En la víspera del 20º aniversario de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas que pesan sobre los jefes políticos y policiales de aquel entonces por considerarlos responsables de tres homicidios y herir a 25 personas durante aquellas jornadas en el centro porteño. Pero esas condenas son solo una pieza de un rompecabezas judicial más grande. A dos décadas del estallido social y la represión que provocó una treintena de muertos y cientos de heridos en todo el país aún hay causas abiertas que esperan una definición. Otras, se cerraron sin haber juzgado a los responsables.
La represión en el centro porteño: Los responsables políticos
Este 13 de diciembre, la sala I de la Casación ratificó las penas de 4 años y 3 meses de prisión efectiva para el ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov; y de 3 años y 6 meses de prisión efectiva para quien fuera el jefe de la Policía Federal (PFA), Rubén Santos. Hizo lo propio con otros tres policías que también fueron juzgados por el TOF 6 y fueron condenados en mayo de 2016: Norberto Gaudiero, exdirector general de Operaciones de la PFA; Carlos José López, exsubcomisario; y Víctor Belloni. La resolución se dio en la causa que aborda la responsabilidad política y de los jefes de las fuerzas de Seguridad en la represión de fines de diciembre de 2001 en el centro porteño. Si bien hay recursos pendientes, porque las defensas acudirán a la Corte Suprema, las querellas son optimistas y estiman que en febrero o marzo del año próximo podrían hacerse efectivas las condenas. Se trata de la causa 22.080 donde a la par de estas condenas también hubo grandes ausencias en el banquillo de los acusados como fue la del expresidente Fernando De la Rúa, quien declaró como testigo en el juicio luego de un fallo cortesano que lo benefició. Esa decisión suprema llevó a los querellantes a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar justicia. En medio del proceso, el exmandatario falleció. Por eso, para Rodolfo Yanzón, abogado querellante, en esta causa hubo “bajas condenas y pocos imputados”.
Las responsabilidades de los acusados
“Los resultados lesivos corroborados el día 20 de diciembre de 2001 y provocados por los numerarios de la Policía Federal Argentina, son consecuencia del riesgo generado por Mathov al ordenar el operativo policial y luego no supervisar el mismo pese a los deberes que tenía a su cargo en este último sentido”, señaló el TOF 6 en el fallo de mayo de 2016. El exfuncionario de la Alianza fue considerado responsable de los asesinatos de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, además de veinticinco casos de lesiones. Los hechos se produjeron en los alrededores de la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Por los mismos hechos fueron condenados Santos, quien era jefe de la PFA, y Gaudiero.
Al ex subcomisario Carlos José López se lo consideró responsable del asesinato de Alberto Manuel Márquez y de herir a otras personas. Recibió una pena de 5 años y 9 meses de prisión. Tal como se precisó desde el portal fiscales.gob.ar “Alberto Márquez falleció como consecuencia de los disparos que los policías del departamento de Control de Integridad Profesional realizaron la tarde del 20 de diciembre sobre la Avenida 9 de Julio. Por esa secuencia también fueron condenados el sargento primero Roberto Juárez y el agente Gonzalo Firpo Castro, a cuatro años y medio y tres años en suspenso, respectivamente”.
Por su parte, Marcelo Dorado y Sergio Sánchez fueron baleados en la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio. “Por ese hecho fue condenado el ex agente Víctor Manuel Belloni: se lo consideró autor del delito de abuso de armas y se le otorgó una pena de dos años y nueve meses de prisión en suspenso aunque en el juicio había recibido tres años de prisión”, se precisó en fiscales.gob.ar.
Gustavo Benedetto fue asesinado por los disparos que se realizaron desde el interior del edificio del Banco HSBC, que estaba ubicado en la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco. “Si bien no se determinó en el debate la responsabilidad directa por su homicidio, sí se condenó al por entonces subcomisario de la Seccional 51ª Omar Bellante por encubrimiento, tal como lo había requerido la fiscalía durante su alegato”, se añadió en fiscales.gob.ar.
Tras el reciente fallo de Casación que confirmó las penas de 5 acusados, las querellas remarcaron a El Destape que “resta abordar otro delito: el de la privación ilegal de la libertad”. “En 2002, Mathov y Santos fueron procesados por la privación ilegal de la libertad de personas detenidas. La Cámara Federal porteña anuló esos procesamientos y ordenó que se pruebe en cada caso si la detención fue arbitraria. El punto es que ambos están indagados desde entonces y nunca se resolvió su situación procesal”, explicaron. Desde una de las querellas estaban analizando hacer una presentación para avanzar contra Mathov por esas detenciones.
Los que dispararon
Por los mismos hechos en el centro porteño hay un segundo expediente, el 22.082, que hace foco en la responsabilidad de los policías que ejecutaron la represión en el centro porteño, es decir, los que dispararon. A dos décadas de los hechos, esa investigación continúa en etapa de instrucción en los tribunales federales de Comodoro Py. Tramita ante el juzgado federal Nº 11 y la fiscalía federal Nº 5.
En esta causa lo que se trata es de individualizar a quienes efectuaron los disparos. “A varios se los ubicó y luego se los desubicó”, señalaron desde las querellas con cierto dejo de ironía. Es que en un primer término hubo individualizaciones de uniformados pero el tribunal superior al revisar lo resuelto en primera instancia consideró que no había elementos suficientes para avanzar contra los policías señalados.
“Había policías indagados por los disparos contra Jorge Cárdenas en las escalinatas del Congreso y fueron sobreseídos hace poco”, señalaron fuentes con acceso al expediente.
Al 18 de octubre pasado, de acuerdo a un dictamen del fiscal Franco Picardi, en este segundo expediente 22.082, en 4 hechos hay 13 imputados con acusación de juicio y 65 imputados con falta de mérito.
El ataque a las Madres de Plaza de Mayo, a juicio
El único tramo que se elevó a juicio en la causa de “Los ejecutores” fue el de la represión a las Madres de Plaza de Mayo que involucró al Cuerpo de Policía Montada de la PFA.
En diciembre del 2020, el fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio de tres miembros de la Federal por la agresión a las Madres en la Plaza de Mayo. Apuntó contra el subcomisario Ernesto Weber, el principal Fernando Villegas y el cabo Luis Rodríguez. En abril de este año se concretó la elevación. El debate, que aún no tiene fecha, debe realizarlo el TOF 6.
Según precisó el portal fiscales “las acusaciones iniciales habían sido contra todo el cuerpo de combate de la Policía Montada, pero la judicatura exigió la identificación concreta de cada policía montado vinculado a los golpes y violencias proferidas contra cada manifestante”.
De acuerdo a la acusación, Weber estaba a cargo de la dirección del personal de la Policía Montada y actuó como nexo entre la Plaza de Mayo y la Dirección General de Operaciones (DGO), que estaba en cabeza de Mathov. “Villegas, por su parte, estaba al mando de uno de los tres grupos de combate” mientras que “Rodríguez formaba parte del grupo que respondía a Villegas y lo acompañó en todo momento, antes y después de ingresar a la Plaza de Mayo. Se encontraba equipado con rebenque o fusta y su arma reglamentaria”, se precisó.
A la par, en este tramo, 25 imputados recibieron una falta de mérito.
El Ángel de la bicicleta: la represión en Santa Fe
A diferencia de lo que sucedió con los asesinatos en el centro porteño, en Santa Fe -donde se contabilizaron nueve homicidios- hubo pocas condenas y las que se lograron no incluyeron a ningún responsables político de la represión.
Uno de los casos emblemáticos de la represión del 2001 en Santa Fe fue el asesinato de Claudio “Pocho” Lepratti, un militante social de las barridas humildes de Rosario que fue asesinado por la Policía en el techo de una escuela y cuya historia fue descripta por León Gieco en la canción “El Ángel de la bicicleta”.
Celeste Lepratti, hermana del Pocho, dialogó con El Destape y explicó: “Por el caso de mi hermano hubo dos causas que se llevaron adelante. Por el homicidio resultó condenado en 2004 Esteban Velázquez, uno de los policías que le disparó. Fue el que le provocó la muerte. Pero no era el único implicado. Por ejemplo, estaba en el lugar el jefe del operativo, Rubén Darío Pérez. El juez del caso llegó a decir que Pérez había disparado hacia el techo de la escuela en la que estaba mi hermano con la misma actitud homicida que Velázquez. Sin embargo, fue sobreseído. Con ellos también estaba quien conducía el auto policial, un agente que junto con Pérez fue procesado en la otra causa que se abrió por el homicidio de mi hermano, la del encubrimiento”.
Celeste explicó a este medio que en un principio hubo 11 personas imputadas en la causa de encubrimiento pero terminaron quedando “solamente 5 implicados”. Estos acusados fueron beneficiados por la cámara provincial. En 2015, la Corte santafesina revocó esa decisión y volvió inculpar a los policías. “Como ya habían pasado muchos años, la condena se había diluido. Fue algo irrosorio”, indicó la hermana del militante social.
Celeste explica que entre sus reclamos siempre estuvo el que se avance con la responsabilidad política. “Hubo una acusación contra dos funcionarios reutemistas, quien era el ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez y el subsecretario de Seguridad, Enrique Álvarez. Se los investigaba por mal desempeño. Hasta ahí llegaba la acusación. Fue una causa que se cerró muy rápido. Fueron sobreseídos. Después no hubo ningún avance más”, afirmó la hermana del Pocho Lepratti. En Santa Fe hubo 9 asesinatos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. El gobernador era Carlos Reutemann.
“En Santa fe sólo se pudo avanzar en la Justicia con dos homicidios: el de mi hermano y el de Graciela Acosta, en Villa Gobernador Gálvez”, concluyó Celeste y valoró el trabajo que realizó en la provincia la comisión investigadora no gubernamental donde se nuclearon muchos de los familiares de las víctimas. “Hizo el trabajo que no hizo la Justicia”, destacó. Desde ese espacio, cuenta Celeste, reclamaron que las causas se investiguen en conjunto. “Pero la Justicia las dispersó y perdieron peso. La gran mayoría terminó cerrada”, añadió.
Las causas judiciales que se abrieron por las 39 muertes que se produjeron el 19 y 20 de diciembre de 2001 en todo el país estuvieron dispersas. No hubo una causa madre que nucleara a todas. Además de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe hubo asesinatos en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba. A 20 años de aquellos hechos, se sigue buscando Justicia.
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