Una Corte para la desestabilización

La Corte Suprema ha producido un acto de gravedad institucional inusitada. Nada menos que vulnerar el espíritu de la Constitución nacional vigente. Y nada menos que sobre la cuestión del poder. Según el cuarteto de jueces que integran el tribunal superior de justicia, la ley en vigencia que regula -¡desde hace quince años!- la composición del Consejo de la Magistratura es inconstitucional. La sola tardanza en el dictado del fallo alcanzaría para justificar el juicio político a todos los miembros de la corte que apoyaron semejante atrocidad. ¿Será el fallo lo que Borges decía del cristianismo: una doctrina que puede modificar el pasado?

¿Podría tener justificación semejante “temporada de espera”? Quien escribe cree que podría tenerlo, si el sustento de su contenido refiriera a alguna grave experiencia institucional sucedida en estos años y cuya raíz pudiera ser presentada en conexión con el sentido de la ley de la que se trata. El único argumento -si así pudiera llamárselo- que presenta la Corte es que la ley reserva una “desproporcionada” representación al “estamento” político. Entonces, para fundamentar una decisión tan grave y tan absurda como derogar una ley que tuvo vigencia durante quince años, haría falta la existencia de una grave y dolorosa experiencia social cuya raíz estuviera en los defectos de la ley del caso.

Entonces hay que ir a los fundamentos del fallo para pensar el asunto. Claramente el fundamento principal del fallo consiste en que el “estamento político” está sobrerrepresentado en las disposiciones de la añeja ley vigente. Concretamente lo que preocupa a la Corte es el peso numérico de los integrantes del órgano provenientes del sector político -que es el modo en que el tribunal distingue a los ciudadanos que “solamente” pueden acceder a ese órgano por haber sido votados por el[1]  pueblo- que podría llevar a la situación de disponer de un “quorum propio”. Nada de lo ocurrido en estos largos años autoriza ese temor. La realidad es que el más grave abuso institucional de poder en materia de designación de jueces -asunto principal del artículo constitucional que crea el Consejo- fue el cometido por Mauricio Macri al promover a la condición de jueces de la Corte Suprema “en comisión” a través de un decreto (¡) a dos jueces que “curiosamente” avalan esta decisión.  Aún así la gravedad del abuso del poder ejecutivo de entonces se ve relativizada porque ante la desmesura del caso, el partido de gobierno decidió volver atrás con la iniciativa pergeñada- según Macri- por el ilustre jurista y cientista social Pepín Simón. Después el Congreso avalaría este abuso sin que el caso fuera pensado como maniobra nefasta de la “clase política”.

¿Quorum propio del “estamento político”? Aquí es donde la “amenaza” parece provenir de otro planeta que no es el nuestro. Si algo puede ser descartado de cualquier análisis político es la posibilidad de unanimidad entre oficialismo y oposición. Y no ahora, sino por lo menos en los últimos veinte años, desde que estalló el país en las manos del gobierno de la Alianza. Ese día, del que se están cumpliendo veinte años, estalló el sistema de colaboración corporativa entre los principales partidos políticos. Mejor dicho “sobrevivió” durante la presidencia de Duhalde, cuyo mejor recuerdo histórico consistirá en haber abierto paso a una salida pacífica e institucional a la crisis más intensa de nuestra historia, sobre la base de un amplio acuerdo parlamentario. De uno de los últimos acuerdos corporativos de la “clase política” del que se tenga memoria.

El “quorum propio de la política” no constituye ninguna amenaza seria y creíble sobre nuestro régimen democrático y constitucional. Lo único parecido a un amplio acuerdo entre oficialismo y oposición es la propuesta “utópico-revolucionaria” de Cristina a favor de un amplio acuerdo nacional para terminar con el carácter bimonetario de la moneda. Pero vamos a suponer que la utopía se concretara (no sería la primera vez). ¿Sería un precedente terrible de la dictadura del voto o un virtuoso ejercicio de la responsabilidad política de todos sus adherentes? Visto de este modo, el insólito fallo podría ser pensado como una “antiutopía”. Como un resguardo de un sector ultra-minoritario de la sociedad argentina contra un proyecto de independencia económica de la nación. Es probable que algo de eso haya en la decisión de derogar una norma que durante quince años influyó decisivamente en la vida de argentinos y argentinas. Sería un mensaje. Un mensaje de reaseguro del colonialismo ante cualquier emergencia política en la que el voto popular sellara el “nunca más” de los proyectos endeudadores y enterradores de la patria, a través -por ejemplo- de una constituyente. Suena utópico, pero conviene mirar el proceso político chileno para no llevarse sorpresas.

Hay estrategia política en el voto de los cortesanos. Hay impulsos refundacionales, hay mensaje ideológico. Es un mensaje convergente con el de la principal oposición actual: parafraseando a la perfecta consigna colonial –“achicar el estado es agrandar la nación”- podría leerse el fallo bajo el título “achicar la influencia de la voluntad popular es agrandar nuestro poder”.  Pero para pensar políticamente un hecho no es suficiente con insertarlo en un proceso de largo aliento y alcance estructural. Hay que pensarlo aquí y ahora. En la “coyuntura” que es donde ocurren todas las cosas. El fallo de la Corte es un mensaje. El mensaje de que el cuarteto no reconoce límites en el lugar que se ha autoasignado en la política argentina: el de garante institucional del país neocolonial, incondicionalmente inserto en la batalla geopolítica que está en desarrollo. Claramente la única salida digna de Argentina en esta etapa de su historia es la de ayudar a crear una masa crítica en el interior de la patria grande -que es el mismo territorio que Estados Unidos considera su patio trasero- a favor de la integración, del robustecimiento de su articulación política y del relacionamiento inteligente y soberano a escala mundial.

Eso es lo que subyace el fallo de la Corte. Pero todavía hay un plano más grave y más urgente. Es la decisión de actuar inmediata e intensamente a favor de la desestabilización del gobierno de Alberto Fernández. El bloque neocolonial sabe que el gobierno tiene oportunidades y recursos para recuperarse de la derrota electoral de las legislativas. Que se abre un ciclo favorable. Que los acontecimientos regionales insinúan una tendencia favorable a la estabilización de un bloque para la defensa de la democracia, de la autodeterminación y el desarrollo de los países que la integran. Y esa tendencia es claramente desfavorable a la concepción que reserva al país y a la región el lugar de defensa última del imperio en tiempos de franca decadencia política, económica, cultural y moral. En esa hipótesis de desarrollo hasta es posible que el GANA de Cristina tenga lugar. Preventivamente el imperio actúa. Y la Corte ocupa lo que considera su lugar propio, el de la sumisión.