El dueño de Ledesema, Carlos Blaquier (93 años), tiene que ir a juicio por delitos de lesa humanidad. Es porque la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución que lo benefició con la falta de mérito. Salió con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco y la disidencia de Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti, por su parte, no firmó el fallo.
Después de seis años, la Corte Suprema reactivó la investigación por delitos de lesa humanidad contra Carlos Blaquier, dueño de la agroindustrial Ledesma SAAI, y emblema de los casos de responsabilidad empresarial en crímenes cometidos durante la última dictadura, según reveló Página 12. Es por su participación en "Los apagones” de 1976.
Así, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de Casación que en 2015 lo benefició con la falta de mérito. Los supremos acusaron al tribunal de haber obstaculizado indebidamente el proceso.
Hace un mes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le reclamó a la Corte Suprema que resuelva de una vez por todas la situación del dueño de Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, por los secuestros en el marco de lo que se conoció como “los apagones” de 1976.
Blaquier está procesado por 29 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy durante el primer año de la última dictadura. Denuncian que el ingenio Ledesma aportó las listas y la logística para que los secuestros pudieran producirse. En marzo de 2015 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación le dictó una falta de mérito a Blaquier. Su causa llegó a la Corte Suprema, que recién resolvió seis años después. En el medio, pasó el gobierno de Mauricio Macri.
Rosenkrantz la posición de Casación en favor de Blaquier. "No se ha demostrado la configuración de una situación de gravedad institucional y la decisión apelada no genera, en modo alguno, una ruptura del compromiso con el juzgamiento de esta clase de delitos", escribió.
Sobre este tema, el diario Página 12 repasa: "En la Corte, todos miraban con suspicacia a Rosenkrantz por la demora. El supremo había cosechado un vínculo estrecho con la familia Blaquier a través de la Universidad de San Andrés, que dirigió hasta su llegada a la Corte y donde los dueños de la agroindustrial hacían generosos aportes. Su esposa, Agustina Cavanagh, también dirigió la fundación Cimientos, ligada al grupo Blaquier".
Hace dos semanas, Abuelas de Plaza Mayo, Madres Línea Fundadora, Hijos, APDH, CELS y otros organismos solicitaron la intervención de la Relatoría de la ONU sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición para exigir que la Corte Suprema resuelva en las más de 55 sentencias que esperan su revisión, según estimaciones de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).
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