Coronavirus en Argentina: piden que se reanuden juicios por delitos de lesa humanidad

Seis juicios por delitos de lesa humanidad estaban a punto de terminar cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Todos quedaron suspendidos desde entonces. Uno de ellos concluyó ayer a sala vacía con 35 genocidas condenados. Con ese antecedente, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó esta tarde un pedido ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se reanuden los otros cinco y se dicte sentencia para que víctimas y familiares encuentren algo de justicia después de una espera de más de 40 años.

La fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, hizo un planteo ante la presidenta del máximo tribunal penal del país, Ángela Ledesma, para que se termine con esos procesos en forma remota. En Casación confirmaron la recepción del planteo, que será evaluado por Ledesma y sus doce colegas.

“El proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora, y la capacidad de gestión de estos juicios por parte de los tribunales que ya venía aletargada hoy se agrava por estas nuevas y especiales circunstancias que atraviesa el pueblo argentino y el mundo”, dice el escrito presentado por la fiscal a cargo de la oficina que monitorea todos los procesos por crímenes cometidos durante la última dictadura.

Entre los juicios que están próximos a su final está el cuarto proceso por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el que se juzga a diez imputados por 805 víctimas. Este juicio – a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 – comenzó en 2018 y se retrasó su trámite porque uno de los abogados de los represores estuvo hospitalizado y sus defendidos se negaron a designar a otro defensor.

En La Plata, quedó en suspenso el juicio por crímenes en la Brigada de San Justo, en el que están sentados en el banquillo el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y el ex ministro de gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart – de gran predicamento entre las organizaciones tradicionales de abogados --, entre otros. En la jurisdicción de San Martín, estaba por concluir el juicio por el arsenal de Zárate y Campana. Uno de los acusados, el médico Omar Edgardo Nápoli, consiguió a principio de mes la prisión domiciliaria ante el riesgo del avance del COVID-19.

En Mar del Plata, estaba pronto a terminar un juicio corto por crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) – que operó, según los fiscales, entre 1975 y semanas antes del golpe de Estado de 1976. Lo mismo que en Chubut el juicio contra dos represores por la desaparición del docente Elvio Ángel Bel.

Los otros juicios

Hasta el 20 de marzo, eran 22 los juicios que se estaban llevando a cabo. En muchos casos, todavía se estaban tomando testimonios, como en el proceso por la Contraofensiva montonenera o el megajuicio por Campo de Mayo. Otros acababan de iniciarse como la causa contra la Triple A en Bahía Blanca.

Rosario tomó la delantera para continuar con el proceso de juzgamiento. El TOF2 de Rosario decidió que mañana habrá audiencia remota en la causa Feced para terminar con los alegatos de la defensa, mientras que el TOF 1 decidió continuar de la misma manera con la causa Saint Amant.

Para determinar cómo continuar con esos juicios, la fiscal Ramos pidió a Ledesma que contemple darle intervención a la comisión interpoderes y conformar equipos disciplinarios para elaborar protocolos de trabajo. La Comisión Interpoderes es una instancia de articulación que la Corte Suprema creó en 2008, cuando se verificaban las primeras dificultades para avanzar con el juzgamiento de los genocidas.

Hace más de tres años que el máximo tribunal no activa ninguna reunión para interesarse por el estado de los juicios. El último encuentro fue en septiembre de 2016 y participaron el entonces presidente Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. La Corte tenía prevista una reunión de la Comisión Interpoderes para mayo de 2017, pero diez días antes el tribunal firmó el fallo que habilitaba el beneficio del 2x1 para los represores de la última dictadura y el encuentro nunca se celebró. El tema debería ser canalizado por el actual presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, de tirante relación con los organismos de derechos humanos después de haber movilizado el fallo Muiña.

La Casación, por su parte, tiene para resolver varios planteos de genocidas que reclaman irse a sus casas ante el peligro del coronavirus. En su mayoría, estos pedidos fueron rechazados. Una de las excepciones la logró el policía rosarino Lucio “Ronco” Nast, que con 66 años consiguió un fallo para abandonar la Unidad 31 de Ezeiza. Uno de los jueces que se opuso a su domiciliaria, Alejandro Slokar, remarcó que la unidad en la que estaba Nast es una de las que menores tasas de ocupación tienen – a diferencia del resto de los penales donde no hay internos de lesa alojados.

El lunes, el máximo tribunal penal firmó una acordada en la que recomendaba a los tribunales avanzar con los trámites en los que haya personas detenidas. “Eso incluye lesa”, remarcó una fuente del tribunal. Hasta la semana pasada, eran 131 los represores detenidos en las cárceles federales. Actualmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) ya no informa el total de detenidos de lesa en sus cárceles.