisó Dardik.
Es que, la falta de personal afecta también al funcionamiento de la ex Senaf, que tiene a su cargo 2700 espacios de primera infancia a lo largo de todo el territorio nacional -sobre todo en situación de vulnerabilidad social-, que reciben a 170 mil niños y niñas de entre 45 días y 4 años; y, además, ocho hogares de atención para adultos mayores. “Hay equipos técnicos parados, los hogares de adultos mayores no tienen director asignado, los centros de desarrollo infantil siguen funcionando porque los compañeros y compañeras están y siguen yendo a laburar, te diría, en automático, para cumplir con las funciones de asistencia directa, a veces cumpliendo 12 horas de trabajo”, dijo el delegado gremial.
Además de esos espacios, la situación afecta directamente al cumplimiento de otras leyes, de las que desde el ex Senaf se encargaban de difundir y, también, de llevar adelante capacitaciones para otros organismos del Estado como para la sociedad en general. Entre ellas, la Ley Mica Ortega, de prevención y concientización del grooming y ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes; y la Ley Lucio Dupuy, para prevenir violencias y abusos en las infancias.
“Somos organismo que entrega la reparación para hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio, bajo la Ley Brisa. Todo eso quedó paralizado”, denunció Dardik.
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