El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, afirmó que los choferes que pararon la semana pasada reconocieron que hubo infiltrados durante la manifestación que derivó en las agresiones al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Además, destacó el plan de negociación que diagramó el gobierno de Axel Kicillof con los trabajadores para mejorar las condiciones laborales. El lunes habrá una reunión clave con los choferes.
En diálogo con Navarro 2023 por El Destape Radio, el funcionario se refirió a la reunión de Berni, con los trabajadores de la UTA y señaló: “Completamos la reunión que quedó trunca el día lunes". A lo que agregó: “Estamos a disposición, no sólo brindarle la solidaridad a los trabajadores que perdieron un compañero. Ayer se concretó y fue en muy buenos términos”.
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Respecto del encuentro, fuentes de la cartera de Transporte contaron a El Destape que "se trabajó en ver de qué manera podíamos seguir reforzando la seguridad". Además, remarcaron que "fue una reunión en muy buenos términos" y que "los trabajadores reconocieron algunas cuestiones, reconocieron que el lunes había gente que no eran chóferes y eso hizo que se picara mucho más el tema".
Sobre la compra de cámaras de seguridad, que correspondía por decreto provincial a las empresas, explicaron que "se están estudiando diferentes alternativas", como podría ser "otorgar un crédito del BAPRO para que los empresarios cumplan con celeridad en la instalación de cámaras".
El lunes por la mañana en Casa de Gobierno se realizará un nuevo encuentro entre las partes. Allí los trabajadores de la UTA "van a traer el listado de lugares más álgidos para reforzar la seguridad en esos recorridos". Dicha mesa funcionará con reuniones quincenales. Finalmente hicieron hincapié en que “la idea es encontrar una solución lo más rápida posible”. “La preocupación no es quién tiene la culpa, sino cómo se resuelve”, señalaron.
El Gobernador Axel Kicillof se expresó por primera vez sobre lo sucedido a través de cuenta de Twitter y escribió: "Como dijo el ministro Berni somos conscientes de que hay que redoblar los esfuerzos realizados hasta el presente. Vamos a seguir trabajando para buscar respuestas y alternativas".
Sobre el día de la agresión a Berni, D'onofrio sostuvo: “Los trabajadores reconocieron que había personas que no pertenecían a los choferes eso hizo que se picara mucho más el tema". Respecto de la suma de dinero que recibieron las empresas para insumos de seguridad, subrayó que “en el 2016 se vota una ley que establece que va a haber cámaras de seguridad y botones de pánico en cada unidad, presentada por Berni". Luego del 2018, añadió, "la gobernadora Vidal reglamentó esa ley que decía que las empresas tienen que instalar las cámaras y tienen que adecuarse en 180 días. Pasaron esos 180 días y terminó la gestión de Vidal“ y no se realizó, pero “cuando asume Axel, se hizo cargo”.
“Hay que encontrar una solución para que rápidamente se cubran la mayor cantidad de unidades” con las cámaras de seguridad, apuntó. En ese sentido, se explayó: “Se están analizando diferentes alternativas. Tengo la potestad de hacerlo para agregar un requisito más a la verificación y que aquella unidad que no tenga cámaras no pasa la VTV y si no pasa la VTV no cobra subsidio. Eso lo único que me garantiza en lo inmediato es tener 5000 unidades que no funcionan, tampoco es la solución”.
Liberaron a los choferes detenidos
Los choferes de las empresas Almafuerte y Nueva Ideal levantaron anoche el paro de actividades que mantenían en las líneas de colectivo 218, 284, 325, 378, 622, 628, 620 y 382, tras la liberación de las dos personas que habían sido detenidas por las agresiones a Berni, en el marco de la protesta realizada el lunes pasado por el asesinato del conductor de la línea 620 Daniel Barrientos, en un hecho de inseguridad ocurrido en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.
La decisión fue tomada esta medianoche por los trabajadores, luego de que la justicia liberara a los dos choferes imputados por el presunto delito de atentado contra la autoridad agravado, para el cual se prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión, por lo tanto excarcelable.
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