Fuerte reclamo de Alberto Fernández contra la violencia institucional

El presidente exigió que se actúe con "severidad" para terminar con los abusos de las fuerzas de seguridad. Fue en un mensaje dirigido a los ministros de Seguridad de todo el país.

10 de junio, 2020 | 15.29

El presidente Alberto Fernández exigió que se "actúe con severidad pero siempre dentro de un estado de derecho" para terminar con la violencia institucional, luego de una cadena de casos de brutalidad policial que involucró a fuerzas de seguridad provinciales en Chaco, Tucumán y San Luis, entre los hechos más graves que generaron un repudio masivo en las últimas semanas.

"Ésta es una buena oportunidad para que juntos reflexionemos. Las Fuerzas de Seguridad y quienes manejan la Seguridad tienen que tener muy en claro el rol que les compete: perseguir el delito no da piedra libre para cualquier cosa, estamos obligados a recordar que existe un Estado de Derecho, que hay reglas, leyes y condiciones éticas que se deben respetar. Tratemos de construir una mejor Seguridad, que prevenga y que actúe con severidad dentro de ese Estado de Derecho, para que finalmente la Justicia castigue a quienes delinquen”, agregó Alberto Fernández.

El mensaje presidencial llegó a través de un video grabado en el marco de la cuarta reunión del Consejo de Seguridad Interior, que encabezó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y contó con la presencia virtual de los ministros del área de todas las provincias.

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En la reunión, que duró casi tres horas, Frederic pidió a los ministros provinciales ser "inflexibles frente a los casos de violencia institucional" con acciones disciplinarias inmediatas, separación de los agentes involucrados, e investigaciones internas, más la colaboración que requiera el Poder Judicial. También marcó la necesidad de trabajar en el "acompañamiento y capacitación" de las policías provinciales.

Si bien no hubo advertencias puntuales, el eje principal de la reunión consistió en buscar herramientas para afrontar la problemática a nivel federal. "Llamamos a las provincias a seguirnos en esta obligación y desafío", informaron desde el ministerio de Seguridad nacional. Y agregaron: "El Estado no puede avalar la violencia institucional".

También participó Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), que detalló las denuncias por discriminación, xenofobia y violencia que recibieron en los últimos meses, en particular desde la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Donda pidió “trabajar intensamente para erradicar la violencia institucional en todo el país”, y destacó que “es una gran deuda de la democracia que tenemos que empezar a saldar”.

En ese sentido, la titular del INADI dijo que "tiene como objetivo ponerse al servicio, colaborar con las capacitaciones y ayudar en las orientaciones para eliminar la discriminación, el racismo y la xenofobia como formas de violencias y prácticas dentro de las Fuerzas de Seguridad". Destacó que en los hechos ocurridos en Chaco y Tucumán "queda en manifiesta evidencia que el racismo es un elemento arraigo en la sociedad argentina, y por lo tanto también en las Fuerzas".

No es la primera vez que desde Nación advierten sobre los casos que comprometen a las fuerzas federales y provinciales. Desde el inicio de la cuarentena, el ministerio de Seguridad pasó a disponibilidad a cinco agentes de la Gendarmería y a uno de la Policía Federal, acusados de haber ejercido violencia contra personas acusadas de haber violado el aislamiento.

La ministra Frederic ya lo había advertido en la última reunión del Consejo Federal de Seguridad, en abril. Desde el comienzo de su gestión marcó como uno de sus objetivos terminan con el aval político a la violencia institucional y en esa estrategia intenta involucrar a los ministros de Seguridad de todas las provincias. Sin embargo, los hechos se repitieron en estos meses.

De la reunión también participaron el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks, y el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba.