Hace algunos días tuvo lugar la primera reunión del Acuerdo Económico y Social convocado por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni. Conjuntamente con un centenar de dirigentes gremiales y empresariales se definieron diez puntos de consenso sobre los que se trabajará y el inicio de las mesas sectoriales.
¿Qué persigue este acuerdo lanzado por el gobierno nacional? Un conjunto de objetivos ambiciosos pero concretos y necesarios en esta coyuntura crítica que atravesamos: impulsar el crecimiento de la economía, generar previsibilidad y estabilidad económica, crear empleo, alcanzar equilibrio externo y establecer una política fiscal, monetaria y cambiaria prudente. Nada menos.
Como todos sabemos, en las últimas décadas nuestro país estuvo sumido en el estancamiento productivo con altos niveles de pobreza. La economía sufrió crisis recurrentes caracterizadas por desequilibrios externos y fiscales, niveles de endeudamiento externo insostenibles y procesos inflacionarios persistentes. Estas crisis se tradujeron en altísimos niveles de volatilidad y en la incapacidad de sostener fases de crecimiento.
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Y aquí es donde los acuerdos sociales se vuelven necesarios como instrumentos políticos. Porque un aspecto clave de las crisis persistentes son las fallas de coordinación. Esto es: la corrección de los desequilibrios externos y fiscales para lograr consistencia macroeconómica es una condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento, pero de ninguna forma es suficiente. Reducir la inflación, reactivar la economía y motorizar un proceso de crecimiento sostenido son desafíos que requieren de concertación, coordinación y planeamiento. Requieren de política, y de actores sentados en la misma mesa. Tal como recomendó el presidente Fernández a principios de septiembre, se trata de “sentar en la misma mesa a los que producen, a los que trabajan y al Estado”.
¿Qué son los pactos sociales? Son acuerdos entre distintos sectores de la sociedad destinados a perseguir objetivos comunes de forma concertada. En otras palabras, son mecanismos políticos de articulación socioeconómica para resolver problemas de coordinación que no se resuelven solos.
Los pactos sociales refieren a algunos principios centrales de nuestra vida en sociedad: por ejemplo, a nuestra capacidad de establecer acuerdos y abandonar esa lógica del sálvese quien pueda que fue tan frecuente durante los últimos años; o por ejemplo, a nuestro interés por buscar el bien común a través de concesiones parciales de las partes involucradas.
Resignar todos una parte para evitar que ganen sólo unos pocos y que la mayoría pierda. Los acuerdos son instrumentos esenciales para condicionar las expectativas y acotar los reclamos sectoriales dentro de límites compatibles con la redistribución del ingreso, tarea imprescindible y urgente.
Además, en los pactos sociales se buscan objetivos más amplios. Por un lado, recomponer la autoridad del Estado como actor protagónico de los acuerdos. En la crisis actual es evidente que sólo el Estado es capaz de concertar los intereses en pugna en la lucha distributiva, que son muchos, y en algunos casos muy poderosos. Porque sólo el Estado posee la legitimidad suficiente para arbitrar un diálogo donde los distintos sectores consideren las situaciones de los otros y valoren sus concesiones.
Por otro lado, los pactos sociales buscan restituir horizontes de certidumbre para la acción. Muy frecuentemente, en distintas experiencias a nivel internacional, los acuerdos de precios y salarios, y otros propósitos de corto plazo, aparecen combinados con otros objetivos de largo plazo, en relación al crecimiento y el desarrollo, como el fomento la productividad. Ese horizonte común de largo plazo facilita y ordena la cooperación en el presente. Y para el objetivo de corto plazo de la desinflación es clave mirar hacia delante; esto hace que las pérdidas del pasado queden en el pasado, desarticulando la inercia inflacionaria.
Y finalmente, estos acuerdos se proponen otro objetivo trascendente en esta coyuntura concreta: unificar y ordenar el frente interno para lograr la puesta en marcha de la economía.
Cualquier acuerdo de este tipo es inviable si no se restablece el orden en el sistema económico y financiero: resulta indispensable, como requisito de cualquier política efectiva de reactivación económica, recuperar el orden en el sector público, el área monetaria y los pagos internacionales. El acuerdo social como respuesta a la crisis será válido sólo si la economía mantiene un curso de equilibrio global entre la demanda y la disponibilidad de recursos y también entre la capacidad de pagos externos y la demanda de divisas.
Asimismo, el acuerdo no puede limitarse a compromisos referidos a los ajustes de salarios y precios sino que además debe implicar un compromiso entre trabajadores, empresarios y sector público acerca del comportamiento de cada sector para alcanzar los objetivos compartidos (incluyendo lo concerniente al sector público, la política monetaria, el balance de pagos y la reactivación de la economía).
Por eso, este “acuerdo básico” no debe ser sólo un “programa de control de precios” sino, sobre todo, un plan de “concertación del desarrollo”, dinámico y capaz de enfrentar los desajustes que surgirán en el camino. El conjunto de esos acuerdos debe ser aprobado, además, en el Congreso Nacional, donde debiera establecerse una Comisión especial responsable del cumplimiento de los compromisos y metas.
El Acuerdo Económico y Social propuesto por Kulfas y Moroni es una iniciativa ambiciosa pero concreta para retomar la decisión política en un escenario complejo: un instrumento que promete ser capaz de dejar atrás la grieta y avanzar hacia el futuro. No ha habido muchas iniciativas de este tipo hasta el momento. ¿Estarán los actores convocados a la altura de lo que la hora demanda?
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