La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó que "ningún amigo" suyo ni "ningún funcionario" de su Gobierno tuvo contratos de dólar futuro y sostuvo que, en cambio, sí "los tenían los amigos de (Mauricio) Macri y sus funcionarios", al exponer ante la Cámara Federal de Casación en la causa donde está procesada y pide ser sobreseída.
La ex presidenta apuntó con Mario Quintana quien era secretario de Coordinación Interministerial cuando decidió el precio de referencia con el que se iban a cancelar los contratos del Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX).
Quintana era, hasta asumir como funcionario de Mauricio Macri, director de Farmacity y CEO del Fondo Pegasus que, entre ambos, compraron US$ 11.480.000 de dólares a futuro.
La maniobra de Quintana había sido revelada por Iván Schargrodsky en El Destape, donde mostró la declaración testimonial del Gerente General de ROFEX, Diego Germán Fernández, quien ante el juez Claudio Bonadio expuso que hubo una reunión que se llevó a cabo "el domingo 13 de diciembre de 2015 en el Ministerio de Economía". "En esta última reunión (...) se acordó que si ROFEX declaraba la emergencia y realizaba una corrección de precios, el mercado podía ser normalizado y obviamente el BCRA iba a honrar sus obligaciones", relató Fernández.
Los asistentes a ese mitin fueron, siempre según Fernández, Mario Quintana y Luis Caputo.
MÁS INFO
De qué trata la causa y por qué piden ser sobreseídos los acusados
Cristina Kirchner y Kicillof (ministro de Economía al momento de los hechos investigados) solicitaron sus sobreseimientos cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 ratificó el año pasado que se llevaría a cabo el juicio oral.
Sus defensas sostuvieron que las pericias realizadas cuando la causa llegó al TOF 1 determinaron que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo como "herramienta de control para la estabilidad monetaria y cambiaria del país" y que no hubo perjuicio para el Estado nacional, sino, por el contrario, se produjeron ganancias.
Luego de diversas resoluciones, el caso llegó por vía de apelaciones a Casación, que convocó a las partes a una audiencia preliminar para el 1º de marzo, fecha que coincidía con la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y en la Asamblea Legislativa de la provincia de Buenos Aires.
La sala I de Casación, finalmente, modificó la fecha de convocatoria para el próximo jueves. La causa se inició por una denuncia de diputados del PRO en octubre de 2015, quienes sostuvieron que entre agosto y noviembre de 2015 el Banco Central cerró contratos a "dólar futuro" con los cuales se habrían ejecutado supuestas maniobras anómalas.
El fallecido juez Claudio Bonadio consideró que hubo delito y procesó a Cristina Kirchner, Kicillof y a exdirectores del Banco Central por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública.
En agosto del año pasado se conocieron los resultados del informe pericial de 82 páginas realizado por el Cuerpo de Peritos de la Corte que había encargado el TOF 1: en esa pericia, firmada por Carlos Alberto Campodónico, Alejandro del Acebo y Stella Maris Castaño, más la participación de peritos de parte, se concluyó que la operatoria de dólar futuro del año 2015 no generó perjuicio para el Estado.