La vicepresidenta, Cristina Kirchner, denunció este lunes la existencia de "alquiler de cautelares" entre empresas para poder obtener los dólares necesarios para importar, en el contexto de las restricciones impuestas por el Banco Central. Tras descubrir la maniobra el viernes pasado, la Aduana multó a la empresa y la denunció en el fuero penal económico.
"¿Alquiler de cautelares? O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible", publicó Cristina en su cuenta de Twitter.
La expresidenta acompañó su posteo con una nota del periodista Gabriel Morini de Ámbito Financiero, en la que detalla el caso de una empresa que obtuvo una medida cautelar favorable que obligó al BCRA a liberarle dólares para la importación y que luego le cobró a otra empresa sin autorización del Central para que pueda importar utilizando esa misma sentencia judicial.
Cómo es el "alquiler de cautelares" denunciado por Cristina Kirchner
Cristina Kirchner denunció una "una maniobra por la cual una empresa obtuvo una medida judicial para poder importar sin SIMI (autorización para la importación) y, luego, 'alquiló' esa cautelar a otra firma importadora que no tenía una SIMI aprobada para poder ingresar mercadería (carteras fabricadas en China) y conseguir los dólares del BCRA", según describió la Aduana en un comunicado que dio a conocer este lunes, tras descubrir la irregularidad.
El caso es el de la firma Yoko SA, la cual obtuvo autorizaciones judiciales -vía medidas cautelares- para importar mercadería salteándose el requisito de validar la SIMI, pero luego “cedió” la autorización a otra firma, Tropea SA (una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia), para que esta última usufructúe la medida judicial y pueda importar carteras fabricadas en China sin SIMI aprobada.
La Aduana denunció, en un escrito presentado el pasado viernes, que Yoko SA no utilizó la “cautelar” en los términos en los que la obtuvo y que “transfirió” la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de Tropea SA. Para esto, la Aduana expuso ante la justicia una simulación de Yoko SA mediante un “contrato” de autorización para comercializar la marca “Tropea” solo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022, es decir, "justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI preautorizada de Yoko", señaló el propio organismo.
"En términos llanos, Yoko le “alquiló” la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería (carteras de origen chino). En definitiva, Yoko funcionó como una usina de SIMI", explicó la Aduana en su comunicado.
Además, el organismo dirigido por Guillermo Michel precisó que "luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta 5 veces el monto importado. También acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.
Por último, la Aduana "se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, dio a conocer los hallazgos y le reclamó al juez que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal", explicó el comunicado oficial.
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