El macrismo usó métodos de cálculo sin justificación técnica para regalarle cerca de $40.000 millones a Edenor y Edesur. Los números fueron truchados por el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, acusado por esta maniobra en detrimento del Estado. Así consta en una auditoría realizada por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) presentada ante la Justicia.
En el marco de la Revisión Tarifaria Integral macrista, las empresas comenzaron a reclamar una supuesta deuda del Estado por el congelamiento de tarifas que tuvo lugar entre 2006 y 2016. El problema es que se trata de una deuda teórica, una estimación. El Gobierno de Mauricio Macri la reconoció y pidió calcularla para ponerse al día. Para ello, hicieron una cuenta simple: la diferencia entre los ingresos percibidos y los que debieron haber percibido en caso de subir los valores que llegan al usuario.
Usaron dos metodologías para realizar una proyección tentativa, ninguna correspondía a las establecidas en las actas vigentes desde 2006. Los dos resultados fueron abultadísimos y distantes entre sí. Diferencias de dinero importantes en favor de las empresas. Por poner un ejemplo estimativo, $25.000 millones contra $45.000 millones. Sin embargo, nunca especificaron el mecanismo para elegir una de las dos como válida ni por qué.
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Esto es lo que se denomina "activo regulatorio". Según denunció el ENRE en base a su auditoría, el macrismo invirtió la ecuación: las empresas pasaron de deudoras a acreedoras. Si se hubieran usado los cálculos establecidos, Edenor debería $10.898 millones y Edesur $15.501 millones. Pero no pasó.
Como la deuda fue reconocida, Lopetegui se trasladó al "pasivo regulatorio", o sea lo que las empresas le deben al Estado en concepto de compra de energía o sanciones. Una especie de "cobrate la deuda de acá". Entonces, la subvaluaron. Reconocieron menos de lo que era. A Edesur le redujeron la deuda en $9.453 millones y a Edenor en $7.731 millones. El problema es que los estudios de la gestión actual, comandada por el interventor Federico Basualdo, duplican los cálculos PRO.
La maniobra fue tan escandalosa que las autoridades del ENRE macrista la rechazaron. La orden llegó desde arriba, de Gustavo Lopetegui. Sin potestad para eliminar multas. En el Ente se dieron cuenta de semejante barbaridad y firmaron un acta secreta en la que dejaron en claro que no firmarían tal acuerdo y que tampoco lo aplicarían.
Con el informe presentado ante la Justicia, en el marco de una denuncia hecha por el diputado Rodolfo Tailhade en 2019, el acuerdo a favor de las empresas podría quedar nulo. Pero también es clave la decisión que tomará el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, sobre este tema.
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