Gianfranco Macri, el hermano del expresidente Mauricio Macri, inició contra la familia Segovia, que vive en el paraje El Blanco, en donde tiene su puesto con una ocupación de 1500 hectáreas aproximadamente, un juicio por reivindicación en el que solicita, tarde o temprano, un desalojo pese al exhorto de la jueza civil y comercial de Tartagal, Griselda Nieto que impedía que la familia desocupe el puesto. Son dos familias más las que estarían en la misma situación por tierras que Macri compró en 2006 a 52 dólares la hectárea.
Pese a la vigencia del artículo 9 de la Ley 7658 que suspende los lanzamientos de las familias criollas, Gianfranco Macri inició una demanda que ya cuenta con una orden judicial para que la familia desocupe las tierras donde siempre residió y trabajó. Para sorpresa de nadie, la negociación que ofrece el hermano del expresidente Mauricio Macri, son 130 hectáreas dentro de la misma finca.
Al momento, la negociación entre Macri y los Segovia quedó a la espera de las decisiones de la jueza Nieto. Mientras, para este domingo se convocó a una asamblea campesina en el puesto, ubicado en el paraje Pluma de Pato, cerca de Dragones, en el límite entre los departamentos Rivadavia y San Martín, en para decidir los próximos pasos para defender los derechos de la familia.
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El Frente Nacional Campesino (FNC) lanzó un comunicado que expresa: “El empresario Gianfranco Macri cuenta con un fallo favorable para desalojar a la familia Segovia y quedarse con todas las tierras de varias familias de la zona, el expediente es el Nº 19139, se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Y Comercial 1ª nominación, Distrito Judicial Tartagal, Salta, actualmente a cargo de la doctora Giselda Beatriz Nieto, quien dicta la sentencia de desalojo contra don Segovia y familia. El abogado de Gianfranco Macri y de otros desalojadores son el doctor Víctor Hugo Belmot, de Salta; el administrador de los Gianfranco y el gupo Macri (que), es el señor Agustín María Ocampo, quien se dedica a materializar la apropiación de las tierras campesinas por diferentes medios”.
Asimismo, el comunicado expresa que las “familias campesinas de los puestos y parajes del Chaco Salteño reclaman paz, seguridad y justicia social en el lugar donde viven, trabajan y producen. Las familias campesinas quieren seguir viviendo en armonía con la naturaleza en la tierra y en los montes donde nacieron y heredaron de sus ancestros”.
Macri adquirió unas 10 mil hectáreas en 2006, a 52 dólares cada una. Los Segovia, junto a otras dos familias, viven dentro de esa extensión desde hace, por lo menos, un siglo. En 2009, los campesinos se enteraron de que esas tierras figuraban como de propiedad de Macri cuando les llegó la notificación del juicio.
Desde ese momento, los Segovia iniciaron el proceso de posesión veinteñal, pero el trámite quedó archivado por falta de movimiento en la Justicia. La familia ocupa unas 1500 hectáreas y se dedican a la ganadería, con unas 200 cabezas. El puesto comprende la casa, los corrales e infraestructuras necesarias para la producción y está asentado en unas 20 hectáreas.
Viviana Segovia contó a Salta/12 que, durante el proceso del juicio contra su padre y su abuelo, ellos ofrecieron una negociación aceptando primero 600 hectáreas y bajando la pretensión a 300 hectáreas. Pero del lado que representó a Macri “nunca ofrecieron nada”. La mujer entendió que la oferta de negociación, que llegó luego de la notificación de que la jueza Nieto había reconocido a Macri como dueño de las tierras, se realizó solo por la publicidad que adquirió el caso.
De todos modos, luego de que el caso se difundiera, la magistrada aclaró que no desalojó a nadie, y que existe una instancia de caducidad por resolver. Según sus explicaciones, sobre ese particular esperaba aún la respuesta del Ministerio Público Fiscal, al que había corrido vista de una presentación realizada por los campesinos.
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