El Gobierno ofreció hoy una recompensa de cinco millones de pesos a quien aporte datos sobre el paradero de un represor prófugo de la Justicia desde 2018.
Se trata de Aníbal Miguel Sánchez, quien cumplió funciones como oficial en el Regimiento de Infantería N° 6 "General Viamonte" de Mercedes, entre 1974 y 1976, y al que se le imputa "su intervención en el homicidio calificado de ocho personas, la privación ilegal de la libertad agravada de 36; y la imposición de tormentos en cinco ocasiones", detalló la resolución 211 del Ministerio de Seguridad, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la cartera, Aníbal Fernández.
La recompensa de 5.000.000 de pesos está destinada "a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión de Aníbal Miguel Sánchez", sobre quien pesa una orden de captura desde el 6 de abril de 2018, añadió la resolución.
Las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, al número telefónico 134.
El pago de las recompensas será realizado en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe el ministro, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante, se aclaró en los considerandos.
Córdoba: sólo el 12% de los genocidas condenados cumple su pena en cárcel común
Córdoba fue uno de los lugares donde el terrorismo de Estado montó una aceitada maquinaria represiva donde, desde febrero de 1974, con el Navarrazo que destituyó al gobernador Ricardo Obregón Cano, los secuestros, la tortura y la muerte fueron moneda corriente.
Desde 2008 hasta la actualidad se realizaron 13 juicios en los Tribunales federales de Córdoba contra policías y militares, además de agentes civiles de inteligencia por su participación en la represión ilegal y por cometer delitos de lesa humanidad.
MÁS INFO
Un informe que publica hoy la Regional Córdoba de las Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba), revela que sólo el 12% de los genocidas condenados por la Justicia federal, están presos en cárceles del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
El informe de APDH Córdoba destaca que “sólo siete de esos 58 condenados, el 12%, sigue purgando condenas en establecimientos carcelarios dependientes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC)” y detalla que tres ya tienen sentencia firme, el capitán Jorge Ezequiel Acosta, y los policías Miguel Angel Gómez y Jorge Vicente Worona. Mientras que están alojados en cárceles comunes como procesados Juan Andrés Cabrera, Miguel Angel Pérez, Juan Eusebio Vega y José Luis Yáñez, según informó el Ministerio de Justicia y DD.HH. a la APDH Córdoba.
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