El Comité Nacional de la UCR se reunirá en los próximos días para poner sobre la mesa, junto a gobernadores y legisladores, la discusión en torno al pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. En paralelo, el partido centenario se prepara para abordar uno de los grandes debates de esta nueva etapa, la mano dura. La baja de la edad de imputabilidad se comenzará a tratar este miércoles, mientras que la agenda educativa quedó en el freezer.
Se empezó a mencionar, según confió uno de los citados, una convocatoria a una reunión de Comité por Zoom. En principio, para el viernes pese a que se mencionaba un posible encuentro también para la próxima semana. En el último mitin de la mesa de conducción, se conversó este tema. Martín Lousteau, senador y presidente del partido, quiere una nueva asamblea del espacio, junto a gobernadores y senadores, para avanzar con este tema.
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Un grupo de diputados radicales presentó una impugnación al pliego de Lijo ante la comisión de Acuerdos del Senado. Tomaron los mismos argumentos que se presentaron ante el Ministerio de Justicia el 8 de mayo para observar la candidatura del juez federal porque, entendieron “generará desprestigio a la Corte Suprema como institución, socavaría la confianza tanto en el Presidente de la República que lo propuso, como en el Senado que le dio el acuerdo y, en definitiva, generaría una sensación de desprotección en toda la población en el ámbito judicial ante todo hecho de corrupción”.
Pedro Galimberti, Fernando Carbajal, Manuel Aguirre y Marcela Coli fueron los diputados que presentaron la impugnación, parte de una cruzada para mostrar su oposición a esta propuesta. Según se confió desde este sector, el debate por Lijo es “imprevisible” y, por ello, su intención es insistir con una reunión del Comité Nacional que no todos tienen por confirmada.
Estos diputados exigieron, desde el partido, que Lousteau convoque a la mesa de conducción para analizar el tema. Se habló de un llamado para el 6 de agosto pero una de las personas citadas aseguró que están citando para el viernes. En el Senado, mientras tanto, el bloque boina blanca está analizando las impugnaciones y, de ser necesario, se reunirán con los diputados con los que, aseguraron, tienen conversaciones permanentes.
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Según confió una fuente parlamentaria, el bloque centenario todavía no conversó en profundidad el debate por estos pliegos, pero sí hubo algunas charlas preliminares. Se espera que, durante las audiencias, se empiece a definir la posición pero se baraja la posibilidad de que una mayoría pueda optar por el rechazo, aunque no se resolvió nada de momento.
Sin ir más lejos, el senador Pablo Blanco ya consideró públicamente que el lugar debería respetar la cuestión de género, ingresando una mujer al máximo tribunal. Carolina Losada, también de la UCR, y el PRO Luis Juez tampoco acompañarán al magistrado, en este caso por denuncias que recibió ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño. En las filas libertarias, Francisco Paoltroni se plegó a los rechazos en esta votación reñida.
Del otro lado del pasillo, en Diputados, se reanudó la actividad parlamentaria con debates calientes. Antes de la sesión de la semana que viene en donde, entre otros puntos, se discutirá el régimen de blanqueo de armas, los legisladores empezarán a discutir, en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y Familia, Niñez y Juventudes, la baja de la edad de imputabilidad.
Son varios los proyectos orientados a reducir esta edad pero, como sucedió a la hora de plantear diferencias con el gobierno en materia electoral, los bloques dialoguistas están más cerca de aprobar una baja a 14 años y no a 13, como quiere el gobierno.
El texto de la Libertad Avanza ingresó el 15 de julio y busca aplicar el régimen penal a adolescentes desde los 13 años hasta el momento en que cumplan 18 años. La edad a contemplar es la que tenga la persona al momento de cometer el hecho delictivo. El problema es que los aliados tienen varios proyectos propios presentados con una diferencia clave.
La UCR presentó textos con las firmas de Roxana Reyes, Manuel Aguirre y Carla Carrizo, todos en las últimas semanas. El primero de ellos busca establecer un régimen específico para menores de 18 años que hayan infringido la ley. Se exceptúa de responsabilidad penal a quienes no alcancen los 14 años para garantizar que no sean perseguidos ni se les impongan medidas restrictivas. Las sanciones previstas incluyen la prestación de servicios comunitarios, reparación del daño, órdenes de orientación y supervisión, libertad asistida y privación de libertad en centros especializados. Se contempla la participación de la familia y de especialistas en ese proceso.
El segundo también estipula el alcance de la edad de responsabilidad penal entre los 14 y 18 años no cumplidos al momento de ocurrir el hecho. El último sostiene lo mismo. Estipula, a su vez, que los mayores de 14 que no hayan cumplido 16 años serán penalmente responsables en el caso haber cometido o participado, aún en grado de tentativa, de delitos cuya pena máxima fuere superior a los 10 años.
Hace varios años, el PRO viene presentando iniciativas en este sentido. Una de las peleas con La Libertad Avanza a la hora de estipular la propiedad de la idea de cambio. El proyecto va en el mismo sentido, con las mismas edades como límites. Según se establece en el texto, una vez verificada la comisión del delito, se podrán aplicar distintas medidas, desde la amonestación hasta el internamiento en un centro especializado, pasando por reparación a la víctima, servicios a la comunidad, libertad vigilada o internamiento terapéutico.
Ricardo López Murphy, actualmente en Hacemos Coalición Federal, también presentó su iniciativa en marzo del año pasado, con el mismo límite de edad de 14 años. La Libertad Avanza, sin embargo, fue más lejos y en mayo, antes de que el Poder Ejecutivo anunciara su propia iniciativa, propuso una propia bajando la edad de imputabilidad a 12 años.
Un informe de ATE CABA y la CTA-T da cuenta, sin embargo, que la participación de menores en delitos penales es ínfima. Según datos oficiales, en Argentina hay 3,52 millones de adolescentes de entre 13 y 17 años de los cuales 4.299 cumplen una medida penal, o sea sólo el 0,123% del total. Además, sólo el 0,8% tiene menos de 16 años. De ellos, el 75,8% cumple su sanción en su comunidad, sin cambiar su centro de vida, el 21,1% lo hace privado de su libertad y un 3,1% en contexto de restricción de libertad.
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