"Una remake del plan Conintes": critican el proyecto de Seguridad Interior del Gobierno

El proyecto del presidente Javier Milei que busca modificar la Ley de Seguridad Interior solo acumula críticas desde su presentación. El fracaso de su implementación en México y Colombia, la gran cantidad de policías por habitante en el país, la baja impronta del terrorismo como hipótesis de conflicto en la región, la importancia de no perder presencia en el Atlántico Sur y la preocupación por configurarse como posible marco para reprimir y criminalizar protestas son algunos de los argumentos que dan especialistas para rebatirlo. Con esta iniciativa, el Gobierno quiere que las Fuerzas Armadas (FFAA) puedan realizar patrullajes, controles y aprehensiones ante “un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población”.

Días antes de un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar, el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron en tándem en marzo el envío de un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior. El lunes pasado, casi cinco meses después, ingresó a Diputados. La iniciativa propone que “en caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población”, habrá un Comité de Crisis -compuesto por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, el ministro de Defensa y el gobernador del distrito que lo solicite- que podría requerir la intervención de las propias FFAA para “realizar patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de control en puestos de control fijos o móviles, control y vigilancia de instalaciones inmuebles, aprehensión en flagrancia”. “Las FFAA van a tener las mismas atribuciones que actualmente tienen las fuerzas de seguridad. La posibilidad de identificar personas o vehículos, la posibilidad de detener en flagrancia. Con armas”, dijo ayer Petri en declaraciones radiales, en defensa del proyecto de ley.

Ya durante el año pasado, previo a las elecciones, Bullrich hacía campaña electoral proponiendo llevar el Ejército para combatir la inseguridad del conurbano bonaerense y el gran Rosario. Al arribar a la cartera de Seguridad, viró su discurso hacia la necesidad de usar esa fuerza para combatir al narcotráfico. Ahora, su propuesta y la de su ladero Petri mutó hacia un nuevo enemigo denominado “terrorismo”, que tiene la propiedad discursiva de convertirse en “narcoterrorismo”.

“La construcción lingüística que van a hacer es algo que ya viene diciendo Petri. Hablan de narcoterrorismo. Los narcotraficantes de Rosario generan terror, por lo tanto son terroristas que cometen hechos, por los cuales se habilitará el uso de las FFAA”, dijo en diálogo con El Destape el doctor en Ciencias Sociales y exdierctor de Formación del Ministerio de Defensa, Sergio Eissa. Para Eissa el proyecto “rompe el consenso democrático construido desde 1983”, el cual -asegura- “está plasmado en las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, aprobadas por consenso en el Congreso y durante tres gobiernos distintos como el de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De La Rúa”. La actual ley prevé la acción en territorio de las FFAA sólo en dos artículos: el 27 y el 31. El artículo 31 es el que permite al Presidente desplegar tropas mediante el establecimiento del Estado de Sitio. El artículo 27 permite el apoyo logístico en caso de que un Comité de Crisis lo requiera, como sucedió hace unos meses en Rosario con camiones, aviones y helicópteros, en el marco de operaciones contra el narcotráfico en esa ciudad.

“El nuevo proyecto agrega unos párrafos al tema logístico y permite que los militares puedan realizar inspección de personas, vehículos y detención en flagrancia, con armas”, agregó Eissa. Para el exfuncionario de Defensa, la iniciativa permitiría “endilgar a cualquiera como terrorista" y advirtió que eso podría ser utilizado para “el control de la protesta social”. “Es una remake del plan Conintes”, evaluó Eissa. Con el Plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes), el gobierno de Arturo Frondizi recurrió a la represión entre 1958 y 1961 para destrabar conflictos y huelgas con la presencia de las FFAA.  Además, se catalogó como “actos de terrorismo” las operaciones llevadas adelante por la denominada resistencia peronista, grupos proscriptos desde el derrocamiento de Juan Perón en 1955. “Las acciones sindicales y políticas eran parte de un vasto plan de perturbación”, señaló Eissa al recordar parte de aquella iniciativa de Frondizi, que pese a las diferencias con el proyecto de Ley firmado por Bullrich y Petri, ambos comparten la posibilidad de abrir la puerta al accionar de las FFAA y a estipular determinadas acciones como “hechos terroristas”. 

El antecedente más cercano a esto son las propias declaraciones de Bullrich durante las protestas de junio por la Ley Bases en cercanías de Congreso, las que calificó como parte de un “golpe de estado moderno” y que derivaron en 33 personas detenidas, varias de ellas acusadas de “sedición” por la propia ministra, algo desestimado luego por la Justicia. “Teniendo en cuenta los niveles de ajuste, la situación social que se complica cada vez más, esto apunta a eventualmente categorizar como terroristas a diferentes organizaciones. Creo que de fondo está la criminalización de la protesta social. El día de mañana definen que una determinada organización se manifiesta como terrorista y aplican estas prácticas. Ahí tenemos un problema”, afirmó en diálogo con El Destape el doctor en Ciencias Sociales y exdirector nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa, Luciano Anzelini.

Además de advertir que con esta modificación el Gobierno podría aplicar “un Estado de Sitio encubierto”, el especialista en Defensa también argumentó por qué no tendrá buenos resultados recurrir a las FFAA para combatir tanto el narcotráfico como el terrorismo. “Los propios presidentes que llevaron a cabo la militarización de la seguridad pública de Colombia y México plantearon que fue un fracaso. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que fue un error rotundo ir en ese camino. El exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto remarcó exactamente lo mismo. Ambos casos muestran que la violencia se incrementa exponencialmente con el involucramiento de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico. Trae violaciones sistemáticas a los derechos humanos y niveles de corrupción impresionantes”, explicó Anzelini.

Por otro lado, el también profesor de la Universidad Torcuato Di Tella argumentó que en Argentina “existe una una disponibilidad de fuerzas de seguridad y policiales per cápita que no hacen necesario volcar a los militares al territorio”. Según el Observatorio Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA), Argentina está en el podio de los países con mayor promedio de policías por cada 100 mil habitantes. “Tenemos 806 policías cada 100 mil habitantes, solo por detrás de países que no tienen gran problemática y que además tienen poblaciones pequeñas como Uruguay”, señaló Azelini.

En cuanto a la hipótesis de terrorismo en el país, el exfuncionario de Defensa apuntó que es algo que “contradice lo postulado por la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos”, que sostiene que en América Latina “no es una problemática” que debe abordarse. “En 2023, Inteligencia de EEUU produce un documento que se denomina Evaluación de Amenazas Mundiales y no se identifica a América Latina como objetivo del terrorismo trasnacional y no hay ninguna mención a Argentina”, detalló.

Según el Consejo Nacional de Inteligencia de EEUU, en su informe Global Trends 2040, se plantea que el conflicto preponderante es el interestatal, mientras que el terrorismo perdió lugar en la agenda. “En EEUU ponen el foco de nuevo a los conflictos interestatales y dan un lugar más marginal a la cuestión del terrorismo. Nosotros nos ponemos a contramano de esa tendencia”, evaluó.

En esa sintonía, Anzelini alertó que el posible uso interno de las FFAA perjudique la estrategia que debe tener el país en el Atlántico Sur, principalmente en relación con la disputa con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. “No hay que perder de vista que Argentina tiene un enclave colonial británico en el Atlántico Sur. La recuperación de las Islas debe darse por vía diplomática, pero eso no significa que las FFAA no tengan que cumplir con sus tareas de control vigilancia y reconocimiento de sus tareas en esa región”, resaltó.

Se estima que el proyecto comience a ser debatido la semana próxima en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en donde el gobierno libertario deberá comenzar a conseguir el aval de parte de la oposición dialoguista, de la que estaría en duda, al menos, el apoyo de buena parte de la Unión Cívica Radical (UCR).