Pandemia hasta el 2021: claves y desafíos políticos de la nueva normalidad

La pandemia se quedará al menos hasta fin de año y el gobierno necesita encontrar una nueva narración para que la sociedad siga acompañando las medidas necesarias. La oposición, en crisis por el espionaje, fuga hacia adelante, poniendo en riesgo la salud y la democracia.

04 de julio, 2020 | 19.00

Dos semanas después de que España haya levantado su cuarentena, 200 mil catalanes volvieron a encerrarse ayer a causa de un rebrote. En Estados Unidos, donde a comienzos de mayo los 50 estados tenían una tasa de contagio R por debajo de 1, ahora hay 39 que ven cómo los casos aumentan de manera exponencial y vuelven a ordenar fuertes restricciones. La cantidad de positivos diarios ya superó los 50 mil y el epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió que ese número puede duplicarse si no se toman medidas más drásticas. Brasil superó esta semana el millón y medio de infectados confirmados. Sudáfrica y Australia controlaron la enfermedad hace un mes pero también sufren nuevos focos, que combaten con ajustando el aislamiento.

El coronavirus no desapareció después de setenta días, como anunciaban algunos, ni se detuvo por acción de una inmunidad de rebaño mitológica, como esperaban otros. Estará con nosotros mientras no se desarrolle un tratamiento o una vacuna eficaz, que incluso en el mejor de los casos tardará algunos meses. Hasta entonces, existe un consenso casi unánime de que la distancia es la única forma de evitar que la amenaza escale a escenarios de crisis sanitaria profunda, como se vio en Milán, Madrid, Teherán y Nueva York y ahora vemos en San Pablo, Houston, Bagdad, Santiago y Nueva Dehli. El aislamiento toma distintas formas en distintos lugares, de acuerdo a sus capacidades, necesidad e idiosincrasia. Pero hasta ahora es la única respuesta efectiva.

Esta semana, por ejemplo, la Unión Europea dio a conocer una lista de quince países cuyos ciudadanos tendrán permitido el ingreso al bloque sin cumplir una cuarentena de catorce días, en un intento por darle aire a la castigada industria turística. La lista se hizo recurriendo a una serie de criterios técnicos pero encuentra un factor común entre los elegidos: en todos hubo restricciones a tiempo que se levantaron una vez que la cantidad de nuevos casos mostró una baja importante, lo que permitió poner la pandemia bajo control. Por el contrario, los países más castigados del mundo son aquellos donde el aislamiento se encaró de forma caótica y poco coordinada (Estados Unidos), se levantó cuando los casos estaban en alza (la India) o no se implementó en absoluto (Brasil). Existe una correlación evidente.

En la Argentina se puede observar el mismo fenómeno, para desazón de los entusiastas de la excepcionalidad patria. El viernes, Catamarca confirmó su primer caso y ya ninguna provincia está al margen de la pandemia. Aunque la situación se encuentra estable, más allá del AMBA, Chaco, Río Negro y Neuquén, nuevos casos encendieron la alarma en Salta, Córdoba y Santa Fe, entre otras provincias. Allí donde se detectan brotes en el interior, las autoridades locales no dudan en imponer cuarentenas estrictas, sin importar el color político del gobernador o intendente de turno. Lo mismo que se discute acaloradamente en los medios de la capital se da por sentado en el pago chico, sin que nadie se escandalice. Ese aparente debate no es más que otra herramienta de la oposición para esmerilar al gobierno.

Funcionarios con responsabilidad de gestión de diferentes distritos con distinto signo político reconocen lo evidente: queda por delante al menos medio año más bajo este esquema, en el que por momentos las restricciones serán más estrictas, como esta semana en el AMBA, y en otros podrán aflojarse, cuando baje el número de casos. Con esfuerzo, las medidas podrán localizarse mejor (ciudades en vez de provincias, barrios en vez de ciudades, manzanas o edificios en lugar de barrios enteros) o ponerse en práctica sin afectar ciertas actividades productivas o sociales cuyo riesgo de contagio sea reducido. El esquema de fases, demasiado rígido para responder de manera efectiva a las necesidades que se presentan, será paulatinamente dejado de lado. La cuarentena es la nueva normalidad.

Dar cuenta de esa realidad es una tarea que tiene que resolver el gobierno nacional antes de que concluya esta etapa del aislamiento. Resulta imprescindible que, aún en el marco de incertidumbre actual, comience a trazar un horizonte realista. También deberá extremar las capacidades ya sobreexigidas de un Estado que estaba en crisis antes de que comenzara la pandemia pero que no puede esquivar su responsabilidad: hoy, es la única barrera que separa a millones de argentinos del hambre y la intemperie. La peor cuarentena es la que no puede cumplirse. Hay una tercera condición, menos evidente, pero de la que dependen las anteriores: el oficialismo necesita salir del corset que se puso el 20 de marzo para retomar la iniciativa política, sin la cual no hay una salida posible de este laberinto sin paredes.

El Estado necesitará nuevas fuentes de financiamiento, que empiezan por la contribución de las grandes fortunas pero no se agota allí. El país que imaginan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner requiere una reforma tributaria de fondo hacia un sistema más progresivo pero también más sencillo. Esos proyectos ya están listos, pero no llegan al Congreso porque la oposición se niega a discutir de manera remota nada que no se ajuste a su agenda. Los mismos que denuncian avasallamiento del Poder Ejecutivo toman de rehén al Legislativo. Es un nudo que el tándem Sergio Massa / Máximo Kirchner todavía no supo resolver en la cámara baja, donde los números obligan al oficialismo a forjar alianzas. Contaban con encontrar fisuras en Juntos por el Cambio que por ahora no se comprueban.

Es cierto que ese quiebre puede darse en cualquier momento, mientras siguen revelándose a diario detalles del espionaje que tenía a víctimas y victimarios en la cúpula de esa alianza. Tan cierto como que la estrategia parlamentaria del Frente de Todos no puede contar con eso. Horacio Rodríguez Larreta prefirió firmar la solicitada en defensa de Mauricio Macri antes que hacer públicas las diferencias que vocifera en privado. Consiguió, por lo menos, sacar el nombre del expresidente del texto que habían redactado, por pedido del propio Macri, Patricia Bullrich y Fernando De Andreis, dos que también están muy comprometidos en la causa que ahora lleva el juez Juan Pablo Augé, a priori menos manoseao en el mismo lodo de servicios y favores que el apartado Federico Villena.

La continuidad de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide al frente de la investigación hace prever que los esperables pedidos de nulidad sobre lo actuado por parte de los abogados defensores no encuentren acogida. Por otra parte, la decisión de Augé de dejar ir a su casa a casi todos los detenidos, con excepción del exdirector de Operaciones Alan Ruiz, hará más difícil los malabares de referentes mediáticos y políticos de la oposición para comparar este caso con la extorsión que sufrieron los imputados en la causa por los cuadernos misteriosos del exsuboficial del Ejército Oscar Centeno. Eso no va a privarlos de hacer el intento, como tampoco los disuadió el hecho de que la mitad de la plana mayor del PRO se haya constituido en querellante de la causa.

La Argentina ya está acostumbrada a esos complejos ejercicios de política ficción. El lamentable crimen del exsecretario de CFK Fabián Gutiérrez, este fin de semana, dio lugar a otro. Sin esperar a conocer los detalles, Bullrich pidió una investigación internacional y que la causa pase al fuero federal. El intelectual Iván Petrella apuntó en un tuit contra el programa de protección de testigos y tuvo que borrarlo: Gutiérrez nunca había pedido ingresar a ese sistema. La extitular de la OA, Laura Alonso, dijo que se trata de un cuestión “GRA-VI-SI-MA”. Es un avance respecto a lo que pasó tras la muerte de Alberto Nisman, cuando salió a denunciar un asesinato antes de conocer los pormenores de lo que había sucedido, tal como ella misma admitió en un documental que se estrenó este año.

Lo mismo pasó unos días antes, cuando el grupo Clarín instaló la versión incomprobable y nunca ratificada de que el juez Villena tenía decidido detener a dos periodistas que están siendo investigados en la causa, y una vez más cuando se atribuyó sin pruebas la autoría de los ataques a silobolsas a grupos vinculados con el kirchnerismo, desde la misma usina. Una de las principales figuras del canal, en prime time, dijo que “están rompiendo silobolsas, están quemando campos, están matando gente”, sin precisar más detalles de una denuncia de tal gravedad. Sin especular sobre los motivos detrás de ese tipo de afirmaciones irresponsables, una caracterización tan violenta del adversario en la arena política vuelve necesariamente más frágil el entramado democrático, poniéndonos a todos en riesgo.

Los mismos mecanismos que estuvieron detrás de la convocatoria al paro patronal del campo en marzo y al banderazo contra el comunismo y Bill Gates del 20 de junio  comenzaron en las últimas horas la convocatoria para otra protesta el 9 de julio, primero a través de grupos de Telegram y Whatsapp y luego en las redes sociales. Se trata del grupo Campo Más Ciudad, conformado por militancia intransigente de Juntos por el Cambio de zonas rurales de la Pampa húmeda, que se definen a sí mismos como “guardianes de la República” y tienen terminales políticas en el PRO y la Coalición Cívica. Apuntan a movilizar al antiperonismo duro, una minoría ruidosa que se disfraza de mayoría ante el silencio del oficialismo, que no encuentra la forma de demostrar su fuerza en el marco de la cuarentena.

El gobierno nacional cuenta con un enorme respaldo popular, que lo eligió por márgenes holgados hace menos de diez meses y que respalda la lucha que lleva adelante contra una pandemia que hace estragos en todo el mundo. Puede utilizarlo para llevar adelante las políticas que resultan imprescindibles en este momento o puede ver cómo se deshace si no logra responder las demandas de una sociedad que acumula décadas de necesidades insatisfechas. Es tan loable el intento de evitar el conflicto como dañino no reparar a tiempo cuando esa opción fracasa. Se ha dicho muchas veces, incluso en estas líneas, que ganar tiempo era un objetivo valioso en el marco de la pandemia. Es fácil confundir ese logro con la inacción. Existe un plan, aseguran en Olivos. Quizás sea hora de que todo el país lo conozca.

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