En agosto de 1989 el entonces Ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, presentó la "reforma del Estado" bajo el gobierno de Carlos Menem. Esta reforma, que en realidad significó la privatización de numerosas empresas de servicios públicos, se llevó a cabo en medio de un contexto de profunda desregulación económica y la promesa de una mayor eficiencia en la gestión de recursos estatales.
Uno de los aspectos más emblemáticos de esta reforma fue la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Qué son las AFJP
Fueron presentadas como una solución mágica en contraposición al sistema público de reparto. Se argumentaba que las AFJP fomentarían la capitalización individual y aprovecharían el sistema financiero, al tiempo que la competencia garantizaría su funcionamiento.
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Esta era una época en la que la "sociedad de mercado" triunfaba, y el individualismo y el éxito económico se celebraban. Sin embargo, a pesar de las promesas, la realidad fue otra. Los salarios y las jubilaciones continuaron cayendo, y las empresas se beneficiaron de reducciones en las contribuciones patronales, contribuyendo al desfinanciamiento del sistema de reparto.
Los problemas que presentó el sistema
El manejo leonino en el que las empresas se quedaban con los aportes, mientras el sistema público asumía los pasivos, finalmente mostró sus consecuencias. A pesar de las protestas lideradas por figuras como Norma Plá y sus marchas de los miércoles, las pensiones sufrieron recortes continuos en los años siguientes.
Uno de los momentos más oscuros de esta historia ocurrió en el año 2000, cuando Patricia Bullrich, entonces Ministra de Trabajo bajo la presidencia de Fernando De la Rúa, decidió reducir las jubilaciones en un 13 por ciento. Esta medida fue un duro golpe para los jubilados, quienes vieron disminuir sus ingresos.
La promesa de capitalización y maximización de las ganancias para los trabajadores quedó en el olvido. La mayoría de los fondos de las jubilaciones privadas se invirtieron en títulos y acciones del sistema financiero, que comenzaron a colapsar a partir de 2007. El Estado tuvo que intervenir con millones de pesos para garantizar que los jubilados pudieran cobrar una pensión mínima. Eventualmente, las jubilaciones terminaron siendo gestionadas nuevamente por el Estado.
A pesar de los argumentos a favor del sistema privado, la experiencia de las AFJP demostró que la seguridad social en manos de los bancos fue un rotundo fracaso y la promesa de eficiencia y prosperidad individual se desmoronó.