El Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner y la pensión de Néstor Kirchner. El vocero oficial, Manuel Adorni, fundamentó la medida por la confirmación de la condena por parte de la Cámara de Casación Penal.
"Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión", señaló el comunicado oficial. Adroni indicó que se le quita "tanto la personal como la derivada por pensión" por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa "un ahorro de 21 millones 827 mil".
Qué dice el comunicado de Capital Humano
"La baja dispuesta por Resolución de la Anses no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", consignó el documento emitido por la cartera que conduce Sandra Pettovello.
En efecto, "el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. No tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor", explicó el comunicado.
La condena confirmada por la segunda y última instancia judicial ordinaria "afecta el presupuesto legal que tiene en miras este privilegio, de por sí discutible", apuntó. En ese sentido, sostuvo: "Haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función como Presidente de la Nación, torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial. Tales premisas no pueden ser sostenidas frente a la sentencia de Casación Penal".
Por todo ello, un "elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias que debe tener la comisión de esta clase de delitos que atentan contra el sistema democrático (art. 36 CN) por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justifica la medida adoptada", agregó el documento.
Por último, concluyó: "Es preciso destacar la ejemplaridad que la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores".
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