“Una mujer con demostrado compromiso en la defensa de los derechos humanos y con perspectiva de género”. Ese es el perfil para la candidata a completar la Corte Suprema que siete organizaciones vinculadas al mundo judicial y la igualdad de género le piden al presidente Alberto Fernández en una carta conjunta que le hicieron llegar ayer.
El documento lo firman Mariela Bielski por Amnistía Internacional, Viviana Krstecevic por el Centro por la Justicia Internacional (CEJIL), Maria Noel Leone por GQUAL Campaign, Natalia Gherardi del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Mabel Bianco por la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Paula Litvachky por el CELS y Sebastián Pilo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
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La carta es oportuna: se está por vencer el plazo que establece el decreto 222/2003 por el cuál ante una vacante en la Corte el Gobierno tiene un máximo de 30 días para proponer su reemplazo. El 1 de noviembre Elena Highton de Nolasco efectivizó su salida del máximo tribunal del país (donde estaba de manera irregular ya pasados sus 75 años), por lo que ese plazo vence mañana y Alberto Fernández aún no dio indicios de quién o quienes son sus opciones para completar la Corte.
Hay un dato evidente: el Gobierno no cuenta con los votos en el Senado para nombrar alguien que complete la Corte. Siempre está la opción de poner sobre la mesa la posibilidad de ampliar el máximo tribunal y que eso ponga sillones cortesanos por negociar. Pero hay otro dato aún más concreto: si hay una postulación para completar esta Corte de 5 integrantes tiene que ser una mujer que tenga además formación y perspectiva de género. Y que Alberto al menos la proponga ya sentaría una postura clara, estén o no los votos.
Las organizaciones le piden a Alberto que “realice una postulación que asegure la igualdad de género en la Justicia”, que tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema “impera la necesidad de que antes del vencimiento del plazo legal de 30 días, se postule una mujer para ocupar dicho cargo, para superar la subrepresentación de mujeres en los cargos de mayor jerarquía del Poder Judicial de la nación, y en especial en el más alto tribunal”. Los números son claros: hoy la Corte la integran 4 hombres, y aún si se completa con una mujer representará apenas el 20%. "La designación de un varón en este rol, así como la perpetuación de la vacancia actual, supondría una situación de absoluta gravedad”, afirma la carta.
De la Corte hacia abajo la cuestión no cambia mucho. Por dar algunos ejemplos. De las 27 Cámaras Federales y Nacionales del país sólo 10 las presiden mujeres, el 37%. El procurador interino es Eduardo Casal. En la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, su presidente es Gustavo Hornos, su vice Alejandro Slokar y el vice segundo Mariano Borinsky, sin adentrarnos en que además de varones el primero y el tercero se reunían con Mauricio Macri en Olivos y siguen en sus cargos. En Casación, de los 12 jueces actuales solo hay 2 mujeres. Los 3 fiscales ante la Casación son hombres: Mario Villar, Raúl Plee y Javier De Luca.
En Comodoro Py la cosa empeora en la Cámara Federal: los 6 jueces que la integran son varones. En una sala Mariano Llorens y los nombrados a dedo Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en la otra Martín Doctrina Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. El fiscal ante la Cámara es José Agüero Iturbe. En primera instancia, de los 12 juzgados hay 2 mujeres, la eterna María Romilda Servini y la nueva María Eugenia Capuchetti. Entre las 12 fiscalías de primera instancia hay también dos mujeres, Paloma Ochoa y Alejandra Mangano.
Esto es Comodoro Py, pero la cosa no cambia mucho en otros fueros. Todo reproduce lo que sucede en la Corte.
“Solicitamos se promueva, sin dilaciones, la designación de una mujer con demostrado compromiso en la defensa de los derechos humanos y con perspectiva de género” dice la carta que le enviaron al Presidente.
La carta remarca la importancia de sentar un ejemplo y un precedente en el nombramiento de una jueza en la Corte Suprema, algo que hizo por primera vez Néstor Kirchner justamente con Highton de Nolasco y Carmen de Argibay. “La paridad de género es especialmente importante para la legitimidad e impacto de las decisiones de la Corte Suprema. Son numerosas las normas suscriptas por el Estado argentino que establecen pautas vinculadas a la participación igualitaria de las mujeres en las esferas de decisión, entre ellas, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que exhorta a los Estados parte a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país”, plantean las siete organizaciones firmantes.
El texto recalca que la disparidad de género en el Poder Judicial sucede en toda América Latina pero es peor en Argentina. Cita datos del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe de CEPAL que revelan que “las mujeres están representadas sólo en un 30% en los máximos tribunales de justicia de la región”. Al centrarse en Argentina plantean que “se observa de forma marcada la persistencia del techo de cristal en los cargos jerárquicos de toma de decisión”.
“Pese a que el sistema de justicia está conformado mayoritariamente por mujeres (56%), éstas ocupan sólo el 31% de los cargos jerárquicos (Ministros/as, Procuradores/as Generales y Defensores/as Generales) -conforme el Mapa de Género en la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia-. Asimismo, en la cúspide del sistema judicial argentinolas mujeres apenas estaban representadas en un 20%, hasta la renuncia de Highton de Nolasco", sostiene la misiva enviada al Presidente.
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