Miles de trabajadores municipales de Córdoba coparon esta mañana el centro de esta Capital en una multitudinaria marcha alrededor del Palacio 6 de Julio en reclamo por el recorte del 45% de los salarios en plena pandemia por el Covid-19, dispuesto por el intendente Martín Llaryora. Los municipales también sa manifestaron contra el recorte a los jubilados provinciales aprobado la semana pasada por los legisladores que responden al gobernador Juan Schiaretti.
La manifestación de los municipales confluyó con La Marcha de las Corbatas impulsada por abogados locales quienes reclaman por la apertura de los Tribunales provinciales en esta Capital.
Las marchas de municipales y abogados fueron parte de una jornada de protesta junto a otros trabajadores estatales provinciales que rechazan el plan de ajuste contra más de 100 mil jubilados y pensionados cordobeses que desde ahora, cobrarán el 67% de sus salarios en actividad: los trabajadores judiciales completaron hoy su paro por 48 horas iniciado ayer; mientras que la Asociación Bancaria y el sindicato de Luz y Fuerza también hizo paro hoy contra el ajuste a los jubilados y pensionados provinciales.
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Cerca de las 11, ruidosas columnas de trabajadores municipales con sus caras tapadas fueron llegando al Palacio 6 de Julio, edificio central de la Municipalidad de Córdoba, ubicado en Caseros y la Cañada. “La variable de ajuste somos los trabajadores. Nosotros advertimos que este conflicto va a durar todo el mandato de este gobierno neoliberal de Llaryora”, aseguró un manifestante. Mientras que una trabajadora de salud de la Municipalidad advirtió: “Somos trabajadores de sectores esenciales y nos recortaron los salarios; claramente la ordenanza atenta contra los derechos de los trabajadores”.
Por pedido del intendente schiarettista Martín Llaryora, la Justicia ordenó un fuerte operativo de seguridad con cientos de policías de la Guardia de Infantería apostados fuera y dentro del edificio municipal.
Cuando el Concejo Deliberante aprobó el 8 de mayo pasado la ordenanza que recorta salarios y reformula el Estatuto laboral de los municipales, decenas de trabajadores se movilizaron a protestar. El fiscal Andrés Godoy, a cargo de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) imputó a 37 trabajadores por violar la cuarentena preventiva y obligatoria contra el Covid-19, entre ellos a la secretaria general del sindicato SUOEM, Beatriz Biolatto, el secretario adjunto Daniel Fernández, y el vocero gremial Damián Bizzi.
Godoy es el fiscal que imputó al médico Lucas Figueroa, quien enfermó de coronavirus y alertó sobre el brote de Covid-19 en el geriátrico Santa Lucía de Saldán, dejando fuera de toda sospecha a Rafael López Peña, dueño de la residencia y padre de Sebastián López Peña, vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba.
Fue esa imputación al médico Figueroa la que generó la masiva movilización la tarde del pasado lunes 25, donde miles de cordobeses de la Capital y el interior reclamaron contra la criminalización y precarización de los médicos y trabajadores de la salud.
En sólo 72 horas, miles de cordobeses salieron a las calles a manifestarse contra las políticas de ajuste y criminalización de los trabajadores de Juan Schiaretti y el intendente Martín Llaryora. Los municipales marcharon por el centro de la ciudad con sus caras tapadas con caretas para no ser identificados e imputados como sucedió a principios de mes y con los choferes de la UTA que están de paro hace dos semanas en reclamo por el pago de sus sueldos atrasados.
Por otra parte, la nutrida columna de automóviles recorrió las sedes del Palacio de Tribunales I –allí funciona el TSJ y la Fiscalía General-; Tribunales II del fuero penal y Tribunales III del fuero laboral. También se movilizaron hasta la sede de los tribunales de familia: “Esta Marcha de las corbatas fue un éxito. Participamos muchas abogadas y abogados de esta capital quienes peticionamos para que el Tribunal Superior de Justicia disponga la apertura de los tribunales para que la ciudadanía cuente con un servicio esencial que hoy sólo se está prestando en un 10%”, reclamó el penalista Gustavo Núñez, uno de los impulsores de la protesta. Núñez es un reconocido penalista de Córdoba y fue fiscal General adjunto durante los primeros gobiernos de José de la Sota.
“¿Cómo es posible que los Tribunales estén cerrados y los bancos abiertos?, nuestra queja es contra el TSJ y los magistrados y funcionarios que se creen una casta superior. No puede ser que los jueces estén encerrados en sus casas y los jóvenes ofiales de la Justicia estén exponiéndose en los barrios. La protesta fue alegre, ruidosa, pero mostrando un nivel de civilidad. Fue algo histórico, por primera vez en Córdoba los abogados marcharon reclamando por la apertura de tribunales”, señaló Núñez.
El presidente del Colegio de Abogados, Ignacio Segura, apoyó la protesta y señaló que ya le solicitó al Tribunal Superior la rehabilitación de los plazos procesales: “Entendemos que hay que extremar los cuidados sanitarios por la pandemia del coronavirus, pero no vemos impedimento alguno para que se abran los tribunales de la Capital respetando los protocolos necesarios para que se restablezcan los plazos procesales”.
Paradójicamente, mientras no hay atención al público, los trabajadores judiciales de Tribunales siguieron trabajando a puertas cerradas en plena cuarentena. Y en las unidades judiciales barriales, siguieron trabajando en contacto con los vecinos. Mientras que en el interior, la actividad fue volviendo de a poco en las principales ciudades.
Los obreros y empleados administrativos de Luz y Fuerza que prestan funciones en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) también protestaron con un paro por 24 horas y no hubo atención virtual, sólo guardias mínimas.
“El paro de hoy fue contundente en Córdoba, San Francisco, Río Cuarto, Villa María y Marcos Juárez en las sucursales del Banco de Córdoba, Caja de Jubilaciones y las cajas previsionales, llegamos al 100% de adhesión”, le dijo a El Destape el secretario general de la Asociación Bancaria, Raúl Ferro. Los bancarios habían lanzado un paro por 24 horas y quite de colaboración sin atención al público en esas entidades y la Lotería de Córdoba.
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