A partir del año que viene, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzará a funcionar con tres miembros, tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda, que llegará a los 75 años. La única forma que esto se modifique es que el presidente Javier Milei nombre por decreto a los jueces que quiere para el máximo tribunal: Ariel Lijo y Manuel García - Mansilla. Los cortesanos comenzaron a diagramar un esquema para funcionar con tres miembros, ante el fracaso de los acuerdos del Ejecutivo con el Senado y los nombramientos vía DNU que todavía no se materializaron. Sin embargo, el máximo tribunal tiene sus disputas internas, que el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti hizo público con dos disidencias.
Hoy, un día después del acto de agasajo a Maqueda, la Corte difundió dos acordadas, una en la que eligió a Juan Pablo Lahitou como secretario de Desarrollo Institucional y se atribuyeron delegaciones al secretario General del cuerpo. En el primer texto, Lorenzetti señaló que desde que el Gobierno nacional anunció la nominación de Lijo y García - Mansilla “se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo en el Tribunal, secretarios letrados, acordadas para poner en cabeza de otros funcionarios decisiones de superintendencia que corresponden a los jueces de la Corte, fijación de reglas generales para que las causas sean juzgadas por conjueces, presiones a los secretarios de Corte para que se jubilen, y designaciones de personas sin concurso ni experiencia con la sola prueba de la vinculación con algún ministro y otras más que se enunciarán en considerandos posteriores”.
Para el santafesino, "es una falta de respeto a la sociedad, que ha reclamado austeridad en el Estado y es una falta de respeto al resto del Poder Judicial, que carece de los recursos necesarios para brindar un adecuado servicio de justicia a la población".
Además, vaticinó: "Es evidente que se trata no sólo de un fin de año, sino de un fin de ciclo, y es relevante que la sociedad conozca las posiciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Por otra parte, en la segunda acordada, Lorenzetti repudió la ampliación de las funciones de la Secretaría General de Administración, sobre la que señaló que no tiene precedentes en esta Corte", al cuestionar los roles que no le competían a ese cargo.
"Se dispone la delegación de funciones en el Secretario General de Administración sin fundamento legal, sin precedentes similares en ésta Corte, poniendo en su cabeza la posibilidad de decidir sobre las condiciones laborales del personal, cuestiones presupuestarias vinculadas directamente con el personal, bienes provenientes de causas judiciales y decisiones sobre expedientes judiciales, siendo dicha decisión, totalmente inadmisible", lanzó.
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"Que la acordada referida a la delegación de funciones en la administración, permitirá que el administrador dialogue con jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, otorgando o negando cuestiones relevantes, lo cual no sólo es llamativo, sino que nunca se hizo en la historia de la Corte", insistió, del mismo modo que objetó los nombramientos tras la difusión de la candidatura de Lijo y García - Mansilla.
Y sugirió: "La Corte no necesitó esta regulación desde sus orígenes y tampoco desde la composición actual del Tribunal, por lo cual llama la atención la necesidad de una 'pronta decisión' cuando termina el año".
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