Organizaciones piden a la CIDH que proteja el derecho a la protesta

Luego de los tres días de violenta represión durante el tratamiento de la Ley Ómnibus, organizaciones defensoras de los derechos humanos de la Argentina solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se tomen medidas cautelares en favor de trabajadores de prensa y manifestantes.

En el escrito de 30 páginas se detallaron los operativos represivos que se llevaron adelante en las inmediaciones del Congreso Nacional.  Además, marcaron su preocupación sobre el protocolo antipiquetes y sobre las inciativas en la ley que impulsa el Gobierno, que criminalizan la protesta y atentan contra la libertad de expresión.

“La grave situación represiva que se vive en nuestro país lo amerita con urgencia”, escribió la diputada nacional por el FIT-U, también parte de la presentación, Myriam Bregman. El documento fue presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).

Los organismos hicieron énfasis en la “gravedad de la situación y ante la inminencia de nuevas represiones frente a otras protestas” para solicitar el otorgamiento de las medidas cautelares a favor de trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes, cuyos casos fueron detallados y testimoniados.

Debido a que el tratamiento de la ley ómnibus continuará desde el martes, consideraron “urgente” la protección de quienes se manifiestan como para los distintos actores “que cumplen un rol fundamental en la ampliación y difusión de la información”, especificaron en el comunicado del Cels. Al mismo tiempo, hicieron un llamado sobre cómo se deben llevar adelante este tipo de situaciones: “Las formas de la deliberación y la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política democráticas”.

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, parece hacer oídos sordos tanto a los reclamos locales como internacionales sobre el protocolo que impuso desde el 14 de diciembre, que limita el derecho a la protesta. “Ya son 18 las personas detenidas”, celebró en su cuenta de X, este sábado al mediodía e hizo referencia a la detención de dos personas de ciudadanía chilena sobre las que pedirán su expulsión. La ministra como el Gobierno en general insisten en que el derecho a circular está por sobre el derecho a manifestarse y el corte de vías, lo que hace caso omiso a normativa local como de los estándares interamericanos que el Estado argentino está obligado a cumplir. 

Los detalles de la denuncia ante la CIDH

Según el documento y el comunicado del Cels, unas 100 personas resultaron heridas en esta semana en las manifestaciones en el Congreso, entre las que se encuentran unos 25 trabajadores y trabajadoras de prensa, en donde además se llevaron adelante detenciones arbitrarias. Los operativos fueron “violentos, desproporcionados y represivos”, afirmaron los organismos, y compararon la situación con hechos que ya se dieron en otros años en Chile, Perú, Colombia y Jujuy, en donde hubo ataques directamente a los ojos de las personas.

También, marcaron que las fuerzas de seguridad hicieron un “uso abusivo de la fuerza” y un “uso abusivo de armas ‘menos letales’” en referencia a un “irritante químico de uso manual” –una especie de gas pimienta- cuyos daños pueden calificarse como “tortura y/o tratos crueles y denigrantes”.  Así como registraron el uso de escopetas que disparan proyectiles que pueden contener pintura o agentes químicos.

Otro de los puntos a los que hicieron referencia es a la imagen que se hizo viral de un gendarme portando de manera ilegal la identificación de Gadsen, de la organización ultraderechista estadounidense. Una insignia política, con la que se identifica el Gobierno de Milei. Al mismo tiempo, ese efectivo, no contaba con la identificación correspondiente, pero la desregulación en esa materia por parte del Ministerio de Seguridad, no permite conocer la identidad de esa persona.

Entre los casos más graves que relataron sobre los heridos, está el del abogado del Ceprodh, Matías Aufieri. El joven recibió un balazo de goma en uno de sus ojos y debió ser operado de urgencia en ese momento, ese 1 de febrero estaba en la plaza para constatar lo que estaba sucediendo.

Los cambios en la Ley Ómnibus

Las organizaciones, en tanto, hicieron un repaso sobre las propuestas del gobierno en torno a las manifestaciones en la vía pública: “Todo el abordaje del proyecto sobre manifestaciones públicas es penal y sancionatorio”, especificaron y alertaron que en la ley ómnibus “la protesta social es objeto de múltiples restricciones que amplían las vías para la criminalización de las manifestaciones públicas y de la organización social y política en forma amplia”.

Hicieron énfasis, además, en las reformas sobre el artículo 194 del Código Penal para aumentar las penas en las protestas, como en cortes de calles y de rutas. Todos esos puntos, incluso, ya están en la mira de las Naciones Unidas, que hace una semana se expidió sobre el tema y solicitó al Gobierno que revisara estas iniciativas.