El gobierno de la provincia de Buenos Aires pidió que se posterguen "hasta el 1° de octubre" los desalojos en las tomas de Guernica. Lo hizo a través de un un escrito firmado por el ministro de Desarrollo provincial, Andrés Larroque, y enviado al titular del Juzgado de Garantías n°8, Martín Miguel Rizzo.
“A criterio de los funcionarios y funcionaras del gobierno provincial que conformamos el dispositivo interministerial abocado al caso, los 10 días venideros son cruciales para lograr una desocupación pacífica del predio en conflicto”, detalló Larroque en el documento que firmó el lunes 21 de septiembre. Además detalló que “la información recolectada recientemente permitió planificar las distintas líneas de intervención con las que se buscará un desaojo voluntario”. Los desalojos se habían designado para los días 23, 24 y 25 de septiembre próximos, por lo que ahora la decisión final será de Rizzo.
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En ese sentido Provincia presentó los datos del censo realizado en los últimos días al titular del Juzgado de Garantías n°8. Actualmente, hay 2.344 hechos físicos, 1.904 persona respondieron el censo, y de ese total solo la mitad indicó procedencia. De esta forma se constató que 650 personas son de Guernica y 75 familias son de Almirante Brown. El resto resto proviene de distritos cercanos.
Por su parte, durante el mediodía del martes el “Cuervo” Larroque se reunió con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y acordaron seguir trabajando en conjunto para llegar a una solución integral y abarcadora.
La decisión de los desalojos
La decisión de los desalojos se había efectuado hace dos semanas y fue la Cámara de La Plata, que se conoció en medio de la protesta de la Policía Bonaerense. La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo.
Los camaristas Raúl Dalto –que guió el voto de sus pares-, Miriam Ermili y María Silvia Oyhamburu rechazaron la apelación de los abogados defensores y así confirmaron el fallo del magistrado de primera instancia. En esa línea, sostuvieron lo dispuesto por Rizzo, es decir, ordenar “el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”.
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