Como en pocas ocasiones, el Frente de Todos se mostró sólidamente unido en el respaldo a la vicepresidenta Cristina Kirchner ante los pedidos de prisión e inhabilitación pública del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad. La ola arrancó el fin de semana con una declaración de más de 500 intendentes, a la que le siguieron los bloques legislativos, gobernadores, funcionarios nacionales, la CGT y las organizaciones sociales. El punto final de ese apoyo unánime lo marcó el llamado del presidente Alberto Fernández para expresarle su solidaridad y convenir un nuevo encuentro entre ambos. La reacción tuvo su correlato en la calle, donde la militancia se volcó a expresar su aliento a la vicepresidenta a su domicilio, algo que probablemente se repita en las próximas horas, con la expectativa puesta en la presentación que hará Cristina a través de las redes sociales.
Justamente, en los últimos días habían alguna inquietud en el oficialismo a propósito de la falta de nuevas conversaciones entre el Presidente y la vice luego de la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía. "Cuando necesiten hablar, van a volver a hablar", era la respuesta que ofrecían los funcionarios más cercanos a Fernández. La comprobación llegó muy rápido, este lunes a eso de las 18.30. En momentos que las repercusiones políticas iban creciendo luego de la demasía del planteo final del fiscal y de que el tribunal no le permitiera a Cristina ni siquiera defenderse con una ampliación de su declaración indagatoria. Ni disimulo.
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"Un día muy ingrato", lo definió Fernández en las redes sociales junto a un comunicado oficial de la vocería de Presidencia defendiendo la inocencia de Cristina y expresándole su solidaridad "frente a esta persecución y búsqueda de proscripción". Una hora más tarde ambos mantuvieron una conversación "muy buena y afectuosa", según la describieron. "Compartieron opiniones y quedaron en verse pronto", agregaron desde el entorno de Fernández. Las señales de unidad se habían visto desde temprano de parte de los funcionarios más cercanos al Presidente.
El canciller Santiago Cafiero estuvo entre los primeros en salir a denunciar un intento de proscripción similar al sucedido contra otros líderes populares de la región como Evo Morales y Lula. El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, quien no suele expresar públicamente posiciones políticas, habló aún antes del pedido del fiscal de "persecución". La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, transparentó la intencionalidad política de calificar a un gobierno como una asociación ilícita. "Eso lastima la democracia", afirmó. Los tres adelantaron la posición de Fernández.
Un poco más tarde, Sergio Massa, tercer socio en el frente, calificó "absurdo" que el jefe de la administración nacional sea considerado responsable de lo que hacen sus "dependientes". "Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes", concluyó el ministro, quien siempre mostró distancia en lo referido a las causas judiciales donde se involucra a la vicepresidenta. Pero más indicativo del alineamiento del Frente de Todos podría ser la rápida reacción de sectores de relación tensa con el kirchnerismo. Por ejemplo, la CGT, que emitió un comunicado para rechazar la calificación de "asociación ilícita" para un gobierno elegido democráticamente. "El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex presidenta y de todo el peronismo", consideró la declaración firmada por el consejo directivo que encabezan Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.
En una línea similar se pronunció el Movimiento Evita. "No hay ni una sola prueba material que le de sustento a las graves acusaciones que se vierten sobre la ex presidenta", consideró la organización que orientan Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro. El dirigente social Juan Grabois habló de "una amenaza mafiosa del poder real", al subrayar la coincidencia de la pena de 12 años pedida con los 12 años de gobiernos kirchneristas.
La liga de gobernadores del Frente de Todos evaluaba emitir este martes una declaración conjunta. Mientras tanto, distintos mandatarios se fueron expresando de manera individual. "La persecución judicial y mediática contra Cristina Kirchner solo tiene como principal objetivo proscribirla políticamente", sostuvo el chaqueño Jorge Capitanich. "Cuente con este gobernador peronista y militante federal que siempre estará dispuesto a dar batalla contra quienes hostigándola pretenden poner de rodillas al movimiento nacional popular", se ofreció el riojano Ricardo Quintela. "Basta de persecución. Basta de lawfare", reclamó Axel Kicillof. La santacruceña Alicia Kirchner, el santiagueño Gerardo Zamora y el fueguino Gustavo Melella fueron otros de los que expresaron su rechazo.
Primero por goteo y luego por aluvión, el Frente de Todos expresó de forma inequívoca su respaldo a la vicepresidenta ante el tinglado montado por la oposición, sus medios y sus funcionarios judiciales. En diálogo con el programa de Roberto Navarro, el filósofo Jorge Aleman había anticipado la posibilidad de que la ofensiva contra Cristina sirviera para cohesionar a la coalición. "La figura del proscripto es fundacional en la Argentina: desde el Martín Fierro hasta la constitución misma del peronismo", recordó. A lo largo del día eso pudo comprobarse a través de las posiciones públicas de todos los sectores del oficialismo y, por la noche, en la movilización espontánea que se congregó frente al domicilio de la vicepresidenta, quien siguió preocupada la represión decidida por la policía de Horacio Rodríguez Larreta. Cerca de la vice sostenían que, por el momento, no estaba previsto ningún acto político pero desde el Frente de Todos había muchas ideas en marcha.
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