El Gobierno de Javier Milei redobló este lunes la presión sobre las organizaciones sociales que están encabezando los reclamos por falta de alimentos y por el duro efecto de la crisis económica en los sectores más vulnerables. El Ejecutivo informó que ordenó 27 allanamientos contra locales de Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, amparados en la autorización que emitió la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal. Según las denuncias del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, dirigentes de estas organizaciones extorsionaron a beneficiarios de planes sociales para salir a marchar contra las políticas sociales, el argumento que la ex líder macrista suele esgrimir para explicar la creciente movilización opositora en las calles.
Desde que asumió, el Gobierno de Milei enfrenta protestas sociales en las calles por el masivo ajuste que impuso en el gasto público, que impactó de lleno en partidas sociales, como el envío de alimentos a comedores populares. Mientras el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, esquivó en principio los reclamos y esgrimió problemas administrativo, desde el ministerio de Bullrich eligieron responder creando una línea, la 134, para que los beneficiarios de planes sociales puedan denunciar presuntos aprietes desde las organizaciones sociales para que se sumen a las manifestaciones que convocaban.
Según informó el Gobierno este lunes, los dirigentes sociales investigados "habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”, una cifra pequeña para el universo total que no prueba el "problema estructural" que denuncia sistemáticamente Bullrich y el resto del oficialismo.
El Ejecutivo también informó que, junto a los allanamientos, "el Tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo."
Pese a que en primera instancia se había negado el pedido de allanamientos, la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal -a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Ana María Cristina Juan- los habilitó el viernes pasado.
Marijuan pidió dar de baja 3000 pensiones jubilatorias
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió al Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, la eliminación de casi 3.000 Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) por encontrar que sus titulares viven fuera del país. Lo hizo formalmente a través de un oficio escrito enviado al ministerio, del cual depende Anses, con fecha del último viernes, tras una investigación en la que cruzó datos de titulares de la PUAM con el registro migratorio.
“En el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024, iniciada a efectos de constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el art. 13 inc. 5) de la ley 27.260, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que realizara un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos, organismo que mediante el archivo en formato Excel que se adjunta al presente, detectó la existencia de 2954 titulares de la PUAM que, durante la vigencia de tal prestación, registraron salidas de la Argentina sin regreso posterior”, expresó Marijuán en el escrito que publicó el diario La Nación.
El fiscal agregó, en un pedido directo a Pettovello, que "teniendo en consideración el plazo transcurrido desde que cada uno de los beneficiarios salió del país, evalúe la inmediata suspensión de la citada pensión, dado que resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa reseñada”.
Precisamente, entre los requisitos oficiales para poder cobrar regularmente la PUAM, Anses establece que su titular debe "mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión".
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