El Tribunal que juzgó y condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros imputados en la llamada "causa Vialidad" dio a conocer los fundamentos de su veredicto y se abre la etapa para recurrir ante la Cámara Federal de Casación. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Como consecuencia de la defraudación, los jueces ordenaron el decomiso de 84.835 millones de pesos actualizados al momento en que esta sentencia quede firme.
El Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 notificó por la mañana los fundamentos de su sentencia, que tiene 1.616 páginas, a las partes. Desde ese momento, se abrió el plazo de diez días hábiles para recurrir mediante un recurso de apelación al veredicto ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.
La instancia de revisión determina que el veredicto no se cumpla hasta que quede firme y esa instancia podría darse ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver. Tras dar a conocer su decisión al final de un juicio oral el 6 de diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados. Pero como fija la ley, ahora difundieron los fundamentos completos, con una explicación fundada de su decisión en base a la cual las partes ya anticiparon que recurrirán ante Casación.
Entre los argumentos, destacaron en la descripción de los hechos con detalle en lo que sigue, lo que allí juzgaron "es un hecho de corrupción estatal" que "socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”. Asimismo, señalaron: "Se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner".
En cuanto a la responsabilidad penal de Cristina Kirchner señalaron que “la maniobra defraudatoria bajo juzgamiento no se deriva de una solución dogmática semejante a la que subyace al argumento de sus defensores, ni por haber designado a los empleados de la administración pública aquí imputados, ni siquiera a quienes violando sus deberes especiales perjudicaron a una administración pública, ni en base a un modelo de responsabilidad vicaria”.
Al retomar el argumento de la defensa sobre que “no existe ni existió ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que impusiera a la ex Presidenta de la Nación el deber de controlar los actos administrativos” de la Dirección Nacional de Vialidad, apuntaron: “Pese a que dentro del Poder Ejecutivo Nacional la administración general del país desde la reforma constitucional de 1994 es ejercida por el jefe de gabinete, el Presidente de la Nación es asimismo “responsable político de la administración general del país”.
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Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas. Ambos habían reclamado 12 años de prisión para la Vicepresidenta, que fue condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el otro delito que sí se consideró probado; el de administración fraudulenta.
Además, los integrantes del Ministerio Público irán a Casación contra las tres absoluciones resueltas, entre ellas la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.
En el juicio se sentó por primera vez en el banquillo a la expresidenta, acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80 por ciento de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya "no es ni lawfare ni Partido Judicial" sino "un Estado paralelo y mafia judicial".
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