Se reanudó el juicio de la Obra Pública en Santa Cruz, una de las causas paradigmáticas del lawfare que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. El caso, que se inició en 2016 con una denuncia del entonces funcionario macrista, Javier Iguacel, está repleto de irregularidades, algo que quedó claro en el debate oral con la declaración de muchos testigos que demolieron la acusación. El devenir de este proceso es clave por muchos motivos, sobre todo en un año electoral. Un dato no debe pasar desapercibido: si se cae puede derribar las causas Hotesur y Los Sauces, donde está involucrada CFK y su familia.
¿De qué se la acusa a Cristina? De haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas. La acusación tiene similitudes con la causa del Memorándum con Irán porque a la actual vicepresidenta se le achacan decisiones de gobierno, todos actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso de la Nación. Concretamente, lo que se le cuestiona son las leyes del Parlamento por las cuales se aprobaron las partidas presupuestarias con las que se lograron solventar las obras. Las calificaciones legales para todos los acusados del caso (entre los que figuran el exministro Julio De Vido, por ejemplo) son “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”. En una decisión política más que judicial, Cristina fue embargada por 10 mil millones de pesos.
En este video de El Destape se explica una a una todas las irregularidades de la causa contra Cristina Kirchner:
Una por una, las irregularidades del caso
Tras la denuncia de Iguacel se abrió una causa que tuvo por fiscal a Eduardo Taiano, quien comenzó la instrucción para hacer una auditoría general de toda la obra pública y no imputó a CFK. Pero en una maniobra procesal cuestionada, se volvió a presentar Iguacel ante el juez Ercolini y sostuvo que su denuncia era conexa a una causa previa, que había impulsado Elisa Carrió y que tramitaba en el mismo juzgado. Con ese argumento, Ercolini le sacó el expediente a Taiano y se lo pasó a Pollicita. Según señalan desde la defensa legal de CFK, “la primera medida que pide Pollicita es la indagatoria de Cristina cuando no estaba imputada en la causa y circunscribe la investigación para que solamente se investiguen los contratos viales vinculados únicamente a Báez. No a todos”.
Otro dato que evidencia el direccionamiento del proceso es que Ercolini ya había recibido cinco años antes una denuncia similar a la de Iguacel, que había sido realizada por el equipo de Elisa Carrió. Apuntaba a la carterización de la obra pública de Santa Cruz. Ercolini entonces se declaró incompetente. Esa decisión fue apelada y el fiscal de cámara de aquel entonces consideró que debía investigarse en Santa Cruz, que es adonde finalmente terminó aquel caso. En la justicia santacruceña se investigaron los mismos contratos (49 de los 51 porque dos aún no estaban vigentes). La pesquisa se cerró por inexistencia de delito. Este argumento le fue presentado a Ercolini por la defensa de CFK, que sostiene una cuestión de competencia, por un lado, y de “cosa juzgada”, por otro. Esto último implica que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Los planteos les fueron denegados a la expresidenta y actualmente se encuentran en la Corte Suprema de Justicia.
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