Con las curvas de contagios y muertes en descenso en la ciudad de Buenos Aires, la agenda económica pasó a ocupar más horas en la agenda de Horacio Rodríguez Larreta. Tras la decisión del gobierno nacional de traspasar fondos de la coparticipación del territorio porteño a la provincia de Buenos Aires, y a la espera de la decisión del Congreso, Larreta no cerró aún el Presupuesto 2021. En este marco, mantiene un diálogo con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, por una cláusula en el Consenso Fiscal que la gestión de Alberto Fernández impulsa y que tiene que ver con abstenerse de hacer juicios o renunciar a los ya iniciados contra la Nación “por un período de dos años”.
Tanto desde Nación como de Ciudad confirmaron a El Destape que hay diálogo entre ambas administraciones y que hay “buena voluntad” de llegar a un acuerdo. Las negociaciones van por dos vías aunque tienen el mismo fin: por un lado la política, a cargo de Larreta y De Pedro, y por otro lado la técnica, que mantienen el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Martín Mura, y la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis.
El nuevo Consenso Fiscal que impulsa la gestión de Alberto Fernández busca corregir el que consiguió Mauricio Macri en 2017, en relación dejar de lado la reducción escalonada de impuestos y así evitar que las arcas públicas de las provincias se vean más afectadas de lo que ya están por los efectos de la pandemia. Otro de los puntos propuestos es un límite para el endeudamiento en dólares de las provincias. “Desde el pago del gobierno macrista a los holdouts, el grueso de las provincias se vieron virtualmente forzados a recurrir al endeudamiento externo y tomaron más de US$ 12.000 millones, que los puso en jaque con el default”, advierten desde Nación. “Ese salto lo que hizo es que las provincias tuviesen que disponer del doble de recursos para poder afrontar los servicios de deuda que tenían”, agregan. Fuentes nacionales al tanto del diálogo aseguran que “no hay mayores problemas con las provincias, excepto con Ciudad”, en referencia a que el consenso cosecha gran aceptación por lo que, de lograr saldar las diferencias con Rodríguez Larreta, confían en que sea unánime el acuerdo.
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El punto conflictivo que la administración porteña de Juntos por el Cambio marca pasa por la siguiente cláusula C que tiene que ver con los procesos judiciales: “Abstenerse por un período de dos años de iniciar procesos judiciales, y desistir de los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este Consenso”. El punto de encuentro que hoy circula en una contrapropuesta podría ser que esta “tregua” que pide Nación sea solo de un año. Cualquiera sea el consenso, en Ciudad asumen con resignación que no saldrán ganando en la negociación.
En el Gobierno intentan la estabilidad económica y financiera tras el acuerdo por la deuda externa con los acreedores privados, en medio de la negociación con el FMI también, y tras lo que deja la pandemia. “No queremos entorpecer el ejercicio fiscal y no se pide que las jurisdicciones resignen su derecho a litigar, sino que se plantea hacer una tregua en función de la pospandemia y la crisis de deuda que dejó el macrismo”, confiaron desde el Ministerio del Interior a este portal.
Todavía no hay Presupuesto 2021 en la Ciudad
Mientras se debate el Consenso Fiscal, la Ciudad todavía espera que la Corte Suprema de Justicia responda a su demanda tras la quita en la coparticipación que dispuso Fernández por decreto. Según lo cálculos que manejan en la Ciudad, si el decreto queda vigente implica unos $ 53 mil millones para 2021 (si se aprueba la ley en el Congreso, la suma escala a $ 65 mil millones). Dicho coeficiente dispuesto en el decreto tiene vigencia hasta la aprobación por parte del Congreso de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad, momento a partir del cual pasará a aplicarse un coeficiente equivalente al 1,4%.
En la sede de Uspallata aseguran que la quita de fondos coparticipables obliga a “un recorte en la contratación de servicios y replantear las estructuras”, pero que “no implica un ajuste de personal”. Es decir, prometen en la administración de Rodríguez Larreta que no habrá despidos sino que se readecuarán prestaciones. “En vez de regar tres veces por semana las plantas de las plazas y parques de la Ciudad, lo haremos una”, ejemplifican. Tampoco descartan dejar de recolectar residuos los fines de semana. Asimismo, aseguran a El Destape, tampoco prevén realizar “grandes obras” como el Paseo del Bajo o la renovación de la Plaza de Mayo si se quitan esos fondos. Tampoco descartan aumentos de ABL para compensar la pérdida de recursos. Mientras se resuelven estas charlas y se espera una resolución de la Corte Suprema al reclamo de la Ciudad, Mura trabaja a contrarreloj para este viernes presentar el Presupuesto 2021 en la Legislatura porteña.
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