El Gobierno de Javier Milei avanza con el desmantelamiento del Estado nacional y una de las áreas más afectadas es el Archivo Nacional de la Memoria, institución que tiene más de 20 años de existencia. Denunciaron el ajuste en las políticas públicas de Derecho Humanos y el masivo despido de trabajadores.
Las trabajadoras y trabajadores del Archivo Nacional de la Memoria expresaron su preocupación por la ola de despidos y el desmantelamiento de las políticas públicas de Derecho Humanos “que afectan fuertemente el funcionamiento de esta institución que tiene más de 20 años de existencia”.
En ese marco, detallaron que “la pérdida de puestos de trabajo y la amenaza constante de nuevos despidos dificultan el desarrollo de las tareas para poder garantizar la guarda, la preservación y el acceso a los fondos y colecciones documentales que contienen la información sobre el quebrantamiento de los derechos humanos por parte del Estado argentino y las respuestas sociales a los mismos”.
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Denunciaron que esta política que lleva adelante el actual gobierno, “lejos de responder a criterios de austeridad y racionalidad en el gasto público, amenaza el rol del Estado como garante esencial de los derechos individuales y colectivos de toda la población”.
Según explicaron, “esta situación también afecta seriamente la capacidad de respuesta del organismo a las solicitudes de colaboración cursadas por el Poder Judicial en las investigaciones por delitos de lesa humanidad”. Lo que demora el avance de la restitución de la identidad y los derechos humanos.
“La pérdida permanente de personal idóneo y experimentado pone en riesgo las tareas de conservación, clasificación, sistematización y guarda de toda la información sobre el accionar represivo ilegal del Estado argentino y desarticula el acompañamiento a las víctimas en la búsqueda de justicia y reparación”, apuntaron.
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Desde la recuperación de los gobiernos constitucionales y el pacto democrático consensuado en la Constitución de 1994, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, son políticas de Estado con jerarquía constitucional que ningún gobierno puede soslayar. “Hoy, a 30 años de sancionada nuestra Constitución, nos encontramos resistiendo un avasallamiento sin precedentes que se expresa en la liquidación de organismos vitales para el funcionamiento del Estado, la disolución de programas sociales y la eliminación drástica y sin criterio alguno de la planta de personal del Estado”, cerraron.
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