La desaparición de Loan Danilo Peña, el pasado 13 de junio en 9 de Julio, Corrientes, sigue conmocionando al país en una búsqueda de 20 días sin indicios del niño de 5 años. La investigación atravesó diversas líneas, hipótesis y giros que van desde una posible captación de menores para fines de explotación -por el que hay seis personas detenidas- hasta la posibilidad de un homicidio y ocultamiento del cuerpo. En el medio, una familia hipermediatizada por algunos periodistas que nuevamente vuelven a hacer un show de una tragedia. Además, un gobierno provincial con fuertes denuncias y pedidos de renuncias. La cronología de un caso en el que se hizo todo mal.
El Destape trazó una línea de tiempo desde aquel 13 de junio cuando Loan llega a caballo a la casa de su abuela Catalina en 9 de Julio, Corrientes, para almorzar junto a su padre por el Día de San Antonio. En ese encuentro estuvieron presentes parte de los seis detenidos, entre ellos, Bernardino Antonio Benítez, y la pareja amiga de éste, Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Después del almuerzo, Benítez, Ramírez y Millapi llevan a Loan y otros niños a un naranjal cercano, pero Loan nunca regresó. Estos serían los primeros acusados.
Entre el 14 y el 20 de junio comenzó la búsqueda del menor con rastrillajes, perros y buzos tácticos. Inicialmente se creyó que Loan se había perdido, pero luego surgió la hipótesis de un posible secuestro después de que un testigo afirmara haberlo visto en el municipio de Ibicuy. En estas fechas, Benítez, Ramírez y Millapi fueron detenidos por negligencia en el cuidado del pequeño. Recién el viernes 21 de junio la Justicia tomó un nuevo rumbo y fueron detenidos María Victoria Caillava, ex funcionaria de 9 Julio; su esposo, el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez, y el comisario del pueblo, Walter Maciel, encargado de la búsqueda del niño, investigado por el supuesto desvío de la investigación. Un peritaje odorología arrojó que el niño estuvo dentro de los autos de la pareja.
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Recién, diez días después, el 24 de junio, la Fiscalía imputó a cinco de los detenidos bajo la acusación del delito de "captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años", mientras que el comisario a cargo de la búsqueda por encubrimiento. Para este momento, el terreno en el que había desaparecido Loan había sido totalmente “embarrado” y las declaraciones llegaban más rápido a los medios que a la Justicia. Crecieron las dudas sobre posibles pistas falsas y todo iba a volver a foja cero cuando la Justicia provincial se declaró incompetente y pasó al fuero federal. Hoy, Laudelina, una de las mujeres que estuvo en el almuerzo, abrió otra línea de investigación: dijo que el niño fue atropellado por la pareja de Caillava y Pérez y la amenazaron para que no lo cuente. Ese testimonio aún no llegó a la Justicia Federal porque lo realizó en el fuero provincial, algo totalmente ilegal y avalado por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Nadie tomó cartas en el asunto y la investigación se sigue demorando.
Caso Loan: la investigación comenzó con una hipótesis errada
En este marco, desde La Alameda puntualizaron a El Destape sobre todos los errores de la investigación por la desaparición de Loan: desde la falta de activación de protocolos ante la pérdida de un menor de edad, la alerta Sofía, de Interpol y los errores en los rastrillajes y las declaraciones. “La investigación desde el minuto cero no siguió el protocolo de búsqueda que establece Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal y al cual adhiere el Ministerio de Seguridad que establece que cuando se trata de niños o niñas y adolescentes y mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad siempre hay que, en el abanico de hipótesis, tratar de encuadrar la investigación alrededor de la hipótesis más severa”, apuntó el titular de Alameda, Gustavo Vera.
En este sentido, se debería haber descartado la hipótesis más liviana que tiene que ver con un extravío o pérdida para investigar la más severa que consiste en la posibilidad de una trata con fines de explotación laboral o sexual o de otros fines de modalidades de trata. A partir de que se encuadra alrededor de la hipótesis más severa se le da competencia federal, esto significa que juzgado federal se hace cargo del caso.
Participación de las mismas fuerzas implicadas: la policía local investigándose a sí mismo
Al no aplicar el protocolo que exige Protex también se comete otro error: no se reemplazaron las fuerzas locales de seguridad por fuerza federales, por lo tanto se sigue exponiendo la búsqueda durante las horas cruciales del caso. “Si una de las hipótesis puede ser trata, siempre hay complicidad estatal por lo que es siempre aconsejable que no investigue la propia policía de la zona”, apuntó Vera. Esto se vio reflejado cuando a diez días de la desaparición de Loan detuvieron a Walter Maciel, el policía que estuvo al frente de la búsqueda y a quien se lo acusa de encubrimiento, obstaculizar la investigación y plantar falsas pistas. Párrafo aparte: se trata de un efectivo con un prontuario con denuncias de abuso sexual y de poder y seguía al mando.
A esto se suma la casa donde estuvo alojado Laudelina que pertenecía al comisario Acosta. “Esto demuestra por qué nunca es conveniente investigar una hipótesis trata con la Policía Local por la posible existencia de connivencia en relación a ese delito que en general no ocurre si no es una zona liberada”, afirmó.
Demora en activación Alerta Sofía
La tardío traslado de la investigación a la esfera federal generó demora en el sistema de búsqueda de menores que incluye la falta de inmediatez y simultaneidad de la alerta Sofía y de radiar la imagen de la persona desaparecida en todos los lugares públicos y masivos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. También la demora en la articulación con Interpol para la alerta amarilla y con los organismos antitrata, tanto ejecutivos como judiciales de los países limítrofes donde presuntamente podría estar la persona desaparecida en este caso Brasil, Paraguay y Uruguay por la cercanía geográfica.
Asimismo, la falta de colocación inmediata de retenes en la entrada y salida del pueblo y en la frontera provincial de Corrientes particularmente con Chaco y con la zona fronterizas. Como tampoco una alerta de Vialidad Nacional a lo largo de las rutas y en los controles de peaje.
Interrogatorio a todos los testigos
Según Vera, “todos los que estuvieron en ese almuerzo tendrían que haber sido interrogados ese mismo día para ver si los imputados o no a todos. Se les tendría que haber secuestrado inmediatamente iniciado las pericias de los celulares y los vehículos en que llegaron al lugar como también la reconstrucción se tenía que haber hecho a la mayor brevedad posible.
“Cuando habitualmente se toman todas estas medidas simultáneas en las 24 y 48 horas suele ser bastante efectivo el proceso de búsqueda de personas, y si bien muchas veces pueden ser falsas alarmas, por ejemplo de menores que desaparecieron en situaciones de vulnerabilidad, que lo buscamos con estos métodos y que los ubicamos pronto y no eran trata, esto no quita que no se aplique este protocolo preventivamente”, remarcó. De esta manera, enfatizó que “la primera semana fue claramente una semana en la cual todo ese manual de búsqueda fue arrojado al tacho de basura, porque lo tuvo un juzgado en garantías, el jefe operativo de las investigaciones que era el propio Maciel que ahora está detenido”.
Debilidad de la competencia y un gobernador acusado de entorpecer la causa
Otro punto tiene que ver con la misma investigación débil que provocó que las propias detenciones no estén suficientemente sustentadas conforme a los procedimientos legales y que "además debería haber más, entre ellos Laudelina". “Lo curioso advierten que hicieron la investigación con mucha dificultad porque quien estaba a cargo de la de la investigación en el terreno es el mismo comisario que después fue detenido y ellos llegaron a la conclusión de que plantaba pruebas para distraer la investigación”, detalló.
Y por último, Vera hizo hincapié en las irregularidades de la declaración de Laudelina “con el aval del gobernador que rompe la división de poderes y se entromete y embarra la cancha en la investigación judicial” con una nueva hipótesis de homicidio por accidente de tránsito. “El abogado de Laudelina, que la convence a esta de ir a declarar, tiene un vínculo estrecho con el gobernador Valdés, su esposa Guillermina Traverso es la secretaria del ministro de Seguridad de la Provincia Buenaventura Duarte”, apuntó y agregó: “Además, a Laudelina la llevan a hacer una declaración al fuero provincial algo totalmente ilegal cuando la causa ya está en bajo el comando del Juzgado Federal”.
A esto se suma que “extrañamente la atienden un viernes a la madrugada un fuero provincial que no correspondía, donde los funcionarios judiciales en vez de mandar la juzgado federal le toman declaración y después es alojada en una parte que pertenece al comisario general Carlos Acosta que es el primo de Jorge Acosta otro que fue jefe de la Policía bajo el régimen de Gustavo Valdés”, cerró.
Denuncias cruzadas, implicancias políticas y judiciales, errores en la investigación y un trasfondo de irregularidades siguen demorando la búsqueda certera de Loan, el niño de 5 años que hace 20 días no aparece.
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