Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 25 dieron a conocer la sentencia contra los 14 acusados por el crimen de Lucas González. Luego de cuatro meses de audiencias, desde el inicio del juicio a mediados de marzo pasado, los magistrados confirmaron la condena a prisión perpetua para los tres imputados el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37) por la coautoría del delito de "homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial" del joven futbolista.
Además, los tres fueron hallados culpables por las "tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley", en el caso de los amigos de Lucas según indicaron en el veredicto los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero.
Por otro lado, el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos, el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54), el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47) fueron condenados a seis años de prisión e inhabilitación especial por el término de 10 años por el delito de "encubrimiento por haber ayudado a Gabriel Alejandro Issasi a alterar las pruebas de un delito agravado por tratarse de un hecho precedente a un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público realizado en el ejercicio de sus funciones en calidad de coautor en concurso ideal con el delito de privación ilegítima de la libertad, agravado por abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley en calidad de coautor". A su vez, el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50), recibió una condena de cuatro años de prision e inhabilitación especial por el término de 10 años por el mismo delito.
El oficial de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28) recibió una pena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de "torturas en calidad de autor".
En contraparte, el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48); y los oficiales Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33) fueron absueltos por los delitos de los cuales fueron acusados. Se ordenó, al mismo tiempo, la "inmediata libertad" de todos ellos en el día de la fecha de la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal.
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A su vez, los tres magistrados del TOC 25 reconocieron como víctimas de violencia institucional a los damnificados Lucas González, Julián Salas, Joaquín Gómez y todos sus familiares. "Le dieron perpetua a los tres y les metieron cinco agravantes, era lo que buscábamos. Nombraron a las víctimas como víctimas de violencia institucional, es una sentencia histórica para la Argentina, para que nunca más haya un Lucas González y para que la policía nos cuide en vez de matarnos", manifestó el abogado de la familia Gregorio Dalbón. Y añadió: "Los padres estaban muy emocionados, lo que buscábamos era la perpetua para los tres que tiraron y el agravante del racismo".
"Este es el principio, lo que viene ahora es ir hacia los jefes. Acaban de decir que revisarán testimonios e investigarán al jefe de la Policía de la Ciudad", marcó el representante de la familia. Y sumó: "Es histórico porque nunca antes en la jurisprudencia argentina existió un fallo de violencia institucional por odio racial, los eligieron y los mataron por su color de piel, porque eran pobres y venían de un barrio carenciado. Lo hemos probado y los condenaron a perpetua por eso. Es el fallo más importante desde la vuelta a la democracia".
Dalbón se refirió a las últimas palabras que realizó el ahora absuelto Arévalos. "Acá hay personas que no quieren que la verdad se sepa porque no les conviene. "El jefe de la Policía de la Ciudad (Gabriel Oscar Berard), por intermedio de sus dos abogados, está presionando al personal subalterno -los policías de menor jerarquía- para que hablen con sus familiares, que estuvieron presentes el día de la reunión y que digan que no escucharon nada", denunció durante la jornada de hoy.
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