Despidos en el Estado: el Gobierno habilita la extensión de contratos por 3 meses

En medio de los despidos masivos y del paro de ATE, el Gobierno de Javier Milei habilitó la extensión de los contratos de trabajadores estatales por tres meses. Lo hizo luego de que el propio presidente Javier Milei amenace con la posibilidad de miles de despidos en el sector público.

La medida fue informada a través del Decreto 286/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial: la norma lleva tanto la firma del líder libertario como la del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. "Establécese que las contrataciones de personal destinado a la prestación de servicios en cumplimiento del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, y de otra forma de contratación, que hayan sido debidamente renovadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto N° 84 del 23 de diciembre de 2023, podrán ser renovadas hasta el 30 de junio de 2024", señala el texto difundido.

Al justificar la norma, el jefe de Estado explicó que "atento que el plazo máximo que el precitado decreto autorizó a prorrogar las contrataciones de personal en las condiciones allí previstas se encuentran próximas a vencer, y con el fin de garantizar la continuidad de las contrataciones por razones impostergables de funcionamiento de la Administración Pública Nacional, es que resulta necesario ampliar la facultad otorgada a los funcionarios con competencia en la materia" para poder extender los vínculos laborales hasta mediados de año.

Una de las medidas que había establecido Milei días después de su asunción había sido limitar la posibilidad de contratar personal y en las últimas semanas había deslizado la chance de avanzar en un feroz ajuste de la planta de trabajadores estatales: el mandatario llegó incluso a poner la cifra de 70 mil contratos para dar de baja. Ese anuncio provocó un fuerte rechazo por parte de ATE, que convocó a concentraciones en ministerios y organismos públicos para respaldar a los trabajadores cesanteados.

ATE confirma que ya son más de 11.000 despidos y se vienen medidas de fuerza

Según el monitoreo de despidos que realiza la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya contabiliza más de 11 mil despidos en toda la Administración Pública. "No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos por las cesantías masivas. Se están cometiendo delitos penales", sostuvo Rodolfo Aguiar. 

“El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular. Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE. Y apuntó: “No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos antes de lo que cualquiera pudiera imaginar”.

Aguiar explicó que “vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad”. Además, el dirigente resaltó que el artículo 226 del Código Penal da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales, elevando la pena mínima a un tercio cuando se trate de funcionarios públicos.

“Despedir tantos trabajadores a tal punto que hasta delegaciones enteras tienen que cerrar, como ocurrió con ANSES, restringe de manera grave el derecho a la seguridad social, y lo mismo empieza a ocurrir con otros servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar: educación, salud, seguridad alimentaria y hasta la posibilidad de prevenir catástrofes, cuestión ahora afectada porque el recorte alcanzó hasta el Servicio Meteorológico Nacional”, agregó el referente estatal.

“Por otro lado, esta decisión gubernamental violenta pactos internacionales que también tienen rango constitucional. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aplica a partir del Protocolo de San Salvador, en su artículo 6 obliga a los Estados a defender el trabajo e impulsar el pleno empleo, y esto precisamente no es lo que está ocurriendo”, continuó el Secretario General de ATE.