Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, que integran el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Comodoro Py y tienen la causa de Obra Pública contra Cristina Fernández de Kirchner, concedieron la excarcelación de Alfredo Omar Feito, genocida condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo ABO, integrado por los centros clandestinos de detención Atlético, Banco, Olimpo. Se comprobó el funcionamiento de este circuito represivo desde principios de 1977 hasta los primeros meses de 1979.
Alfredo Omar Feito fue miembro del Batallón 601 de Inteligencia desde diciembre de 1976. En mayo del 2012 fue condenado a 10 años de prisión en la causa que se conoció como Contraofensiva Montonera y que juzgaba la desaparición de seis personas.
Un mes más tarde, fue condenado por 116 casos en el segundo tramo judicial de la causa Atlético-Banco-Olimpo a 18 años de prisión común y efectiva. Se probó su participación en secuestros, interrogatorios y en aplicación de tortura. Los testigos recordaron que Feito afirmaba que los miembros del grupo de tareas eran “una máquina aceitada y engrasada, lista para matar”.
La medida no se hará efectiva por ahora, pero los jueces Giménez Uriburu y Gorini concluyeron que los tipos de crímenes de lesa humanidad no constituyen un motivo para evitar decidir una excarcelación.
El encuentro con Bullrich y el partido de fútbol en la quinta de Macri
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, encargados de juzgar a la vicepresidenta en la causa por la obra pública de Santa Cruz, recibieron en 2018 a Patricia Bullrich, en una grave irregularidad si se tiene en cuenta que además de ser una entonces funcionaria de la Nación era también denunciante en el caso. El motivo que alegaron para justificar la reunión fue "tratar proyectos de ley para la lucha contra el narcotráfico os (SIC) que incumplen su función dentro de las fuerzas". El encuentro es una prueba más para aportar en el pedido de recusación contra los magistrados realizado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Este año, Gorini alegó que los motivos de sus encuentros con Patricia Bullrich fueron dos: el primero fue evitar que trasciendan imágenes de los ex funcionarios detenidos como en el caso de Amado Boudou, y el segundo fue para renovar su custodia personal luego de un caso de inseguridad que dice haber sufrido en el marco de la causa por el encubrimiento del Atentado a la Amia. Sin embargo, el Registro de Audiencias de los funcionarios tiene motivos completamente distintos.
Además, en las últimas semanas se dieron a conocer fotos de Giménez Uriburu jugando en el mismo equipo de fútbol, llamado "la Liverpool", en la quinta privada del ex presidente Muricio Macri en Los Abrojos junto al fiscal, Diego Luciani. La defensa de Cristina Kirchner pidió que el fisca sea apartado del caso Vialidad. Según el inciso 11 del artículo 55º del Código Procesal Penal una parte puede ser recusada si tiene una "amistad íntima o enemistad" con alguno de los interesados y Luciani admitió que tiene "una relación de afecto y respeto” con Giménez Uriburu.
Cuando Cristina Kirchner declaró, al inicio del juicio de Vialidad, sostuvo que "fue un plan ideado por el Gobierno saliente" de Mauricio Macri y que la causa "forma parte del lawfare". En este marco, el fiscal Diego Luciani sostuvo que hay una "enorme prueba relevante" para formular la acusación por supuestos delitos en la obra pública en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. En este período, afirmó que funcionó una "asociación ilícita" encabezada por quienes "se desempeñaron como jefes de Estado".
En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos. Este viernes continúan los alegatos en la octava audiencia. Los fiscales ya anunciaron que culminarán su exposición el próximo lunes con pedidos de condena para los trece imputados de la causa, incluida Cristina Kirchner.
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