Escándalo: Manzur quiere a un defensor de represores en un puesto clave de la justicia de Tucumán

Se trata de Facundo Maggio, quien defendió a múltiples condenados por delitos de lesa humanidad. Busca nombrarlo como juez del Tribunal de Impugnación. Además, es candidato a la terna para ocupar el lugar de vocal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal provincial.

21 de julio, 2020 | 17.51

El pedido generó un gran revuelo. El abogado Facundo Maggio, fue postulado por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, a dos cargos clave de la justicia provincial y la agrupación H.I.J.O.S. repudió la candidatura para integrar la terna para ser vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal provincial. En tanto, dos legisladores rechazaron el pliego enviado por el gobernador donde lo propuso como juez del Tribunal de Impugnación. Esa solicitud fue elevada al parlamento local el 16 de julio. Actualmente se desempeña como titular de Juzgado de Instrucción Penal de la IIª Nominación del Centro Judicial de la Capital, algo que también fue cuestionado en su momento.

"El defensor de genocida, Facundo Maggio, es candidato a integrar la terna para ser vocal federal del TOF en Tucumán, con competencia en delitos de Lesa Humanidad. Desde HIJOS RED NACIONAL, presentamos nota informando al Consejo de la Magistratura nuestro total rechazo", expresaron en un comunicado difundido en redes sociales. 

"Rechazamos la candidatura del defensor de represores. Los antecedentes del abogado Maggio son relevantes, porque revelan su falta d idoneidad moral para ocupar un cargo en la judicatura Federal. Maggio no solamente defendió genocidas, sino que además reivindicó el terrorismo de estado", agregó H.I.J.O.S. Tucumán.

En esa nota, dirigida a Graciela Camaño es su rol de presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, denunciaron la “falta de compromiso y de respeto por los derechos humanos exteriorizada” por el aspirante a juez quien “desde el 2012 se desempeñó de manera activa como defensor de personas imputadas en crímenes de lesa humanidad” en esa provincia.

Recordaron que en 2012 y 2013, como abogado de la Fiscalía de Estado de Tucumán, fue abogado defensor de tres personas imputadas en la megacausa conocida como Arenales II – Jefatura de Policía II, la más grande por violaciones a los derechos humanos con condena dictada en el noroeste del país. Fue abogado de Carlos Tucco, condenado a 14 años de prisión por ser autor material del delito de asociación ilícita y autor mediato de violación de domicilio en seis oportunidades; privación ilegítima de libertad y tormentos agravados contra siete personas y por ser partícipe secundario de un delito igual contra dos personas. Además, también se lo condenó por torturas seguidas de muertes de una persona y homicidio agravado en perjuicio de otras dos.

Durante el debate judicial, se acreditó su participación en la Fuerza de Tareas que se instaló y operó la Base del Ejército que funcionó en el ex Ingenio Santa Lucía, uno de los primeros centros clandestinos de detención en Tucumán, desde febrero de 1975, recordaron en el texto enviado a Camaño.

El prontuario es extenso. Maggio también fue defensor de Miguel Ángel Chuchuy Linares, condenado también a 14 años de prisión por ser autor material de asociación ilícita y partícipe necesario de violación de domicilio en 46 oportunidades, además de privación ilegítima de la libertad en 98 casos, homicidios calificados en 68 ocasiones. También dentro de la misma megacausa en la cual se acreditó que integró una patota comandada por el condenado Roberto “El tuerto” Albornoz en el centro clandestino que funcionó en la ex jefatura de la policía.

También fue defensor del policía Camilo Francisco Orce, acusado por ser autor material de la privación de la libertad y torturas contra dos personas durante el llamado Operativo Independencia. Además, fue señalado por integrar junto a Oscar Ferreyra un grupo parapolicial conocido como Comando Atila.

En ese proceso, sostuvo la organización de derechos humanos, defendió y separó del debate oral a Enrique Benjamín Bonifacio, quien fue imputado como autor mediato de 18 casos de violación de domicilio, 21 casos de privaciones ilegítimas de la libertad y 12 homicidios calificados, además de la asociación ilícita por haber formado parte del plan conocido como Operativo Independencia.

Otros de sus defendidos, en tanto, murieron sin ser sometidos a un proceso judicial. Algo que desde H.I.J.O.S. Tucumán señalaron como producto de las estrategias dilatorias por parte de Maggio, lo que derivó en el entorpecimiento y enlentecimiento de los juicios.

Estos antecedentes, sostuvieron, “revelan su falta de idoneidad moral para ocupar un cargo en la Judicatura Federal” porque las defensas que ejerció “se basan en una reivindicación del terrorismo de Estado, una revictimización de los testigos de cargo contra sus defendidos”y una “abierta reivindicación a la teoría de los dos demonios”

Además de haber defendido a un largo listado de represores, jugó un rol fundamental en el rechazado fallo de la Corte Suprema para aplicar el 2x1 en el caso del represor Luis Muiña.

Por todo ésto, desde H.I.J.O.S. Tucumán pidieron "que el pleno Consejo tenga en cuenta los antecedentes arrimados y los consideren haciendo lugar a la presente petición no incluyendo al aspirante Facundo Maggio en la terna del concurso a juez del tribunal oral de Tucumán". Además, recordaron que “en el año 2018, hasta la propia Presindenta de Abualas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto se manifestó en contra de la postulación del defensor de genocida, Maggio, para ocupar el sillón de juez penal de la provincia. Por supuesto que en esa oportunidad tampoco fuimos escuchados”.